La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto que establece un marco permanente para el sistema de discapacidad. La intervención de la Iglesia, las organizaciones del sector y los legisladores vinculados a gobernadores provinciales fue clave para alcanzar el acuerdo. La iniciativa ahora deberá tratarse en el Senado, mientras el financiamiento comprometido abre una nueva discusión sobre el Presupuesto 2027.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley destinado a fortalecer y garantizar la continuidad del sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. El resultado fue producto de varios días de negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA), bloques opositores, organizaciones vinculadas al sector y representantes de la Iglesia, en un debate atravesado por la discusión sobre el financiamiento y el alcance de la asistencia estatal.
El oficialismo debió introducir modificaciones a su propuesta original para reunir los votos necesarios. Entre los actores que participaron de las conversaciones se destacaron la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, legisladores de distintos espacios políticos y representantes parlamentarios vinculados a gobernadores provinciales. Durante el tramo final del debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el Congreso.
La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, según los datos consignados en la información de origen. Con ese resultado, el proyecto consiguió un respaldo muy amplio y pasó al Senado para continuar su tratamiento.
El consenso se construyó a partir de concesiones del oficialismo, especialmente en materia de financiamiento, cobertura de salud y regularización de las deudas con los prestadores. Aunque la propuesta fue presentada como una alternativa permanente al régimen de emergencia, la oposición mantuvo sus cuestionamientos sobre la posibilidad de que el Gobierno garantice los recursos necesarios para cumplir con las disposiciones.
El papel de la Iglesia y las organizaciones de discapacidad
Uno de los actores que intervino en las negociaciones fue la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida. Sus representantes mantuvieron reuniones con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y La Libertad Avanza.
El objetivo de esos encuentros fue transmitir la preocupación por la situación de las personas con discapacidad y presentar pedidos concretos para sostener las prestaciones y garantizar la atención.
En un documento, la Pastoral Social explicó que las conversaciones buscaban dar continuidad a los planteos que había realizado ante el Ministerio de Salud de la Nación el 5 de octubre de 2026. La intervención de la Iglesia se sumó así a los reclamos de organizaciones y prestadores que reclamaban respuestas frente a las dificultades de financiamiento y las deudas acumuladas.
La discusión parlamentaria también estuvo vinculada a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia, de acuerdo con el texto de origen, finaliza el 31 de diciembre. La iniciativa impulsada por el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, había promovido el tratamiento del tema y establecido plazos para que las comisiones avanzaran con el debate.
En septiembre, La Libertad Avanza había conseguido un dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente. En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo para extender durante un año la emergencia.
Las diferencias entre ambas propuestas abrieron una negociación que se prolongó durante varias semanas y se intensificó en los días previos a la sesión.
Oscar Herrera Ahuad y el peso de los bloques provinciales
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, referente del bloque Argentina Federal, tuvo un papel central en la búsqueda de acuerdos. Su espacio cuenta con nueve legisladores y mantiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.
Ese número de bancas convirtió al bloque en un interlocutor relevante para La Libertad Avanza, que necesitaba ampliar su respaldo parlamentario para evitar una derrota y alcanzar una mayoría amplia.
El martes por la noche se produjo una de las reuniones decisivas para acercar posiciones. Participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los legisladores oficialistas Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo; Herrera Ahuad, de Argentina Federal; y Oscar Zago, del MID.
Durante el encuentro se analizaron diferencias con el dictamen oficialista y se discutieron modificaciones vinculadas con los reclamos de las organizaciones y de la Iglesia.
Herrera Ahuad explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con representantes de personas con discapacidad. Según señaló, se plantearon cinco modificaciones de fondo para dar mayor previsibilidad al sistema, entre ellas la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y mecanismos para ordenar las deudas con los prestadores.
La intervención del legislador fue reconocida por Rodríguez Machado, encargada de las negociaciones en nombre de La Libertad Avanza, quien destacó su trabajo para alcanzar el entendimiento.
Las concesiones del oficialismo y el financiamiento permanente
El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El proyecto recupera buena parte de las prestaciones contempladas en la Ley 27.793, pero reemplaza el esquema transitorio de emergencia por un marco legal permanente.
La principal concesión del oficialismo estuvo vinculada con la garantía de financiamiento. La norma establece que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Este punto fue uno de los principales motivos para que distintos bloques acompañaran la iniciativa. La incorporación de una garantía presupuestaria busca evitar que la continuidad de las prestaciones dependa de renovaciones periódicas o de decisiones discrecionales sobre los recursos disponibles.
El proyecto también contempla la actualización del nomenclador de prestaciones, el mantenimiento de la cobertura médica y la regularización de las deudas con los prestadores. El nomenclador establece los valores de referencia para servicios como rehabilitación, transporte y acompañamiento, y el texto incluye disposiciones para actualizar sus montos de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC).
En relación con las obligaciones pendientes, se establece que deberá comunicarse un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Además, se prevé completar las compensaciones pendientes dentro de los 90 días para quienes hayan finalizado los trámites administrativos correspondientes.
Otro cambio garantiza la cobertura de Incluir Salud tanto para titulares de pensiones por discapacidad como para beneficiarios de pensiones por invalidez laboral.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó esa modificación al señalar que la cobertura médica del programa alcanzará a ambos grupos de beneficiarios, sin distinción entre las dos categorías de pensiones.
