La Cámara baja tendrá dos fechas en disputa: la oposición pidió sesionar el 15 de octubre para tratar el DNU 70/2023, el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad, mientras La Libertad Avanza analiza una convocatoria para el 21. Los bloques dialoguistas y provinciales serán determinantes para reunir los 129 diputados necesarios.
La Cámara de Diputados volverá a convertirse en el escenario de una disputa por la agenda parlamentaria entre el Gobierno y los distintos bloques opositores. La primera fecha en discusión es el jueves 15 de octubre, para la que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales solicitaron una sesión especial.
El temario incluye tres asuntos de fuerte peso político: el tratamiento del DNU 70/2023, el endeudamiento de las familias y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. En paralelo, La Libertad Avanza analiza convocar a otra sesión para el miércoles 21 de octubre, con una agenda que también contempla los proyectos vinculados con las deudas familiares y la situación de las personas con discapacidad.
La disputa no se limitará al contenido de los proyectos. Antes de llegar al debate de fondo, ambos sectores deberán conseguir que sus convocatorias puedan comenzar, para lo cual necesitan reunir 129 diputados presentes, el número requerido para alcanzar el quórum en la Cámara baja.
El DNU 70/2023 vuelve al centro de la discusión
Uno de los puntos que mayor tensión genera es el intento opositor de avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, especialmente después del reciente fallo de la Corte Suprema relacionado con su artículo 154 y la derogación de la Ley de Tierras.
El pedido opositor tiene entre sus principales impulsores al radical crítico Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas. El legislador planteó que la sesión debe permitir avanzar en medidas vinculadas con el endeudamiento familiar, extender hasta diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad y dejar sin efecto el decreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión.
Juliano puso especial énfasis en las consecuencias que, según su interpretación, tuvo el DNU sobre el régimen de tierras luego del fallo de la Corte Suprema. En ese contexto, cuestionó la posibilidad de que se modifiquen las restricciones existentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Porque una sentencia de la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que cualquier extranjero se compre ‘una provincia’, como predica el canciller Pablo Quirno. Para esto es necesario rechazar el DNU 70/23, un decreto a todas luces inconstitucional que reseteó la Argentina sin el aval del Congreso”, sostuvo.
La frase forma parte del planteo político de Juliano sobre las consecuencias del fallo y sobre la necesidad de que el Congreso intervenga nuevamente en el tema.
El diputado también recordó que el Senado rechazó el DNU en 2024, aunque la Cámara de Diputados nunca logró reunir hasta ahora los votos necesarios para abrir una sesión y avanzar con su tratamiento.
“En Diputados no pudimos nunca juntar quórum. Creemos que llegó el momento de tomar cartas en el asunto. Si en tres años el Gobierno no envió leyes que suplanten ese DNU, es porque no está interesado realmente en el cuerpo normativo”, afirmó.
El pedido de sesión del 15 de octubre fue presentado por distintos bloques opositores y, según las fuentes parlamentarias consultadas, busca concentrar en una misma jornada los tres temas para los que existen negociaciones entre diferentes espacios.
La oposición necesita sumar diputados para abrir el recinto
El principal obstáculo para los bloques que impulsan la sesión será conseguir los 129 presentes necesarios para que la Cámara pueda comenzar a sesionar.
La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez, Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Jorge Fernández, Natalia de la Sota y Mónica Frade, entre otros legisladores.
Los cálculos preliminares de los convocantes ubican en torno a 121 diputados el respaldo inicial con el que cuentan, por lo que todavía necesitan sumar adhesiones para alcanzar el quórum.
Uno de los puntos de negociación es Provincias Unidas. Aunque varios de sus integrantes acompañan el pedido, no está garantizado que todos los integrantes del interbloque concurran al recinto.
Entre las presencias consideradas más firmes aparecen los cinco radicales críticos, además de Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge. El resto de los legisladores continúa analizando qué posición adoptar frente a la convocatoria.
La oposición también busca respaldo en Argentina Federal, espacio vinculado principalmente con los gobernadores de Misiones y Salta, además del MID. Estos sectores pueden adquirir relevancia para definir si finalmente se alcanza el número necesario para habilitar la sesión.
La inclusión de los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar forma parte, precisamente, de la estrategia para ampliar el respaldo parlamentario al pedido de sesión. La convocatoria presentada contempla esos temas junto con el DNU 70/2023.
