Más allá de Cuba y Venezuela: el régimen sandinista profundiza el autoritarismo y pone a Nicaragua en la mira de EE.UU.

Mientras la política exterior de la administración de Donald Trump mantiene un nivel de presión asfixiante sobre regímenes como los de Cuba y Venezuela, Nicaragua había permanecido en un plano secundario dentro de la agenda de la Casa Blanca. Sin embargo, el reciente anuncio del presidente Daniel Ortega de eliminar formalmente la competencia electoral y consolidar un modelo de partido único obligó a Estados Unidos a reaccionar, advirtiendo con fuertes represalias ante el avance autoritario del régimen que comparte junto a su esposa y co-presidenta, Rosario Murillo.

¿Por qué Nicaragua no pesaba en el radar de Trump?

A diferencia de Venezuela, que cuenta con inmensas riquezas petroleras, o de Cuba, cuyo peso geopolítico e histórico moviliza a sectores clave del electorado estadounidense (especialmente en estados decisivos como Florida), Nicaragua carecía de esos «incentivos» para la administración republicana.

Analistas internacionales señalan que para Washington resulta política y simbólicamente más redituable mostrar victorias frente a Caracas o La Habana ante su base electoral, mientras que Managua —sin recursos estratégicos masivos ni un peso equivalente en la política interna de EE.UU.— se mantuvo bajo una estrategia de sanciones económicas selectivas y restricciones de visados, sin llegar a medidas drásticas como intervenciones o bloqueos totales.

El detonante: la abolición de las elecciones

El cambio en el tono de Washington se produjo luego de que Ortega sentenciara públicamente que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» para evitar que la oposición acceda al poder. La medida responde a una calculada estrategia de supervivencia política y a la preparación de una «sucesión dinástica» en favor de Rosario Murillo, en un contexto de purgas internas dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ante el deterioro de la salud del mandatario de 80 años.

La respuesta de Estados Unidos no tardó en llegar. Desde la administración central, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió a través de sus redes sociales que la dictadura busca profundizar la represión y fabricar inestabilidad, calificando la jugada de Ortega como una muestra de «cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense».

Un régimen debilitado y acorralado

Especialistas en la región coinciden en que la decisión de proscribir definitivamente a los partidos opositores —cuyo camino legal se votará próximamente en un Congreso totalmente controlado por el oficialismo— refleja, más que fortaleza, una profunda debilidad estructural del sandinismo. Tras haber diezmado a la oposición desde las protestas sociales de 2018 y forzado al exilio a referentes como el periodista Carlos Fernando Chamorro, el régimen busca blindar su continuidad a través de un esquema similar al de Cuba o Corea del Norte.

No obstante, analistas advierten que esta provocación abierta a la comunidad internacional podría constituir un error de cálculo político. Con la mirada puesta en el año 2027 y en un escenario de máxima fragilidad económica y social, el futuro de Nicaragua dependerá tanto de la reacción de una oposición reorganizada en el exterior como de las medidas que decidan adoptar organismos internacionales, la Unión Europea y los socios comerciales de la región.