El acuerdo contempla la creación de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad y una evaluación de la red troncal de Internet de ARSAT. La cooperación bilateral también incluye fondos para combatir el narcotráfico y un pacto contra la trata de menores, mientras quedan pendientes definiciones sobre el alcance y los plazos del reemplazo tecnológico.
El Gobierno argentino profundiza su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad informática y revisión de infraestructura tecnológica estatal. Como parte de esa agenda, se anunció un aporte no reembolsable de US$15 millones destinado a poner en funcionamiento un centro nacional de operaciones de ciberseguridad, en un programa que contempla la sustitución progresiva de equipamiento de origen chino instalado en redes gubernamentales.
Los anuncios se realizaron durante la reunión que el canciller Pablo Quirno mantuvo este jueves con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en el Palacio San Martín. El encuentro incluyó compromisos vinculados con la protección de redes digitales, la lucha contra el narcotráfico y la prevención de la trata de menores, además de un intercambio sobre los riesgos de seguridad que Washington atribuye a determinados proveedores tecnológicos.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa será evaluar la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT. Quirno confirmó que esa infraestructura quedará incluida en el relevamiento, cuyo objetivo es identificar posibles vulnerabilidades y fortalecer la capacidad del Estado para detectar, prevenir y responder a ataques informáticos.
El programa representa un avance sobre las conversaciones que ambos gobiernos mantienen desde hace meses para reemplazar equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales. La iniciativa cuenta con el respaldo del Departamento de Estado y prevé una transición hacia proveedores que Washington considera confiables.
Un programa para identificar y retirar equipos considerados no confiables
La documentación estadounidense establece que el programa debe acompañar el desplazamiento de equipamiento de origen chino de la infraestructura digital argentina. Para avanzar en ese objetivo, la primera etapa contempla un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos con el propósito de identificar dispositivos considerados no confiables por las autoridades involucradas.
A partir de ese diagnóstico, se deberán formular recomendaciones para retirar, aislar o neutralizar los equipos identificados, procurando evitar interrupciones en servicios esenciales. El alcance de las medidas dependerá de las evaluaciones técnicas y de las decisiones que se adopten durante la implementación.
La asistencia había sido anunciada originalmente por un monto de hasta US$13.912.185, con una duración aproximada de 36 meses. Sin embargo, Quirno informó ahora una cifra de US$15 millones. Por el momento, no se precisó si el nuevo monto constituye una actualización del programa original o si incorpora componentes adicionales.
El esquema también establece que el Departamento de Estado estadounidense participará en la revisión y aprobación de distintas etapas y recomendaciones técnicas. De ese modo, la cooperación no se limitará al financiamiento inicial, sino que incluirá instancias de supervisión sobre el desarrollo del proyecto.
Cómo se distribuirían los fondos y qué gastos deberá afrontar la Argentina
La planificación contempla destinar aproximadamente US$5 millones al diseño de la arquitectura tecnológica del nuevo centro de ciberseguridad. El resto de los recursos se distribuiría entre tareas de evaluación de redes, revisión del marco legal y capacitación de especialistas argentinos.
El cronograma previsto divide la ejecución en dos etapas principales. Durante los primeros seis meses se realizaría el diagnóstico de la infraestructura, mientras que entre los meses siete y dieciocho se avanzaría con la implementación tecnológica. La expectativa es que, al finalizar los tres años contemplados, el sistema alcance autonomía operativa.
No obstante, el aporte estadounidense no cubrirá necesariamente todos los costos asociados al reemplazo de los equipos chinos. Según la documentación del programa, la Argentina deberá asumir principalmente la compra de hardware, las licencias de software y los gastos de funcionamiento.
Washington podrá financiar determinados componentes adicionales cuando sean indispensables para cumplir los objetivos establecidos y no exista otra alternativa de financiamiento. Por eso, el costo total de la transición tecnológica dependerá también de las inversiones que deba realizar el Estado argentino.
El centro funcionará fuera de la estructura de ARSAT
El nuevo centro operará dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no será administrado por ARSAT, según indicaron previamente fuentes oficiales a TN.
La distinción es relevante para comprender el alcance institucional del proyecto. Mientras ARSAT quedará incluida en las evaluaciones anunciadas por Quirno, el centro tendrá una función más amplia, orientada al monitoreo y la protección de diferentes redes gubernamentales.
En paralelo, la empresa estatal prepara una licitación independiente por US$49 millones para modernizar parte de su infraestructura de telecomunicaciones. Ese proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se desarrolla por fuera del programa de asistencia estadounidense anunciado en la reunión bilateral.
