La paralización de unos 150 buques mercantes genera pérdidas estimadas de entre 2 y 3 millones de dólares por día. El Ejecutivo analiza avanzar con una denuncia penal y sanciones contra los trabajadores, mientras desde el sector advierten que podrían endurecer las medidas si no se revierte la desregulación del practicaje y pilotaje.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el sector de prácticos, pilotos y baqueanos se profundizó tras la paralización de los principales puertos del país. La medida de fuerza se inició luego de que el Ejecutivo avanzara con la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje a través del Decreto 690/2026 y, según fuentes oficiales, ya genera pérdidas estimadas de entre 2 y 3 millones de dólares diarios debido a la permanencia de unos 150 buques mercantes sin poder operar con normalidad.
En este contexto, el Gobierno analiza avanzar con medidas de mayor alcance contra los trabajadores que participan de la protesta. Entre las alternativas que se encuentran bajo evaluación figuran la presentación de una denuncia penal y la posibilidad de aplicar una inhabilitación de por vida para quienes sean considerados responsables de la paralización.
Desde el sector de prácticos, pilotos y baqueanos, en tanto, advirtieron que el conflicto podría escalar si el Gobierno mantiene vigente la medida que dio origen a la protesta. Según señalaron, si el Ejecutivo no da marcha atrás, la disputa podría profundizarse.
La tensión se viene gestando desde hace varios meses. Los prácticos habían expresado un rechazo silencioso al proyecto promovido por Federico Sturzenegger para avanzar con la desregulación del cabotaje local de la marina mercante. El planteo oficial busca modificar las condiciones bajo las cuales se desarrolla esta actividad y es uno de los puntos que generó resistencia dentro del sector.
Desde el ámbito de los prácticos cuestionaron la iniciativa y plantearon reparos sobre sus posibles consecuencias. En ese sentido, señalaron que el objetivo de Sturzenegger es avanzar hacia un esquema de mayor libertad en la actividad, aunque advirtieron que, bajo las condiciones actuales, esa modificación podría favorecer el reemplazo de servicios locales por operadores vinculados a China.
En medio de esta disputa, el sector aseguró haber conseguido respaldo de la Embajada de Estados Unidos. Según informaron fuentes citadas por Ámbito, representantes diplomáticos estadounidenses habrían manifestado su disconformidad con el proyecto oficial y realizado gestiones para intentar frenarlo o, en su defecto, promover modificaciones en su contenido.
El Gobierno prepara nuevas medidas
Con las negociaciones suspendidas y los puertos afectados por la medida de fuerza, fuentes del Gobierno anticiparon que el Ejecutivo analiza avanzar con una estrategia más dura. Entre las acciones previstas se encuentra la presentación de una denuncia penal contra los responsables del paro y la búsqueda de mecanismos para establecer responsabilidades de las agencias marítimas involucradas.
Además, el Gobierno evalúa la posibilidad de aplicar una inhabilitación de por vida a los trabajadores que participen del conflicto. En paralelo, se estudia la alternativa de reemplazar a los prácticos por baqueanos para garantizar la continuidad de las operaciones portuarias.
Según las fuentes oficiales, si la cantidad de baqueanos disponibles no fuera suficiente para cubrir las necesidades del sistema, se recurriría a trabajadores provenientes de Paraguay para operar en la zona sur.
La posición del Ejecutivo también contempla la posibilidad de que los buques que no puedan ingresar o salir de los puertos argentinos opten por dirigirse hacia terminales ubicadas en otros países. La advertencia oficial es que las embarcaciones no permanecerán indefinidamente a la espera de una solución al conflicto.
El impacto sobre las actividades productivas
Las consecuencias de la paralización ya comenzaron a trasladarse a distintos sectores de la economía. Uno de los casos mencionados es el de Neuquén, donde quedó frenada la construcción de la terminal offshore vinculada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur.
La obra permanece inmovilizada frente a Bahía Blanca y no puede iniciar las maniobras que estaban previstas. De esta manera, el conflicto por la prestación de los servicios de practicaje y pilotaje no queda limitado a la actividad portuaria, sino que también comienza a afectar proyectos relacionados con otras áreas productivas.
La situación genera preocupación debido a que la interrupción de las operaciones marítimas impacta sobre el movimiento de buques mercantes y puede provocar demoras y mayores costos para las empresas que dependen del funcionamiento habitual de los puertos.
El respaldo del sector pesquero al nuevo régimen
Dentro del sector pesquero, la única cámara que hasta el momento expresó públicamente una posición formal fue Capear-Alfa. La entidad manifestó su respaldo a la reforma impulsada por el Gobierno nacional en materia de practicaje, aunque al mismo tiempo reclamó que el Ejecutivo asuma las consecuencias que genera la paralización.
La cámara sostuvo que acompaña el nuevo régimen promovido por el Gobierno, pero reclamó que la administración nacional actúe con la misma determinación para garantizar que los puertos continúen operativos.
De esta manera, el conflicto presenta posiciones enfrentadas. Mientras el Gobierno busca avanzar con la desregulación y analiza sanciones ante la paralización de los servicios, los prácticos, pilotos y baqueanos reclaman que se revierta la medida y amenazan con profundizar la protesta. En el medio, la actividad portuaria permanece condicionada y comienzan a aparecer consecuencias sobre distintos sectores productivos vinculados al movimiento marítimo.
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