El Presidente cuestionó duramente a Naciones Unidas durante su discurso ante la Asamblea General, pero utilizó esa misma instancia para reclamar por la soberanía argentina sobre Malvinas y exigir que las resoluciones internacionales tengan consecuencias. El avance del proyecto petrolero Sea Lion volvió a colocar el conflicto en el centro de la agenda y expuso las tensiones de una estrategia que combina críticas al sistema multilateral con el uso de sus herramientas.
La política internacional suele estar atravesada por posiciones que conviven con tensiones y matices. El discurso que Javier Milei pronunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a poner esa cuestión en primer plano: el Presidente cuestionó duramente a la organización internacional, pero al mismo tiempo utilizó su principal tribuna para reforzar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
Durante su intervención del 23 de septiembre, Milei calificó a la ONU como una organización “inútil” y cuestionó el funcionamiento de los organismos internacionales. Sin embargo, en ese mismo discurso afirmó que “Malvinas es para nosotros una causa nacional”, reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones sobre la soberanía y sostuvo que las resoluciones internacionales deben tener consecuencias.
El propio Presidente planteó la tensión. Señaló que Argentina no se quedará esperando que Naciones Unidas y la comunidad internacional estén a la altura de su mandato y, al mismo tiempo, afirmó que el país continuará participando de los foros multilaterales porque existen problemas que requieren cooperación internacional.
Así, el planteo oficial combina dos posiciones: por un lado, una crítica al poder y al funcionamiento de las instituciones multilaterales; por otro, la utilización de esas mismas instituciones como escenario diplomático para sostener un reclamo histórico de la Argentina.
El reclamo por Malvinas y el avance de Sea Lion
La cuestión adquirió una dimensión adicional por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno argentino considera que las actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto se desarrollan sin autorización argentina y sostiene que afectan los derechos soberanos que reivindica sobre la zona. En septiembre, la administración de Milei anunció distintas medidas contra empresas y personas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.
El Ejecutivo también presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra quienes participen en actividades consideradas ilegítimas por el Gobierno y establecer un esquema de coordinación entre organismos vinculados con la diplomacia, la defensa, la seguridad, la inteligencia y la política económica.
La ofensiva oficial incluyó además procedimientos sancionatorios. El Gobierno informó inicialmente la apertura de expedientes contra 45 personas y empresas y posteriormente anunció otros 15 procedimientos, alcanzando a actores vinculados directa o indirectamente con las actividades hidrocarburíferas en la zona.
El proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y con participación de Rockhopper Exploration, se convirtió así en uno de los principales puntos concretos de la disputa. Según información publicada por Reuters, el proyecto tiene previsto comenzar la producción en 2028 y sus empresas sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldo británico. Argentina, en cambio, cuestiona la validez de esas autorizaciones.
Las resoluciones de Naciones Unidas que Argentina invoca
El punto central de la discusión aparece cuando se observa el lugar que ocupan las resoluciones de Naciones Unidas dentro de la estrategia argentina.
Milei recordó ante la Asamblea General que una resolución aprobada por Naciones Unidas hace décadas insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa de soberanía permanezca abierta. El Presidente vinculó ese antecedente con el desarrollo de Sea Lion y cuestionó que las resoluciones internacionales no tengan consecuencias efectivas.
De esta manera, el Gobierno utiliza el ámbito multilateral para sostener que el desarrollo de actividades petroleras en la zona en disputa contradice el marco internacional que Argentina invoca para respaldar su posición.
El problema señalado por distintos analistas es que las herramientas nacionales tienen un alcance limitado frente a una actividad desarrollada bajo licencias emitidas por las autoridades que administran las islas y respaldadas por el Reino Unido. Las sanciones, denuncias y medidas legales impulsadas por Buenos Aires constituyen instrumentos de presión, pero no modifican por sí mismas la situación de control efectivo sobre el territorio.
La alternativa de internacionalizar la respuesta
En este contexto, el exembajador argentino ante Naciones Unidas y Estados Unidos Jorge Argüello planteó la posibilidad de “internacionalizar la respuesta”.
