Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, brindará una conferencia de prensa en la que se esperan anuncios sobre modificaciones a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El proyecto plantea cambios en expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego, aunque el oficialismo analiza flexibilizar algunos puntos para conseguir el respaldo necesario.
El oficialismo volverá a poner en agenda el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo y promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La propuesta ya cuenta con dictamen de mayoría en las comisiones del Senado, pero hasta el momento el Gobierno no logró reunir los votos suficientes para avanzar con su aprobación.
En este contexto, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, ofrecerá una conferencia de prensa en la que podría anunciar una serie de modificaciones destinadas a conseguir el acompañamiento de otros espacios políticos y alcanzar la mayoría necesaria para obtener la media sanción.
El proyecto propone una serie de reformas vinculadas con el derecho de propiedad y busca modificar distintas normas relacionadas con las expropiaciones, los procesos de desalojo, las tierras rurales y el manejo del fuego.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es «eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica».
Sin embargo, el texto generó diferencias entre el oficialismo y otros bloques, por lo que durante el debate parlamentario se introdujeron modificaciones. Entre los principales puntos de discusión se encuentran las reglas para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, los mecanismos de desalojo y las restricciones sobre terrenos afectados por incendios.
Expropiaciones: el proyecto busca limitar el margen de acción del Estado
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación de la Ley 21.499, vigente desde 1977, que establece las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar con una expropiación.
Actualmente, una expropiación debe estar justificada por razones de «utilidad pública». El proyecto plantea una definición más estricta de este concepto y establece que la declaración deberá precisar de manera concreta el objetivo perseguido. Además, la expropiación deberá ser considerada idónea, necesaria y proporcional para alcanzar esa finalidad.
La propuesta también modifica el esquema de indemnizaciones que debe recibir el propietario. Mientras que la legislación actual contempla el pago del valor del bien y de los daños directos, la reforma incorpora el lucro cesante cuando este sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Además, el proyecto plantea que el valor del inmueble sea determinado antes de la intervención estatal y que la actualización contemple la inflación más una tasa de interés considerada comercialmente razonable y establecida por la Justicia.
Otro de los cambios establece que el bien expropiado no pasaría a manos del Estado hasta que la indemnización haya sido abonada en su totalidad. También se propone que esos pagos queden exceptuados de impuestos y que tenga mayor peso el dictamen elaborado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Barrios populares: el proyecto mantiene la protección contra desalojos
Otro de los capítulos que sufrió modificaciones durante el tratamiento en comisiones está relacionado con los barrios populares.
El texto original del Gobierno contemplaba la derogación de algunos artículos de la Ley 27.453, correspondiente al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y abría la posibilidad de avanzar con desalojos de manera inmediata.
Sin embargo, este apartado fue eliminado durante la discusión en las comisiones del Senado. De esta manera, se mantienen las disposiciones actualmente vigentes de la Ley de Integración Socio Urbana.
Entre sus principales alcances, la norma establece la suspensión de los desalojos en los barrios populares hasta octubre de 2032. También declara de utilidad pública los terrenos involucrados, lo que permite avanzar con procesos de expropiación y regularización dominial bajo la órbita del Estado nacional.
Manejo del fuego: qué cambia para los terrenos afectados por incendios
La iniciativa también plantea modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, aunque en este punto el Senado introdujo cambios respecto de la propuesta original.
La normativa vigente establece restricciones durante 60 años para los propietarios de terrenos afectados por incendios. Durante ese período, existen limitaciones para modificar el uso del suelo, lotear o vender las tierras ubicadas en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
La propuesta inicial del Gobierno buscaba eliminar las prohibiciones para las áreas de uso rural y mantenerlas parcialmente en el caso de los bosques nativos, específicamente respecto del cambio de uso del suelo.
Durante el tratamiento parlamentario, el dictamen rechazó los cambios previstos para los bosques nativos. De esta manera, se mantiene la prohibición de 60 años, con el objetivo de evitar que los incendios puedan ser utilizados como mecanismo para favorecer posteriores negocios inmobiliarios.