El proyecto también mantiene la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con determinadas actividades laborales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. De acuerdo con el texto suministrado, las pensiones equivalen al 70% de la jubilación mínima y contemplan una actualización mensual.
A su vez, se establece un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio. También se contempla la compatibilidad con otros programas de asistencia, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Las posiciones del oficialismo durante el debate
El presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la postura del oficialismo y sostuvo que el tema debía abordarse desde los derechos de las personas y no como una disputa política.
“La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea”, afirmó. También sostuvo que el Gobierno recibió un sistema con problemas y que La Libertad Avanza estaba asumiendo la responsabilidad de atender esa situación.
En la misma línea, la diputada libertaria Lorena Villaverde defendió la necesidad de establecer un régimen permanente. “No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”, expresó.
Desde el oficialismo, el argumento central fue que un marco legal estable permitiría brindar mayor previsibilidad a los beneficiarios y ordenar el financiamiento de las prestaciones. La propuesta también buscó diferenciarse del régimen de emergencia, que requiere una extensión para mantener su vigencia.
Sin embargo, el acuerdo no eliminó todas las diferencias. Los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra, mientras que Marcela Pagano, del bloque Coherencia, acompañó la iniciativa.
Un consenso amplio, pero con desconfianza sobre el cumplimiento
El resultado de la votación reflejó un nivel de consenso poco habitual en la Cámara baja. La iniciativa recibió el respaldo de casi todos los bloques, incluida la bancada peronista, después de las modificaciones introducidas durante las negociaciones.
No obstante, distintos legisladores advirtieron que la aprobación no garantiza por sí sola que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos.
Uno de los cuestionamientos se relacionó con el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y con las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei. En ese marco, algunos opositores interpretaron que las concesiones respondían también a una necesidad política del oficialismo.
La diputada cordobesa Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, consideró que los cambios podían responder a una necesidad coyuntural relacionada con la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina. Esa interpretación fue compartida por otros sectores que vincularon la presión de la Iglesia con la proximidad del viaje papal, aunque no constituye una explicación comprobada del acuerdo parlamentario.
La intervención eclesiástica, sin embargo, tuvo una dimensión concreta: la Pastoral Social mantuvo reuniones con distintos bloques y presentó reclamos específicos sobre la situación de las personas con discapacidad.
El debate dejó así dos cuestiones diferenciadas. Por un lado, el papel de la Iglesia y de las organizaciones en la incorporación de demandas al proyecto. Por otro, la desconfianza política acerca de si las garantías acordadas se traducirán efectivamente en recursos y prestaciones.
El Presupuesto 2027, la próxima prueba para el Gobierno
El financiamiento será uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento del Presupuesto 2027. La garantía de partidas para el sistema de discapacidad obliga a que los compromisos incluidos en el proyecto tengan un correlato en la planificación de los gastos públicos.
Según la información de origen, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en $598.912 millones el costo fiscal de la iniciativa para 2027. Durante las negociaciones, Herrera Ahuad había insistido en que ese impacto debía quedar explicitado y reflejarse en el presupuesto para asegurar el cumplimiento de la norma.
El debate presupuestario también abrió diferencias dentro del propio Gobierno. Mientras el ala política avanzó con concesiones para reunir los votos en Diputados, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrentaría la necesidad de adecuar las partidas previstas para el sistema de prestaciones.
El texto de origen señala que el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027 modifica aspectos del sistema de prestaciones básicas y asigna recursos que podrían resultar inferiores a los requeridos por la iniciativa acordada.
En una presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó que el presupuesto contempla los recursos relacionados con discapacidad, aunque reconoció que el tema genera discusiones en el área económica.
Del lado oficialista, Rodríguez Machado sostuvo que el Congreso tendrá la responsabilidad de definir el presupuesto y defendió el entendimiento alcanzado bajo el principio de que la sensibilidad social puede compatibilizarse con la responsabilidad fiscal.
La oposición, por su parte, reclamó modificaciones presupuestarias para evitar que otros artículos del proyecto de gastos contradigan los compromisos asumidos en materia de discapacidad. Entre quienes plantearon objeciones estuvieron Juan Marino, de Unión por la Patria; Esteban Paulón, de Provincias Unidas; y referentes del Frente de Izquierda.
El Senado y la implementación de la ley
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá continuar su recorrido en el Senado. Allí todavía podrían introducirse modificaciones, por lo que el texto aprobado no constituye aún una ley vigente.
El oficialismo consiguió transformar una iniciativa impulsada inicialmente desde la oposición en un proyecto con respaldo transversal. Para hacerlo, aceptó incorporar demandas relacionadas con la previsibilidad presupuestaria, la cobertura de salud, la actualización de prestaciones y la regularización de deudas.
La negociación mostró el peso que pueden adquirir los bloques provinciales cuando una fuerza política no cuenta con mayoría propia, así como la capacidad de organizaciones sociales y religiosas para instalar reclamos en la agenda legislativa.
Sin embargo, el acuerdo parlamentario no cierra la discusión sobre la sostenibilidad del sistema. La aprobación definitiva en el Senado y la incorporación de los recursos correspondientes al Presupuesto 2027 serán pasos decisivos para determinar si las garantías previstas se traducen en una mejora concreta para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
La discusión, por lo tanto, continuará en dos ámbitos: el Congreso, donde resta completar el trámite legislativo, y el debate presupuestario, donde se definirá cómo se financiarán los compromisos asumidos.
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