Con la actividad económica prácticamente estancada y las elecciones presidenciales en el horizonte, los gobernadores podrían aumentar la inversión en infraestructura durante 2027. Un informe de Eco Go estima que las provincias tienen margen para sumar unos US$3.900 millones en obras, mientras Luis Caputo impulsa concesiones viales y mecanismos de financiamiento privado.
La actividad económica continúa mostrando dificultades para recuperar impulso y el calendario electoral comienza a influir en las decisiones de inversión de los gobiernos provinciales. A un año de las elecciones presidenciales de 2027, la construcción vuelve a ocupar un lugar relevante en la estrategia de la Nación y las provincias, que buscan alternativas para dinamizar la economía y recuperar puestos de trabajo.
El escenario presenta señales de estancamiento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad económica de agosto avanzó apenas un 0,1% respecto de julio, después de la caída del 2,8% registrada el mes anterior. De acuerdo con los datos citados en el informe original, la mejora no alcanzó para compensar el retroceso previo y las posibilidades de una recuperación significativa antes de fin de año siguen condicionadas.
En ese contexto, la obra pública vuelve a ganar protagonismo, aunque bajo un esquema diferente al de otras etapas. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene su prioridad de preservar el superávit fiscal y apuesta a que una parte importante de las inversiones en infraestructura sea financiada por las provincias o por empresas privadas.
La estrategia también responde a las necesidades políticas de los gobernadores, que buscan mostrar resultados antes de los comicios de 2027. Para el Gobierno nacional, además, la construcción podría convertirse en un motor complementario de la actividad, junto con sectores como el agro, la energía y la minería.
Las provincias podrían sumar US$3.900 millones en infraestructura
Un informe de la consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, estimó que las provincias podrían incrementar su inversión en infraestructura en unos US$3.900 millones durante 2027 si recuperaran los niveles habituales de gasto de capital de los años de elecciones presidenciales.
El monto equivale a 0,55 puntos del producto bruto interno (PBI) y representaría un aumento real del 36% respecto del nivel de inversión provincial de 2025, según las estimaciones citadas en el estudio.
El punto de partida es reducido. De acuerdo con Eco Go, en 2025 el gasto de capital de las provincias representó apenas el 1,55% del PBI, después de haber alcanzado el 1,50% en 2024, el registro más bajo de la serie iniciada en 2005.
Aunque el año pasado la inversión provincial registró una recuperación real del 8,2%, el nivel todavía se encuentra un 36% por debajo del máximo alcanzado en 2017.
Los números muestran el margen potencial para ampliar los desembolsos, pero no implican que los recursos vayan a destinarse automáticamente a nuevas obras. La concreción de esa inversión dependerá de la situación financiera de cada jurisdicción, del acceso al crédito y de las decisiones presupuestarias que adopten los gobiernos provinciales.
El calendario electoral y las decisiones de inversión
El relevamiento de Eco Go también identifica una relación entre los ciclos electorales y la evolución del gasto de capital de las provincias.
Desde 2005, las jurisdicciones destinaron a inversiones un promedio equivalente al 2,10% del PBI durante los años de elecciones presidenciales. En los años con elecciones legislativas, el promedio fue del 1,99%, mientras que en los períodos sin comicios alcanzó el 1,94%.
El informe también señala que, en los años impares, el gasto de capital provincial creció en promedio un 8,5% real, mientras que en los años pares retrocedió un 5,1%.
Otra diferencia aparece en el ritmo de ejecución. Durante los años presidenciales, las provincias suelen concentrar una mayor proporción de la inversión durante el primer semestre: alrededor del 40% del total anual, frente al 34% habitual de los años sin elecciones.
Estos antecedentes permiten identificar un patrón de comportamiento del gasto público, aunque no garantizan que el próximo ciclo reproduzca exactamente la misma dinámica. La posibilidad de acelerar las obras dependerá también de la disponibilidad de fondos y de las condiciones económicas y financieras.
Qué provincias tienen recursos para invertir
El informe de Eco Go muestra diferencias importantes entre las jurisdicciones en cuanto a su disponibilidad de fondos.
En agosto, los depósitos provinciales sumaban $19,6 billones. Sin embargo, después de descontar los recursos que los tesoros ya habían utilizado, la liquidez efectivamente disponible se reducía a $10,4 billones.
Ese monto equivalía a unos US$6.900 millones, aproximadamente el 1,06% del PBI, de acuerdo con las cifras presentadas en el estudio.
A primera vista, la suma podría parecer suficiente para financiar una expansión de las obras. No obstante, los recursos se encuentran distribuidos de manera desigual y las necesidades de inversión varían entre las provincias.
