Argentina, en medio de la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China

La nueva estructura de aranceles impulsada por el gobierno de Donald Trump mantiene el gravamen del 10% para los productos argentinos, pero deja bajo incertidumbre algunos beneficios acordados previamente y podría afectar las inversiones estadounidenses que busca atraer el país.

Los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a más de 60 países, entre ellos Argentina, generan un escenario de inestabilidad comercial y un «estado de negociación permanente» para las exportaciones locales hacia el mercado norteamericano. La medida se da en un contexto en el que el gobierno de Donald Trump busca reforzar nuevamente su estructura arancelaria frente a China.

Aunque Estados Unidos mantiene el arancel del 10% para Argentina, la normativa utilizada para establecerlo es diferente. Esta modificación podría generar dificultades para los productos argentinos que habían sido beneficiados por el acuerdo comercial firmado entre ambos países en febrero de este año.

El economista y secretario del Departamento de Europa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Federico Vaccarezza, afirmó a Ámbito que la reducción al 0% de determinados aranceles para algunos productos argentinos, negociada en ese acuerdo, «queda en un limbo».

Según explicó, el acuerdo «tiene validez si es que Estados Unidos lo quiere cumplir», pero Argentina «no tiene ningún mecanismo para defenderse si EEUU lo incumple». Además, señaló que tampoco existe un mecanismo de solución de controversias entre las partes. «Si te lo quiere revocar, te lo revoca», enfatizó.

En tanto, este viernes la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) aseguró que el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI) será implementado plenamente. Según indicó, «1.675 posiciones arancelarias quedarán con arancel cero, mientras que otras 537 también accederán a ese beneficio tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de los EEUU (USTR)».

Por su parte, Julieta Zelicovich, analista internacional y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sostuvo a Ámbito que los nuevos aranceles «actúan como un mecanismo de presión» y generan un «estado de negociación permanente» en los vínculos bilaterales con los socios comerciales.

La especialista consideró que se trata de una herramienta utilizada por el gobierno estadounidense para tensionar de manera constante las relaciones bilaterales, mantener a las diplomacias a la defensiva y conservar capacidad de negociación para el acceso a los mercados.

Además, anticipó que, al igual que ocurrió con los aranceles recíprocos aplicados bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la Sección 122 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, la nueva normativa también será judicializada. En los hechos, sostuvo, las medidas permiten «comprar tiempo» para mantener la estructura arancelaria implementada desde el 2 de abril de 2025.

Vaccarezza también advirtió que la decisión podría tener consecuencias que excedan el comercio bilateral y alcanzar las inversiones estadounidenses que el gobierno de Javier Milei busca atraer.

El economista planteó que una empresa estadounidense podría enfrentar un escenario de incertidumbre si decide instalarse en Argentina y, ante un eventual cambio de gobierno, Estados Unidos modifica su política comercial hacia el país. A su entender, esa posibilidad representa un factor de riesgo significativo para las compañías.

El antecedente, según recordó, se encuentra en la decisión adoptada el año pasado por Trump contra Brasil, gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, cuando aplicó aranceles del 40% bajo el argumento de una supuesta «caza de brujas» contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Argentina, entre Estados Unidos y China

Para Vaccarezza, el objetivo principal de la medida no estaría puesto en Argentina, sino en demostrar poder frente al escenario internacional y, especialmente, ejercer presión sobre China.

El economista explicó que la estrategia estadounidense apunta a impedir la triangulación de productos que llegan a su mercado desde terceros países, pero que fueron elaborados con materias primas chinas o que son directamente productos provenientes de China.

En el caso argentino, la exsecretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, explicó a Ámbito que el arancel del 10% se fundamenta en que Argentina «no cuenta actualmente con un régimen específico que prohíba o controle de manera efectiva la importación de bienes elaborados —total o parcialmente— bajo condiciones de trabajo forzado».

Bircher recordó que el acuerdo de reciprocidad comercial firmado con Estados Unidos en febrero contempló compromisos para prohibir el ingreso de bienes producidos bajo esas condiciones. De acuerdo con la propia USTR, esto «alcanza para ubicar al país entre las economías ‘comprometidas’ a aplicar ese tipo de controles, aun cuando el régimen interno todavía no esté vigente».

El especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo coincidió con esta interpretación. Según explicó, Trump reconoce que Argentina está realizando esfuerzos para reducir el trabajo forzado, pero considera que todavía existe un proceso de adaptación pendiente y, por ese motivo, aplica uno de los aranceles más bajos posibles.

Sin embargo, Elizondo advirtió que si el objetivo de Estados Unidos es reducir las importaciones provenientes de China, la estrategia podría enfrentar dificultades. El gobierno de Xi Jinping es actualmente la principal fuente de importaciones de Argentina y el segundo socio comercial del país, detrás de Brasil.

En lo que va de 2026, las importaciones argentinas provenientes de China acumulan u$s7.983 millones, en un escenario donde la disputa comercial entre las dos principales potencias económicas vuelve a colocar a Argentina ante la necesidad de equilibrar sus vínculos comerciales y sus intereses de inversión.