Durante un congreso realizado en Rosario, empresarios de distintos sectores presentaron una propuesta con cuatro ejes centrales: reforma impositiva, reducción del costo laboral, acceso al financiamiento y creación de una Agencia Federal Pyme. El objetivo es impulsar una política de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, que generan el 70% del empleo en el país, pero aseguran no encontrar interlocutores en el Gobierno nacional.
Mientras funcionarios nacionales y representantes de grandes compañías participaban en Rosario de un encuentro para destacar los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), a pocas cuadras empresarios de pequeñas y medianas empresas se reunieron para discutir alternativas frente a la situación que atraviesa el sector.
Este jueves se desarrolló en la ciudad santafesina un nuevo Congreso del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), con la participación de empresarios de distintas actividades y provincias. Durante la jornada compartieron un diagnóstico sobre las dificultades que enfrentan sus compañías y debatieron una estrategia de desarrollo que permita fortalecer a las pymes, un segmento que representa el 70% del empleo a nivel nacional.
Los participantes manifestaron su preocupación por la falta de acompañamiento estatal y plantearon propuestas para detener el cierre de empresas. Según los datos mencionados durante el encuentro, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia ya cerraron 32.000 proyectos.
“Somos el Messi de la economía y nos tratan como al cuatro de Cambaceres”, expresó uno de los representantes del sector al finalizar la actividad.
Entre los principales cuestionamientos apareció la apertura comercial sin medidas complementarias que permitan mejorar la competitividad de las empresas locales. Desde MONAPY sostuvieron que la productividad interna de las pymes supera a la de otros países de la región, pero que esa ventaja termina perdiéndose por los costos que deben afrontar.
En ese sentido, señalaron la falta de inversiones ferroviarias como un factor que encarece las cadenas de valor, además del elevado costo del traslado de contenedores, el aumento de más del 500% en la energía y las dificultades para acceder a financiamiento.
La consigna que atravesó el congreso fue “Una economía integrada: hacia un modelo de desarrollo y empleo”. La actividad tuvo una primera instancia de debate entre los empresarios y un cierre con la participación del expresidente del Banco Central y exministro de Economía, Alfonso Prat Gay, junto con legisladores nacionales como Nicolás Massot.
Durante las mesas de trabajo, representantes de la industria textil, la gastronomía, la agroindustria y los servicios informáticos debatieron cuatro ejes que buscan incorporar a una futura Ley Integral Pyme.
Los cuatro puntos que integran la propuesta de MONAPY
1. Reforma impositiva: menos anticipos y eliminación del Impuesto al Cheque
En materia tributaria, los empresarios reconocieron que algunas dificultades fueron abordadas parcialmente en los últimos años mediante iniciativas como la reducción de retenciones, la Inocencia Fiscal y distintos mecanismos de simplificación y regularización.
Sin embargo, consideraron que todavía quedan medidas pendientes para aliviar la carga que soportan las pequeñas y medianas empresas.
Entre las propuestas mencionaron la eliminación del Impuesto al Cheque, la reducción de los pagos anticipados antes de que se genere la obligación tributaria efectiva y la implementación de mecanismos que eviten la acumulación de saldos inmovilizados. También reclamaron un sistema de compensación automática entre distintos tributos.
Sobre este eje se refirió el diputado nacional Nicolás Massot, quien presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado al sector. La iniciativa contempla eliminar el Impuesto al Cheque, reducir al 20% la alícuota del Impuesto a las Ganancias y disminuir un 50% las contribuciones patronales durante tres años.
Además, propone implementar un sistema de evaluación o scoring para reducir el riesgo en el acceso al crédito, suspender los embargos durante 120 días y habilitar planes de hasta 120 cuotas para regularizar deudas.
Durante su intervención, Massot también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional. Definió la combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria como “el corazón del estancamiento”.
“Por la política cambiaria artificial y nociva, el superávit comercial acumulado en estos tres años está fuera de la economía. Las pymes financian el alivio de los regímenes especiales y un crecimiento que abarca dos generaciones nada más, ya que se apoya en la explotación de recursos naturales no renovables”, sostuvo.
2. Costo laboral: reducción de cargas y límites a la litigiosidad
El segundo eje estuvo relacionado con los costos laborales que deben afrontar las empresas. Los representantes de MONAPY insistieron en la necesidad de reducir las cargas patronales y avanzar con herramientas que permitan limitar la litigiosidad vinculada con los conflictos laborales.
Entre las alternativas mencionaron la posibilidad de establecer una instancia de conciliación obligatoria antes de que se inicie cualquier demanda judicial.