Según la consultora, ocho jurisdicciones cuentan con depósitos suficientes para recuperar sus niveles históricos de inversión durante los años electorales: San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Neuquén y Córdoba.
Otras seis podrían cubrir parcialmente esa diferencia: San Luis, La Rioja, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Río Negro.
En cambio, Formosa, Misiones, Chaco, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego no dispondrían de fondos suficientes para financiar siquiera la mitad de la brecha identificada.
La provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe presentan una situación diferente: sus niveles actuales de inversión ya superan sus respectivos promedios de los años electorales.
El estudio advierte que la disponibilidad de depósitos no es el único factor que define la capacidad para ejecutar obras. Aunque la deuda provincial representa alrededor del 3,3% del PBI, el ritmo de las inversiones dependerá principalmente de las posibilidades de acceder a financiamiento y no solamente de los recursos líquidos existentes.
Caputo apuesta por las concesiones viales
Mientras las provincias analizan sus posibilidades presupuestarias, el Ministerio de Economía impulsa un esquema de inversión en infraestructura basado en concesiones viales y participación privada.
Esta semana, Caputo destacó la recuperación de distintos corredores nacionales mediante el sistema de gestión privada. El objetivo del mecanismo es promover trabajos de mantenimiento y mejora de rutas sin recurrir exclusivamente al financiamiento tradicional del Tesoro nacional.
Entre las intervenciones anunciadas figuran 546,65 kilómetros correspondientes al denominado Tramo Pampa, sobre las rutas nacionales 5 y 35, entre Luján y Santa Rosa.
También se informaron trabajos sobre más de 360 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, correspondientes al corredor del Mercosur, además de otros 59 kilómetros sobre la ruta 174 y la conexión Rosario-Victoria.
Las tareas incluyen reparaciones de calzada, bacheo, sellado de fisuras y mejoras de seguridad vial. En el caso del Tramo Pampa, las obras iniciales se completaron en aproximadamente tres meses, antes del plazo contractual de un año, según la información suministrada.
Para el Gobierno, las concesiones representan una alternativa para movilizar inversiones en infraestructura mediante la participación de empresas privadas. Su efecto sobre la actividad económica y el empleo dependerá del volumen de los trabajos, los desembolsos efectivos y la velocidad de ejecución de los proyectos.
La construcción y la pérdida de puestos de trabajo
La apuesta por las obras también está relacionada con el deterioro que sufrió el sector durante los últimos años.
La construcción tiene capacidad para generar empleo a través de la ejecución de proyectos y de la demanda de materiales, transporte y servicios asociados. Por eso, una recuperación de la inversión puede repercutir en distintas actividades vinculadas con la cadena productiva.
Sin embargo, el sector fue uno de los más afectados por el retroceso de la actividad. El informe de Eco Go señala que entre noviembre de 2023 y julio de 2026 la construcción perdió alrededor de 63.400 puestos de trabajo asalariado registrado.
La industria manufacturera registró una caída aún mayor, con aproximadamente 90.900 empleos menos durante el período mencionado.
En conjunto, el empleo asalariado privado formal perdió unos 264.000 puestos desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, según las cifras incluidas en el material de origen.
En ese marco, una eventual ampliación de la inversión en infraestructura podría contribuir a impulsar la actividad y la ocupación. No obstante, el efecto concreto dependerá de que los proyectos se ejecuten y de que el financiamiento disponible se transforme en nuevas obras.
El desafío de convertir los recursos en actividad económica
La posibilidad de sumar cerca de US$4.000 millones en infraestructura durante 2027 plantea una oportunidad para las provincias, pero también expone las limitaciones que enfrenta la estrategia económica.
Por un lado, algunos gobiernos provinciales cuentan con recursos para ampliar sus inversiones. Por otro, varias jurisdicciones tienen una disponibilidad financiera más limitada y necesitarían acceder a otras fuentes de financiamiento para acercarse a sus niveles históricos de gasto de capital.
La política del Ministerio de Economía apunta a complementar esa capacidad provincial con inversiones privadas, especialmente a través de las concesiones viales. El esquema busca sostener la infraestructura sin comprometer el objetivo de equilibrio fiscal que mantiene Caputo.
La evolución de la economía y las decisiones que se adopten durante los próximos meses serán determinantes para establecer cuánto de la inversión potencial llegará efectivamente a las obras. La construcción aparece como una de las alternativas para dinamizar la actividad, pero su capacidad para impulsar una recuperación dependerá de la disponibilidad de fondos, el acceso al crédito y el ritmo de ejecución.
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