La quinta Marcha Federal Universitaria se realiza este jueves 15 de octubre para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los datos presupuestarios muestran una caída real del gasto en educación superior desde 2023, mientras que los salarios docentes continúan por debajo de los niveles de ese año. En paralelo, la Justicia impuso una multa diaria al jefe de Gabinete por el incumplimiento de una medida cautelar.
La quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a colocar en el centro de la agenda pública el financiamiento de las universidades nacionales, la evolución de los salarios docentes y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector, está prevista para este jueves 15 de octubre de 2026, a las 16, frente al Congreso de la Nación.
La movilización se desarrolla en un contexto de controversia por la ejecución del presupuesto universitario y por la aplicación de la normativa que establece mecanismos de actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones y de los ingresos del personal docente.
En la previa de la protesta, la Justicia Federal aplicó una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con determinados artículos de la ley. La decisión se suma a una disputa judicial que se mantiene abierta entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario.
Las cifras presupuestarias y salariales permiten dimensionar el alcance del conflicto: aunque para 2026 se proyecta una mejora real del gasto respecto del año anterior, los recursos previstos continúan por debajo de los niveles de 2023. En el caso de los salarios docentes, la pérdida acumulada también refleja la distancia entre los ingresos actuales y los valores que deberían alcanzarse según la actualización prevista en la ley.
El presupuesto universitario sigue por debajo de los niveles de 2023
Para 2026, el Gobierno nacional prevé destinar $6,2 billones a la educación superior. Esa cifra representa un incremento real del 5% respecto de 2025, pero todavía se encuentra un 25,3% por debajo del gasto registrado en 2023, último año de la gestión del Frente de Todos.
Para igualar en 2026 el nivel de inversión de aquel año, el Estado debería destinar aproximadamente $8,3 billones al sistema de educación superior. La diferencia muestra que la recuperación proyectada frente al año anterior no alcanza para compensar la pérdida acumulada en relación con la base de comparación.
El panorama previsto para el ejercicio siguiente tampoco plantea una recuperación significativa en términos reales. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla gastos por $7,5 billones para educación superior, un monto que representa prácticamente un nivel similar al de 2026 una vez descontado el efecto de la inflación.
Sin embargo, para equiparar la inversión de 2023, el presupuesto universitario debería alcanzar los $10 billones en 2027. De esta manera, las cifras proyectadas mantienen una brecha considerable respecto del nivel de recursos que se necesitaría para recuperar el poder de compra del gasto público destinado a las universidades.
La ejecución presupuestaria también forma parte de la discusión. Durante los primeros nueve meses de 2026, el Gobierno ejecutó $4,2 billones en educación superior, equivalente al 69% del presupuesto previsto para todo el año.
Este dato permite observar cuánto se había utilizado del crédito presupuestario hasta septiembre, aunque por sí solo no determina si los recursos resultarán suficientes para cubrir todas las necesidades del sistema durante el ejercicio.
Hospitales universitarios: la ejecución superó lo previsto para todo el año
La situación de los hospitales universitarios constituye otro de los puntos de tensión entre las autoridades educativas y el Gobierno nacional. A comienzos de año, el Consejo Interuniversitario Nacional había planteado reclamos vinculados con los fondos destinados a estas instituciones.
De acuerdo con los datos consignados en el relevamiento, hasta septiembre se habían ejecutado $127.000 millones para la asistencia a hospitales universitarios. El monto supera los $114.000 millones previstos para el conjunto de 2026.
La diferencia entre el presupuesto anual y lo ejecutado hasta septiembre coloca a este componente del financiamiento universitario entre los temas que requieren seguimiento. Los hospitales forman parte de las funciones que desarrollan distintas universidades nacionales, por lo que la disponibilidad de recursos también integra el debate sobre el sostenimiento de sus actividades.
Los salarios docentes perdieron 24,2% desde noviembre de 2023
La evolución de los ingresos del personal docente es otro de los ejes centrales de la movilización. En septiembre de 2026, un docente auxiliar de primera con dedicación simple —equivalente a nueve horas semanales— y diez años de antigüedad percibió un salario de $421.236, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
Ese ingreso representa una caída del 24,2% respecto de noviembre de 2023. La comparación refleja el deterioro salarial acumulado durante el período y constituye uno de los principales argumentos del reclamo gremial por la actualización de las remuneraciones.
A comienzos de junio, el Gobierno y los gremios universitarios habían acordado un incremento salarial del 24,3%, distribuido en dos etapas: un 21,3% en junio y un 3% en octubre. Sin embargo, ese acuerdo no alcanza, según los cálculos presentados en el material de referencia, para equiparar los salarios con la actualización por inflación contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.
Para cumplir con ese mecanismo de actualización desde noviembre de 2023, el salario del caso tomado como referencia debería aumentar un 32% adicional, hasta alcanzar aproximadamente los $556.000.
La distancia entre el ingreso percibido y el valor estimado para cumplir con la ley constituye uno de los puntos centrales del conflicto. La discusión no se limita al porcentaje de aumento acordado durante el año, sino que también comprende la pérdida acumulada frente a la inflación y la aplicación de la fórmula prevista en la normativa.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
En agosto de 2025, el Senado sancionó de manera definitiva la Ley de Financiamiento Universitario. Entre sus disposiciones, la norma estableció una actualización del presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades y de los salarios docentes en función de la inflación acumulada desde fines de 2023.
En septiembre de ese año, el presidente Javier Milei, de La Libertad Avanza, vetó la ley. El argumento del Poder Ejecutivo fue que la norma no identificaba las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los aumentos previstos.
Posteriormente, la oposición rechazó el veto en el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que suspendía la ejecución de la ley hasta que el Poder Legislativo determinara las fuentes de financiamiento correspondientes.
La decisión abrió una nueva instancia de controversia judicial. A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró la inconstitucionalidad del decreto, una resolución que fue apelada por el Gobierno nacional.
Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Justicia dispuso una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de dos artículos de la ley vinculados con los salarios docentes y las becas estudiantiles. La Corte Suprema ratificó esa decisión.
Ante el incumplimiento de la cautelar, el juez federal Martín Cormick aplicó una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La sanción introduce una consecuencia económica directa para un funcionario del Poder Ejecutivo en el marco de la disputa por la aplicación de la normativa.
Un conflicto que combina presupuesto, salarios y cumplimiento judicial
La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrolla en medio de tres discusiones relacionadas: la evolución real de los recursos destinados a la educación superior, la recuperación de los salarios docentes y la obligación de cumplir con las disposiciones judiciales vinculadas con la Ley de Financiamiento Universitario.
Por un lado, el presupuesto proyectado para 2026 muestra una mejora real respecto de 2025, pero continúa un 25,3% por debajo del nivel de 2023. Por otro, el salario utilizado como referencia registra una pérdida del 24,2% frente a noviembre de aquel año y requeriría un incremento adicional para alcanzar el valor calculado según la actualización prevista en la ley.
A esas diferencias se suma el conflicto institucional por la suspensión de la normativa y las decisiones judiciales que ordenaron cumplir con parte de sus disposiciones.
En este escenario, la movilización convocada por universidades y gremios busca poner en discusión tanto la disponibilidad de recursos como el cumplimiento de los compromisos salariales y presupuestarios. La evolución del presupuesto, las negociaciones entre el Gobierno y el sector universitario y el desenlace de la disputa judicial serán determinantes para conocer cómo continúa el conflicto.
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