Durante el debate también surgió la pregunta sobre si las modificaciones generales a la legislación laboral resultan suficientes para atender las particularidades de las pequeñas y medianas empresas.
“Quizás no alcance con una ley. Tal vez haya que pensar en una Ley de Contrato de Trabajo pyme”, plantearon durante el encuentro.
3. Financiamiento: ampliar el acceso al crédito para las pequeñas empresas
La falta de financiamiento fue uno de los principales temas de discusión a lo largo de toda la jornada. Desde el movimiento remarcaron que el crédito destinado a las pymes representa menos del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, una proporción considerablemente inferior a la registrada en países vecinos como Brasil.
Los empresarios identificaron distintas barreras que dificultan el acceso a los recursos financieros. Entre ellas mencionaron la exigencia de contar con un patrimonio elevado o garantías reales para obtener fondos, condiciones que muchas compañías pequeñas no pueden cumplir.
También cuestionaron que no exista una diferenciación suficiente entre las empresas consideradas inviables y aquellas que atraviesan problemas transitorios, pero mantienen posibilidades de recuperación.
En ese sentido, reclamaron que las evaluaciones crediticias incorporen información más amplia y no dependan exclusivamente de los balances históricos de las compañías.
Otra de las alternativas planteadas fue avanzar hacia esquemas que permitan distribuir los riesgos entre distintos participantes, mediante garantías, Sociedades de Garantía Recíproca u otros mecanismos conocidos como first-loss.
4. Agencia Federal Pyme: una ventanilla única coordinada por empresarios
El cuarto punto de la propuesta consiste en crear una Agencia Federal Pyme que tenga a su cargo la coordinación de las políticas nacionales destinadas al sector.
La iniciativa busca centralizar la gestión estatal mediante una ventanilla única, con el objetivo de ordenar las herramientas disponibles y facilitar el vínculo entre las empresas y el Estado nacional.
Sin embargo, desde MONAPY establecieron una condición para su funcionamiento: el organismo debería estar conducido por empresarios pymes.
El reclamo por la falta de interlocución con el Gobierno nacional
La discusión sobre las medidas necesarias para fortalecer al sector estuvo acompañada por cuestionamientos a la relación con la administración nacional. Los empresarios señalaron que existe poca predisposición oficial para escuchar sus demandas y construir una agenda específica para las pequeñas y medianas compañías.
“Necesitamos construir una agenda desde las pymes, que incorpore nuestra experiencia a las decisiones económicas. La tributación, la legislación laboral y el financiamiento deben contemplar la realidad de quienes producimos y generamos empleo en todo el país. Esa mirada federal es fundamental para avanzar hacia una economía integrada”, expresó Alejandro Bestani, presidente de MONAPY.
Uno de los participantes también cuestionó la postura del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, durante un encuentro regional. Según relató, el funcionario había planteado que el Gobierno no establece diferencias entre empresas grandes y pequeñas y que la desregulación debe aplicarse de manera general.
El empresario contrastó esa posición con las políticas de desarrollo presentadas en Uruguay y Paraguay, y señaló que esas experiencias despertaron su interés por conocer en profundidad las herramientas utilizadas en esos países.
Prat Gay cuestionó las diferencias entre los beneficios para grandes empresas y pymes
La desigualdad en el tratamiento de las distintas compañías también fue uno de los temas abordados durante el cierre del congreso por Alfonso Prat Gay.
El exministro de Economía sostuvo que las grandes empresas acceden a beneficios como los contemplados en el RIGI y la eliminación de retenciones, mientras que las pequeñas y medianas firmas reciben pocas herramientas de apoyo.
“Hoy hay una economía partida sectorialmente, geográficamente y por tamaño, con pocos ganadores y muchos perdedores”, afirmó.
Prat Gay también se refirió al encuentro sobre el RIGI que se desarrolló en Rosario durante la misma jornada y que contó con la inscripción de 2.500 pymes para participar de una ronda de negocios.
Para el exfuncionario, esa convocatoria demuestra que el propio Gobierno reconoce la existencia de un problema productivo y la necesidad de generar vínculos entre las grandes inversiones y las empresas de menor tamaño.
“Junto a las pymes para ver si derrama. No lo van a decir así, pero fue eso”, expresó al describir el objetivo de la actividad.
El congreso de MONAPY concluyó con una propuesta que busca reunir los reclamos tributarios, laborales y financieros del sector en una Ley Integral Pyme. Mientras las grandes inversiones cuentan con herramientas específicas de promoción, los empresarios piden una política nacional que contemple las condiciones de las firmas que sostienen buena parte del empleo y la actividad económica en el país.
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