En cambio, se aceptaron parcialmente modificaciones para las tierras rurales. En este caso, se elimina el período de 30 años durante el cual estaba restringida la posibilidad de vender o modificar el uso del suelo.
Tierras rurales: el debate por la compra de campos por extranjeros
Uno de los puntos que podría sufrir nuevas modificaciones está relacionado con la Ley de Tierras Rurales y las restricciones para la adquisición de terrenos por parte de inversores extranjeros.
La legislación vigente considera como propiedad extranjera aquella perteneciente a personas físicas extranjeras, inversores privados extranjeros o sociedades de capital privado de origen extranjero.
Para estos casos, la normativa establece que los extranjeros no pueden controlar más del 15% del total de las tierras a nivel nacional, provincial o municipal. Además, ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese porcentaje y un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo o una superficie equivalente de acuerdo con las características de cada región.
El proyecto impulsado por el oficialismo planteaba eliminar estas restricciones.
Sin embargo, el dictamen aprobado en el Senado incorporó una alternativa: otorgar a las provincias la posibilidad de autorizar, regular o directamente impedir la venta de parcelas a extranjeros dentro de sus respectivos territorios.
Además, según trascendió, Bullrich anunciaría una modificación al proyecto durante su conferencia de prensa. El límite del 15% no sería eliminado, sino que podría elevarse al 25%. El borrador que circuló en las últimas horas establecería ese porcentaje para las provincias y no para los departamentos.
El proyecto también contempla restricciones para los Estados extranjeros y sus instrumentos, como organismos, empresas públicas o fondos fiduciarios estatales, que quedarían impedidos de adquirir tierras.
Sin embargo, esta prohibición podría levantarse si el Poder Ejecutivo determina que una operación no implica un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Desalojos: procesos más rápidos y menos requisitos
Otro de los puntos centrales de la reforma es la modificación de los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados.
La propuesta modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación. El objetivo es acelerar los procesos de desalojo, facilitar la ejecución anticipada antes de que exista una sentencia definitiva y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.
Uno de los cambios más relevantes consiste en transformar el proceso en un trámite sumarísimo, es decir, el procedimiento más breve previsto por el Código Procesal.
Además, se elimina la exigencia de presentar una caución real, que funciona como una garantía generalmente económica, para solicitar la desocupación inmediata. En su lugar, el propietario podría presentar una declaración jurada sin necesidad de aportar un respaldo patrimonial.
En el caso de los alquileres de viviendas, el proyecto original establecía que el propietario debía intimar al inquilino con al menos tres días de anticipación antes de iniciar una demanda por falta de pago.
Durante el tratamiento en el Senado, ese plazo fue ampliado a diez días.
Digitalización de los trámites registrales
La reforma también incluye cambios vinculados con los registros de propiedad inmueble.
La propuesta apunta a digitalizar procedimientos, reducir y establecer plazos más acotados y mejorar la coordinación entre el Estado nacional y las provincias.
En términos generales, el Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirían agilizar los trámites relacionados con los inmuebles y mejorar la seguridad jurídica sobre la propiedad.
El oficialismo busca los votos para avanzar
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada representa una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno que todavía no logró avanzar en el Congreso por falta de consenso político.
Por este motivo, el oficialismo analiza introducir cambios en algunos de sus puntos más controvertidos. La discusión sobre la compra de tierras rurales por extranjeros aparece como uno de los principales aspectos en los que podría haber concesiones para acercar posiciones con otros bloques.
Mientras tanto, el proyecto mantiene modificaciones relevantes en materia de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y trámites registrales.
La estrategia del Gobierno apunta ahora a reunir los apoyos necesarios para conseguir la media sanción en el Senado y continuar con el tratamiento de una reforma que busca reforzar la protección jurídica de la propiedad privada, pero que también genera cuestionamientos y debates en torno a sus efectos sobre el acceso a la tierra, los barrios populares y las facultades del Estado.
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