De esta manera, la revisión de seguridad de la red troncal y la modernización de la infraestructura de ARSAT aparecen vinculadas a una agenda más amplia de cambios tecnológicos, aunque corresponden a iniciativas con mecanismos de financiamiento diferentes.
La discusión sobre Huawei y los proveedores tecnológicos
Las diferencias en torno a los proveedores chinos también estuvieron presentes durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Los funcionarios fueron consultados por las advertencias de Estados Unidos relacionadas con Huawei y por un proyecto tecnológico en Neuquén.
La consulta se produjo en el contexto de la controversia que involucró a directivos de la Cooperativa CALF y posibles restricciones migratorias vinculadas con sus contactos con la empresa china.
Quirno negó que la Argentina aplique una política de discriminación contra proveedores por su país de origen. El canciller sostuvo que las decisiones se toman a partir de evaluaciones permanentes de seguridad informática y reconoció que Estados Unidos es considerado un proveedor que genera confianza para el Gobierno.
Al mismo tiempo, planteó que, en un escenario ideal, la Argentina debería desarrollar mayores capacidades tecnológicas propias. Esa definición introduce otra dimensión en el debate: además de decidir qué equipamiento se considera seguro, el país deberá determinar cómo fortalecer su autonomía tecnológica y reducir eventuales dependencias externas.
Landau, por su parte, defendió el uso de las visas como una herramienta de política exterior y seguridad nacional. El funcionario estadounidense sostuvo que su país puede restringir el ingreso de personas cuyas actividades considere una amenaza para sus intereses.
Sin embargo, no confirmó nuevas restricciones contra empresarios argentinos ni identificó a personas alcanzadas por medidas concretas durante el encuentro.
Estados Unidos también aportará fondos para combatir el narcotráfico
La agenda bilateral incluyó un compromiso de US$13 millones para programas contra el narcotráfico. De ese total, US$7,5 millones estarán destinados a proyectos dentro de la Argentina, mientras que el resto se utilizará para iniciativas regionales.
Quirno vinculó esos recursos con la participación argentina en el denominado Escudo de las Américas y con la decisión de incorporar al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a cinco organizaciones: el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y Los Tiguerones.
La cooperación en este ámbito se suma a los compromisos tecnológicos y de seguridad discutidos por ambos gobiernos. No obstante, el material informado no detalla la distribución específica de los fondos entre los distintos proyectos antinarcóticos.
Un pacto contra la trata de menores prevé hasta US$10 millones
Otro de los anuncios fue la firma del Pacto para la Protección de la Infancia, suscripto durante la jornada por Christopher Landau y el ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques.
El instrumento contempla asistencia estadounidense de hasta US$10 millones para fortalecer las acciones contra la trata de menores. Por el momento, el Gobierno argentino no difundió el detalle de los proyectos que recibirán los recursos ni el calendario previsto para los desembolsos.
El acuerdo amplía la agenda de cooperación bilateral hacia un área que requiere coordinación institucional y recursos para reforzar las herramientas de prevención y respuesta. Sin embargo, la implementación concreta dependerá de la definición de los programas que se financiarán.
La cooperación tecnológica se vincula con el Corredor Andes-Atlántico
La agenda de seguridad digital también se relaciona con el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa presentada por ambos países en septiembre para impulsar inversiones en energía, minería, transporte e infraestructura digital.
El documento oficial estadounidense contempla expresamente la utilización de tecnología considerada confiable por Washington. Además, el esquema incluye instrumentos de financiamiento del Export-Import Bank y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para proyectos estratégicos.
La referencia a proveedores tecnológicos confiables conecta la política de infraestructura con las preocupaciones estadounidenses sobre la seguridad de las redes y la participación de empresas chinas en sectores considerados estratégicos.
Los próximos pasos y las definiciones pendientes
La reunión entre Quirno y Landau dejó nuevos compromisos de cooperación en seguridad y confirmó la evaluación de infraestructura estatal dentro de un programa que contempla el reemplazo progresivo de tecnología china.
Sin embargo, todavía quedan por definir los plazos concretos de sustitución, las contrataciones necesarias, las inversiones que deberá afrontar la Argentina y el alcance de las intervenciones sobre las redes existentes. También falta precisar si el aporte de US$15 millones amplía el programa original o si incorpora nuevas líneas de trabajo.
En paralelo, los fondos contra el narcotráfico y el pacto para combatir la trata de menores deberán traducirse en proyectos concretos, con mecanismos de ejecución y desembolsos que aún no fueron detallados públicamente.
La cooperación continuará durante los próximos meses, mientras la Casa Rosada prepara la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre. El avance de los acuerdos permitirá observar cómo se traducen los compromisos anunciados en cambios concretos para la infraestructura digital, la seguridad y las relaciones bilaterales.
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