Los rectores y rectoras de las universidades nacionales se concentrarán este miércoles en Plaza de Mayo para exigir la aplicación plena de la norma aprobada por el Congreso. La protesta ocurre después de un fallo judicial que cuestionó el decreto del Ejecutivo que había condicionado su ejecución y mientras el Gobierno prepara una apelación.
Las autoridades de las universidades públicas nacionales volverán a poner el financiamiento universitario en el centro de la agenda política este miércoles, con una concentración frente a la Casa Rosada. El reclamo se produce después de una resolución judicial que ordenó avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su ejecución.
La movilización estará encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades nacionales. El Comité Ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores se reunirá desde las 14.30 en Plaza de Mayo, donde reiterará su pedido al Poder Ejecutivo para que cumpla de manera plena y efectiva con la normativa aprobada por el Congreso.
El conflicto judicial se suma a una discusión presupuestaria que ya atraviesa al sistema universitario y que tendrá otro capítulo el próximo jueves, cuando se realice una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.
El fallo que reabrió la disputa por el financiamiento
La protesta de los rectores llega después del fallo del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el CIN, universidades nacionales y docentes, además de una demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había promulgado la Ley 27.795, pero había condicionado su puesta en funcionamiento a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
La resolución cuestionó específicamente la condición incorporada al decreto presidencial, que señalaba que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Esa norma establece que las leyes que autoricen o dispongan gastos deben contemplar expresamente su financiamiento.
Según el planteo desarrollado en el fallo, el artículo 9 de la Ley 27.795 ya establecía pautas de financiamiento y otorgaba facultades al Poder Ejecutivo para realizar las adecuaciones necesarias para su implementación.
El juez también consideró la situación presupuestaria del Estado nacional. La Argentina no contaba con una nueva ley de presupuesto para los ejercicios 2024 y 2025, por lo que continuaban prorrogadas las partidas correspondientes al presupuesto de 2023. Durante 2025, además, se habían realizado seis modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.
Otro de los elementos considerados fue una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual el costo total de la Ley 27.795 durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
Ese dato fue incorporado al análisis judicial para evaluar si efectivamente existía un impedimento presupuestario que justificara que la aplicación de la norma quedara condicionada.
Salarios, gastos de funcionamiento y becas
La resolución también tomó en consideración hechos posteriores a la presentación de las demandas.
Entre ellos se encuentran las actas paritarias firmadas el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes.
En esas negociaciones se acordó una actualización salarial acumulada del 24,33%, compuesta por un incremento del 21,33% desde junio y otro del 3% previsto para octubre.
También se estableció una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios y una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano.
Para el magistrado, esos acuerdos formaban parte del escenario existente al momento de resolver y debían ser considerados en el análisis del conflicto entre las universidades y el Poder Ejecutivo.
La disputa, de todos modos, no comenzó con esta sentencia. Antes del fallo de Cormick, el CIN y la UBA ya habían obtenido una medida cautelar que había declarado inaplicable la suspensión de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 establecida mediante el decreto presidencial.
La Sala III confirmó posteriormente esa medida. Con la nueva sentencia, el juez avanzó sobre la cuestión de fondo y declaró directamente la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 en el aspecto cuestionado, además de ordenar el cumplimiento de la ley.
El propio CIN había informado en junio que la Corte Suprema había dejado firme la cautelar vinculada con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno prepara una apelación
Frente a la nueva resolución judicial, el Gobierno nacional prepara una apelación. La estrategia oficial se desarrolla mientras la administración analiza cómo responder al fallo y qué mecanismos legales puede utilizar frente al impacto presupuestario que implicaría la ejecución de la norma.
La discusión combina así dos planos diferentes. Por un lado, las universidades reclaman que se cumpla una ley sancionada por el Congreso y respaldada posteriormente por decisiones judiciales. Por otro, el Ejecutivo sostiene una discusión sobre la disponibilidad y asignación de recursos públicos y busca continuar la vía judicial contra las decisiones que le ordenan ejecutar la norma.
El conflicto vuelve a colocar en primer plano la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial en torno al financiamiento de las universidades nacionales.
Nueva Marcha Federal Universitaria
El reclamo de los rectores tendrá continuidad el jueves 15 de octubre, cuando se realice una nueva Marcha Federal Universitaria con concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13.30.
La movilización tendrá como uno de sus principales ejes el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y coincidirá con una sesión especial solicitada por bloques opositores de la Cámara de Diputados.
El escenario legislativo adquiere especial importancia porque el Congreso comenzó a discutir el Presupuesto 2027, que determinará las partidas destinadas al sistema universitario para el próximo ejercicio.
En septiembre, el CIN presentó ante diputados y senadores su propuesta presupuestaria para 2027 y solicitó $11 billones para las universidades nacionales. Según el organismo, esa cifra contempla los recursos necesarios para aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario y representa un 33% más que el monto previsto en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El CIN también señaló que esos $11 billones constituyen una base de financiamiento para iniciar el ejercicio y que deberían actualizarse durante el año de acuerdo con la evolución de los salarios, la inflación y otras variables que inciden sobre el funcionamiento de las universidades.
La diferencia entre ambos planteos será uno de los puntos centrales del debate presupuestario.
Una disputa que excede el reclamo salarial
Aunque la actualización de los salarios docentes y no docentes ocupa un lugar central en el conflicto, la discusión actual abarca un conjunto más amplio de recursos.
La Ley de Financiamiento Universitario también contempla mecanismos vinculados con el funcionamiento de las instituciones y las becas estudiantiles. De allí que el reclamo de los rectores no se limite a la recomposición salarial, sino que incluya la aplicación integral de la norma.
El CIN viene planteando que el presupuesto 2027 debe garantizar un piso de recursos que permita sostener el funcionamiento del sistema y, al mismo tiempo, contemplar las actualizaciones previstas por la ley. En su presentación ante el Congreso, el organismo sostuvo que la previsibilidad presupuestaria resulta necesaria para planificar el funcionamiento de las universidades durante el próximo año.
De esta manera, la concentración de este miércoles frente a Casa Rosada será una nueva expresión de un conflicto que combina un fallo judicial, una apelación del Gobierno, el reclamo de las autoridades universitarias y una discusión presupuestaria que continuará en el Congreso.
La disputa tendrá nuevos capítulos durante octubre, con la movilización universitaria del jueves 15 y el tratamiento del Presupuesto 2027, mientras continúa la discusión sobre el alcance y la ejecución efectiva de la Ley 27.795.
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