El argumento parte de una cuestión concreta: un proyecto petrolero de estas características requiere empresas, capital, financiamiento, seguros, proveedores y servicios especializados. Por esa razón, según la interpretación de Argüello, trasladar la controversia a distintos ámbitos internacionales podría incrementar los costos jurídicos, financieros y políticos para quienes participen de la explotación.
El planteo también recupera el antecedente de Chagos, un archipiélago del océano Índico sobre el que el Reino Unido mantuvo durante décadas una disputa con Mauricio. El caso pasó por diferentes instancias internacionales, incluida Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, y es presentado como un ejemplo de cómo la presión diplomática y jurídica puede modificar las condiciones de una controversia territorial.
Desde esa perspectiva, la estrategia no dependería de una única institución, sino de la combinación de distintos instrumentos diplomáticos, jurídicos y políticos.
La contradicción señalada por especialistas
El exembajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja puso el foco precisamente en la tensión entre ambos aspectos de la política exterior de Milei.
Según su planteo, descalificar a Naciones Unidas como una organización inútil mientras se reclama que sus resoluciones sobre Malvinas sean respetadas genera una dificultad política. Para Vaca Narvaja, el sistema multilateral constituye uno de los principales instrumentos diplomáticos con los que cuenta Argentina para sostener su posición sobre las islas.
Desde esa mirada, cuestionar la falta de aplicación efectiva de las resoluciones no necesariamente debería llevar a debilitar el ámbito en el que esas resoluciones fueron aprobadas. La alternativa que plantea es fortalecer los mecanismos internacionales para intentar que tengan mayor capacidad de cumplimiento.
El politólogo y analista internacional Juan Negri, en cambio, introduce un matiz sobre la posición presidencial. Según su interpretación, la crítica de Milei no estaría necesariamente dirigida contra la existencia de todos los espacios multilaterales, sino contra el poder que, a su juicio, adquirieron determinadas burocracias internacionales para condicionar las decisiones de los Estados.
En ese marco, Negri observa que el Presidente puede cuestionar determinadas estructuras internacionales y, al mismo tiempo, recurrir a ellas cuando entiende que son útiles para defender un interés argentino.
Soberanía nacional y organismos internacionales
Esa interpretación permite vincular la posición sobre Malvinas con una de las ideas centrales de la política exterior que Milei viene planteando: el énfasis en la soberanía del Estado nacional.
La crítica presidencial a organismos internacionales también alcanzó en su discurso a cuestiones vinculadas con regulaciones y decisiones que, desde su perspectiva, pueden limitar la autonomía de los países. Esa mirada forma parte de una concepción más amplia que pone el foco en la capacidad de los Estados para decidir sobre sus propios asuntos.
Desde esa lógica, la reivindicación argentina sobre Malvinas no necesariamente aparece, para el Gobierno, como incompatible con su cuestionamiento del multilateralismo. Por el contrario, puede ser presentada como una defensa de la soberanía nacional.
La tensión aparece en otro punto: para que el reclamo argentino tenga alcance internacional, el país necesita precisamente que los organismos y mecanismos internacionales conserven capacidad de influencia.
El dilema que deja abierto la estrategia
El discurso de Milei ante la ONU condensó esa tensión. El Presidente sostuvo que Argentina seguirá participando de los foros multilaterales “de buena fe” porque existen problemas que requieren trabajo conjunto, pero aclaró que para su Gobierno cooperación no significa subordinación.
Al mismo tiempo, volvió a reclamar que Naciones Unidas haga valer sus propias resoluciones sobre Malvinas y vinculó esa exigencia con el avance de Sea Lion.
En paralelo, la Casa Rosada profundizó su estrategia nacional mediante sanciones, denuncias judiciales y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El Gobierno sostiene que se trata de herramientas necesarias para responder al avance de la actividad hidrocarburífera en la zona que Argentina considera parte de su territorio.
La discusión, entonces, no se limita a la relación entre Milei y Naciones Unidas. También plantea qué combinación de instrumentos puede utilizar Argentina para sostener su reclamo por Malvinas: acciones nacionales, presión diplomática, mecanismos jurídicos y participación en organismos multilaterales.
La paradoja que queda expuesta es que el mismo sistema internacional que el Presidente cuestiona por su falta de eficacia continúa siendo uno de los escenarios centrales desde los cuales Argentina busca hacer valer su posición sobre la soberanía de las islas.
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