La Coalición Cívica también cuestionó el DNU
Dentro de los espacios que acompañan la convocatoria aparece la Coalición Cívica, cuyo diputado Maximiliano Ferraro también defendió el tratamiento del decreto.
Ferraro sostuvo que un eventual rechazo del DNU no tendría efectos retroactivos sobre las relaciones jurídicas que ya fueron consolidadas. Desde esa perspectiva, planteó que el Gobierno todavía podría enviar al Congreso un proyecto de ley para sostener aquellas reformas que considere necesarias.
“El posible rechazo del DNU 70/2023 no implica efectos retroactivos ni afecta las relaciones jurídicas que se establecieron anteriormente. El Gobierno tiene la posibilidad de enviar un proyecto de ley para sostener las reformas”, afirmó.
Y agregó: “Argentina lleva demasiados años buscando atajos. Es hora de entender que los atajos institucionales no solo son peligrosos, son ineficaces”.
Su planteo se suma a la discusión sobre cuál debería ser el mecanismo legislativo para sostener o modificar las reformas contenidas en el decreto.
El oficialismo prepara otra convocatoria
Mientras la oposición intenta asegurar el quórum del 15 de octubre, La Libertad Avanza trabaja sobre una estrategia propia para evitar que la agenda parlamentaria quede exclusivamente en manos de sus adversarios.
El oficialismo espera el regreso de Javier Milei y parte de su mesa política desde Francia para terminar de definir la estrategia parlamentaria. Entre los funcionarios que participan del viaje se encuentran Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En ese marco, el Gobierno analiza convocar a una sesión especial para el miércoles 21 de octubre. El objetivo sería llevar al recinto dos de los temas que también forman parte de la convocatoria opositora: el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.
Ambas cuestiones ya fueron analizadas en diferentes comisiones de Diputados y cuentan con dictámenes. Sin embargo, la existencia de un dictamen de mayoría no garantiza por sí misma que el oficialismo tenga los votos suficientes para aprobar un proyecto en el recinto.
La situación obliga a La Libertad Avanza a negociar con los llamados bloques dialoguistas y provinciales, cuyos integrantes pueden resultar determinantes tanto para alcanzar el quórum como para definir el resultado de cada iniciativa.
El oficialismo empieza su propio conteo de votos
Para iniciar las negociaciones, La Libertad Avanza parte de 95 diputados. El esquema que analiza sumar incorpora a los 12 legisladores del PRO que conduce Cristian Ritondo y a seis radicales alineados con Pamela Verasay.
Ese armado permitiría llegar a 113 legisladores, por lo que todavía sería necesario incorporar a otros espacios.
A partir de ese punto, el oficialismo busca acuerdos con fuerzas provinciales como Producción y Trabajo de San Juan, representantes de Neuquén y Santa Cruz, además de otros bloques que suelen negociar sus posiciones de acuerdo con cada proyecto.
La composición de la Cámara hace que estas conversaciones sean determinantes. Los mismos diputados que pueden resultar necesarios para que el Gobierno consiga abrir una sesión son, en varios casos, aquellos a los que la oposición intenta convencer para que concurran al recinto el 15 de octubre.
La discusión, por lo tanto, no se limita a una diferencia entre oficialismo y oposición. Los bloques provinciales y dialoguistas quedan ubicados en una posición central, ya que sus decisiones pueden definir si cada espacio logra reunir los presentes necesarios y, posteriormente, las mayorías requeridas para aprobar o rechazar las iniciativas.
Dos fechas y una disputa por la agenda
El escenario parlamentario quedó planteado, así, alrededor de dos posibles sesiones: el 15 y el 21 de octubre.
La oposición busca que la primera convocatoria permita tratar conjuntamente el DNU 70/2023, el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. El oficialismo, por su parte, analiza utilizar la segunda fecha para llevar al recinto los dos últimos temas y construir una agenda propia.
En el caso del DNU, el debate volvió a adquirir centralidad después del fallo de la Corte Suprema sobre el artículo 154 y la Ley de Tierras, mientras que los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento ya venían siendo trabajados en las comisiones de la Cámara.
Durante las próximas semanas, la negociación estará concentrada en conseguir los 129 diputados necesarios para abrir cada sesión y, una vez alcanzado ese objetivo, en reunir las mayorías correspondientes para cada iniciativa.
El resultado dependerá de acuerdos que todavía no están cerrados y, especialmente, de la postura que adopten los bloques que no integran de manera definida ninguno de los dos polos principales de la disputa parlamentaria.
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