La Cámara alta volverá a sesionar para intentar aprobar el proyecto impulsado por el oficialismo luego de eliminar el apartado más controvertido sobre la venta de tierras rurales a extranjeros. Expropiaciones, desalojos y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego concentrarán el debate.
El Senado de la Nación retomará este jueves la sesión que había quedado en cuarto intermedio durante julio con el objetivo de avanzar en la aprobación del proyecto de ley de propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para reformar distintos aspectos vinculados a la protección del derecho de propiedad.
El tratamiento se producirá luego de que el oficialismo resolviera retirar del texto el capítulo referido a la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros, uno de los puntos que había generado mayor resistencia entre los bloques opositores y dialoguistas y que impedía reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
Con esa modificación, la discusión legislativa se concentrará ahora en tres ejes principales: el régimen de expropiaciones, los cambios en los procesos de desalojos y las reformas a la Ley de Manejo del Fuego.
Debate político y controversia reglamentaria
Además del contenido del proyecto, la sesión estará atravesada por una fuerte discusión reglamentaria vinculada a la habilitación de la participación virtual de dos senadores.
La decisión contó con el aval de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, aunque generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo y también entre algunos sectores dialoguistas, que consideran que la modalidad debe ser aprobada expresamente por el pleno de la Cámara.
El debate sobre este punto podría abrir la jornada legislativa antes del tratamiento del proyecto.
Cambios en el régimen de expropiaciones
Uno de los capítulos centrales de la iniciativa modifica la Ley de Expropiaciones con el objetivo de establecer criterios más restrictivos para que el Estado pueda avanzar sobre bienes privados.
El proyecto determina que la declaración de utilidad pública deberá justificar de manera específica el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación resulta necesaria, proporcional e indispensable para cumplir ese fin.
También redefine el esquema de indemnizaciones que deberá percibir el propietario afectado.
La propuesta establece que la compensación comprenderá el valor objetivo del bien y los daños directos derivados de la expropiación. Además, incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda demostrarse de manera objetiva que constituye una consecuencia inmediata del proceso expropiatorio.
Sin embargo, fija un límite: esa compensación adicional no podrá superar el 30% del daño emergente, salvo que el afectado pruebe una pérdida superior.
El texto también contempla beneficios para ocupantes que acrediten haber poseído de forma pacífica, continua y con causa lícita un inmueble urbano destinado a vivienda única durante al menos diez años.
Desalojos más rápidos
Otro de los aspectos más relevantes del proyecto apunta a acelerar los procesos judiciales de desalojo.
La reforma establece que, cuando exista falta de pago del alquiler de un inmueble destinado a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino otorgándole un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda.
La notificación podrá enviarse tanto al domicilio físico como al domicilio electrónico informado en el contrato y será considerada válida incluso si el inquilino rechaza recibirla o impide su entrega.
Cumplido ese plazo sin respuesta, el propietario podrá iniciar la demanda judicial, que deberá tramitar mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente.
Asimismo, el proyecto aclara que el locador no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble ni condicionar su recepción, aun cuando existan obligaciones económicas pendientes.
Reforma de la Ley de Manejo del Fuego
La iniciativa también propone modificar distintos artículos de la Ley de Manejo del Fuego sancionada durante la gestión de Alberto Fernández.
El texto mantiene la prohibición de modificar el uso de los bosques nativos afectados por incendios, cualquiera sea su propietario.
Sin embargo, elimina las restricciones que actualmente impiden durante décadas desarrollar emprendimientos inmobiliarios o modificar el uso productivo de tierras rurales incendiadas.
La legislación vigente establece una veda de hasta 60 años para los bosques nativos y de 30 años para determinadas zonas agropecuarias, con el objetivo de evitar maniobras especulativas tras los incendios.
El proyecto impulsado por el oficialismo busca eliminar esas limitaciones para las superficies destinadas a actividades rurales, aunque mantiene resguardos específicos para los bosques nativos.
Una ley que perdió su capítulo más polémico
La eliminación del apartado referido a las tierras rurales en manos extranjeras permitió destrabar parcialmente el tratamiento del proyecto.
La propuesta original impulsaba una profunda modificación del régimen vigente, flexibilizando las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Sin embargo, la falta de consenso político llevó al oficialismo a retirar completamente ese capítulo para intentar garantizar la aprobación del resto de la iniciativa.
De esta manera, el Senado buscará avanzar con una versión acotada de la ley, centrada en reformas sobre expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, mientras el debate sobre el régimen de tierras rurales quedó postergado.
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