La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para el miércoles 14 de octubre, un día antes de la sesión solicitada por la oposición para rechazar el DNU 70/2023. La estrategia oficialista contempla reincorporar restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de sostener el decreto y evitar que los bloques aliados acompañen su derogación.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una nueva estrategia parlamentaria para intentar sostener la vigencia del DNU 70/2023, conocido como el mega DNU, frente a la ofensiva opositora que busca rechazarlo en la Cámara de Diputados. La iniciativa consiste en restablecer límites a la venta de tierras rurales a extranjeros mediante una modificación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La decisión se produce después de que un fallo de la Corte Suprema modificara el escenario judicial en torno a la Ley de Tierras Rurales y reactivara la discusión sobre las restricciones a la propiedad extranjera. La resolución también incrementó la presión sobre el oficialismo, que necesita conservar el respaldo de los bloques dialoguistas para evitar que la oposición reúna el quórum necesario para tratar el rechazo del decreto.
En ese contexto, La Libertad Avanza convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles 14 de octubre a las 16. La reunión se realizará apenas un día antes de la sesión especial solicitada por distintos bloques opositores para el jueves 15. El objetivo del oficialismo es avanzar con una alternativa sobre la cuestión de las tierras que permita contener las diferencias con sus aliados parlamentarios.
Una negociación para contener la ofensiva opositora
La estrategia oficialista responde a una dificultad política concreta: algunos bloques aliados respaldan buena parte de las reformas introducidas por el DNU 70/2023, pero cuestionan la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La convocatoria opositora reúne a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas, entre otros espacios. Además de impulsar el rechazo del decreto, los legisladores pretenden avanzar con otros temas, como la prórroga de la emergencia en discapacidad y medidas vinculadas con el endeudamiento de las familias.
Para abrir la sesión, los sectores que impulsan el tratamiento necesitan reunir 129 diputados. Por eso, la posición de los bloques dialoguistas y de los legisladores que mantienen diferencias con el oficialismo resulta determinante para el desarrollo de la jornada.
La conducción de la Cámara baja, encabezada por Martín Menem, intervino en las conversaciones con los aliados para buscar una salida a la controversia. La alternativa consiste en modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y reincorporar restricciones que respondan a los cuestionamientos sobre la extranjerización de tierras, sin que los diputados deban acompañar el rechazo integral del DNU.
De esta manera, el oficialismo busca separar la discusión sobre la propiedad rural del debate general sobre las reformas económicas y regulatorias incluidas en el decreto. La maniobra podría dificultar la construcción del quórum opositor, aunque no garantiza por sí misma que la sesión del 15 de octubre quede sin efecto.
Qué límites podrían volver a establecerse
El punto central de la negociación es determinar qué restricciones se incorporarían al proyecto de propiedad privada. La alternativa que tomó fuerza en las conversaciones parlamentarias es recuperar el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, cada provincia y cada departamento.
Ese porcentaje formaba parte de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. La norma fue derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023.
La posibilidad de restablecer el tope del 15% representa un cambio respecto de las modificaciones que el oficialismo había intentado impulsar durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.
En aquella instancia, Patricia Bullrich, entonces al frente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, debió retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras por falta de consenso. La propuesta original buscaba flexibilizar las condiciones para la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
El proyecto llegó a Diputados sin ese apartado. Ahora, el oficialismo pretende incorporarlo nuevamente, aunque con una formulación diferente para atender los reclamos de sus aliados.
Entre las alternativas que se discuten, la restitución del porcentaje del 15% aparece como una de las posibilidades con mayor respaldo. Sin embargo, todavía deben definirse los detalles de la nueva redacción y el alcance de las restricciones que podrían incorporarse.
También permanece abierta la discusión sobre otros límites que contenía la legislación anterior, como el máximo de superficie que podía adquirir un titular extranjero en determinadas zonas. Por lo tanto, la eventual recuperación del porcentaje no implica necesariamente que todo el régimen original vaya a restablecerse sin modificaciones.
El reclamo de los bloques aliados
La discusión sobre las tierras rurales se convirtió en un punto de tensión entre La Libertad Avanza y los sectores que acompañan algunas de sus iniciativas en el Congreso.
El diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), reclamó una solución para evitar que la controversia termine arrastrando al conjunto del DNU. El legislador sostuvo que el Gobierno debía presentar una propuesta que permitiera resolver el conflicto y cuestionó la posibilidad de rechazar todas las reformas contenidas en el decreto por las diferencias en torno a este punto.
La posición de Falcone refleja la dificultad que enfrenta el oficialismo: conservar el respaldo de los bloques que apoyan la desregulación económica, pero que no comparten necesariamente la eliminación de todas las restricciones a la propiedad rural extranjera.
La discusión también expone las diferencias entre la estrategia inicial del Gobierno y la alternativa que ahora intenta construir. Mientras la propuesta original buscaba flexibilizar el régimen, el nuevo planteo apunta a recuperar límites para evitar que esa cuestión se convierta en un factor decisivo en la votación del DNU.
El resultado de las negociaciones dependerá tanto del contenido que finalmente se incorpore al proyecto como de la disposición de los legisladores a acompañar el tratamiento parlamentario.
Por qué el proyecto deberá volver al Senado
La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya cuenta con media sanción de la Cámara alta. Sin embargo, si Diputados incorpora nuevas disposiciones sobre la Ley de Tierras y aprueba el texto con modificaciones, el proyecto deberá regresar al Senado para que los legisladores revisen los cambios.
Ese recorrido legislativo es importante porque el oficialismo no podría restablecer los límites únicamente mediante el tratamiento en comisiones. La propuesta deberá atravesar las instancias correspondientes y obtener la aprobación de ambas cámaras para convertirse en ley.
Por eso, la estrategia tiene dos objetivos vinculados, pero diferentes: por un lado, avanzar con una regulación sobre la propiedad rural que responda a las objeciones de los aliados; por otro, intentar que la oposición no consiga el quórum para abrir la sesión convocada contra el DNU.
Si el oficialismo logra avanzar con el proyecto, todavía deberá afrontar la discusión sobre su aprobación definitiva. Si, en cambio, no reúne los apoyos necesarios, la controversia sobre la Ley de Tierras seguirá condicionando las negociaciones parlamentarias.
Qué podría cambiar si se rechaza el mega DNU
La disputa por la propiedad rural es apenas una parte de las consecuencias que tendría un eventual rechazo del DNU 70/2023. El decreto introdujo modificaciones en distintas áreas de la economía, los contratos privados, las regulaciones comerciales y los servicios, por lo que su eventual derogación abriría una discusión sobre el alcance de las normas que podrían volver a aplicarse.
Uno de los sectores alcanzados sería el mercado de alquileres. El DNU eliminó el régimen establecido por la Ley de Alquileres y amplió la libertad de las partes para acordar condiciones contractuales. Los contratos firmados durante su vigencia no necesariamente quedarían anulados por una modificación posterior: su situación dependería de las normas aplicables y de los efectos jurídicos de una eventual derogación.
En el caso de los nuevos contratos, un eventual restablecimiento de la legislación anterior podría modificar aspectos como el plazo mínimo legal, la actualización de los valores y las condiciones para pactar pagos en moneda extranjera. Sin embargo, el alcance concreto dependería de cómo se instrumentara el cambio normativo.
El sistema financiero también podría verse afectado. El DNU modificó disposiciones vinculadas con las tarjetas de crédito y eliminó restricciones legales sobre determinados intereses y comisiones. Una eventual caída del decreto podría reabrir la discusión sobre la vigencia de las reglas anteriores, incluidos los límites que establecía la Ley de Tarjetas de Crédito.
Otro ámbito alcanzado es el de las regulaciones comerciales. El decreto derogó normas como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y disposiciones relacionadas con el Observatorio de Precios. Si esas derogaciones perdieran vigencia, habría que determinar qué facultades estatales volverían a estar disponibles y cómo se aplicarían a las actividades comerciales.
En la medicina prepaga, el DNU eliminó restricciones a la fijación de cuotas y amplió la libertad de las empresas para establecer sus precios. Un cambio en el marco normativo podría modificar nuevamente las atribuciones estatales sobre esos valores, aunque la aplicación concreta también dependería de la situación regulatoria y judicial de cada disposición.
El sector aerocomercial constituye otro de los ámbitos alcanzados por el decreto. Las reformas flexibilizaron el acceso al mercado y modificaron las condiciones para operar, incluidas las vinculadas con empresas extranjeras. Un eventual rechazo obligaría a revisar qué disposiciones quedarían sin efecto y qué régimen legal volvería a regir.
En todos estos casos, el alcance de una eventual derogación dependerá del procedimiento legislativo y de la situación jurídica de cada norma. Por eso, el debate no se limita a la Ley de Tierras: también involucra el futuro de un conjunto amplio de reformas que el Gobierno considera centrales para su programa económico.
Una definición que excede la cuestión rural
La discusión de octubre coloca al oficialismo frente a una negociación en la que confluyen la defensa del DNU, las demandas de los bloques aliados y las iniciativas de la oposición.
La posibilidad de restablecer límites a la venta de tierras rurales aparece como una herramienta para reducir las diferencias con los sectores dialoguistas. Pero el resultado no dependerá únicamente de ese acuerdo: también será necesario determinar si la oposición consigue reunir los apoyos para abrir la sesión y avanzar con el rechazo del decreto.
El tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la convocatoria opositora del 15 de octubre se convirtieron así en dos instancias conectadas de una misma disputa parlamentaria. En el centro está la vigencia del DNU 70/2023 y, con ella, el futuro de las reformas que el Gobierno impulsó desde el comienzo de su gestión.
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