Las negociaciones para modificar el sistema electoral quedaron en suspenso por las diferencias dentro del oficialismo y la falta de consenso con los bloques aliados. El Gobierno busca eliminar las PASO, pero el debate sobre las colectoras y la estrategia legislativa complejizan el tratamiento del proyecto en el Congreso.
La reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de incertidumbre luego de que las diferencias dentro del oficialismo y la falta de acuerdos con los espacios aliados frenaran el avance del proyecto en el Congreso. La iniciativa, considerada estratégica por la Casa Rosada de cara al calendario electoral de 2027, enfrenta cuestionamientos tanto por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como por la discusión sobre nuevos mecanismos de adhesión de listas.
Aunque la salida de Manuel Adorni de la mesa política buscó reorganizar el funcionamiento interno del oficialismo, las negociaciones no lograron consolidar una posición común. Como consecuencia, el tratamiento de la reforma quedó en suspenso y podría postergarse hasta el próximo año legislativo.
Qué cambios busca impulsar el Gobierno
El principal objetivo del Ejecutivo es eliminar las PASO del calendario electoral. Desde la Casa Rosada consideran que un único proceso electoral fortalecería la estrategia política del oficialismo y reduciría los costos de organización de los comicios.
Sin embargo, distintos sectores de la oposición dialoguista expresaron reparos. Tanto dirigentes del PRO como de la Unión Cívica Radical sostienen que, sin primarias obligatorias, las definiciones de candidaturas quedarían excesivamente concentradas en las conducciones partidarias y en eventuales acuerdos con La Libertad Avanza.
Al mismo tiempo, partidos provinciales plantean una posición diferente. En lugar de avanzar con una reforma integral, proponen mantener el esquema utilizado en las elecciones anteriores, suspendiendo únicamente las PASO y conservando el actual sistema de Boleta Única de Papel.
El debate por las colectoras volvió a dividir posiciones
Otro de los puntos que generó mayor discusión fue la posibilidad de habilitar un sistema de adhesiones legislativas, similar al funcionamiento que históricamente tuvieron las colectoras.
La iniciativa había comenzado a discutirse entre referentes oficialistas y algunos gobernadores radicales con el objetivo de facilitar acuerdos electorales en distintos distritos. Sin embargo, el proyecto perdió respaldo interno.
Desde distintos sectores del oficialismo surgieron dudas sobre la efectividad del mecanismo y sobre la posibilidad de que también pudiera beneficiar a la oposición, especialmente al peronismo en aquellas provincias donde busque presentar listas de apoyo alrededor de una candidatura común.
Estas diferencias terminaron paralizando las conversaciones y alejando la posibilidad de alcanzar un consenso parlamentario.
Santilli reordenó la estrategia política
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete modificó parte de la discusión interna. Según trascendió, el funcionario comenzó a recopilar opiniones dentro del oficialismo y detectó resistencia a incorporar el sistema de adhesiones.
Entre las preocupaciones aparece la posibilidad de que ese mecanismo facilite estrategias electorales de fuerzas opositoras en distintos distritos, especialmente si logran presentar candidaturas unificadas acompañadas por estructuras provinciales.
Frente a ese escenario, algunos sectores comenzaron a considerar que la suspensión de las PASO podría convertirse en una alternativa más viable que una reforma electoral de mayor alcance.
La posición de Patricia Bullrich
Las diferencias internas también alcanzaron a Patricia Bullrich, quien inicialmente había participado de conversaciones vinculadas al esquema de adhesiones legislativas.
Con el correr de las negociaciones, la dirigente manifestó públicamente que ese mecanismo «deforma» el sistema electoral y sostuvo que actualmente no existen los votos necesarios para aprobar una reforma integral.
Su postura terminó profundizando las diferencias dentro del oficialismo y dejó sin respaldo una de las alternativas que hasta hacía pocas semanas era analizada por distintos sectores del Gobierno.
Los gobernadores y la negociación política
Mientras continúa el debate, la Casa Rosada mantiene conversaciones con gobernadores de distintos espacios políticos para intentar construir mayorías legislativas.
En paralelo, dirigentes oficialistas analizan acuerdos políticos que permitan reducir la competencia de La Libertad Avanza en algunos distritos a cambio de respaldo parlamentario para proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo.
Dentro de esa estrategia aparecen también negociaciones vinculadas a futuras elecciones provinciales y al armado político de cara a los próximos años.
El proyecto podría postergarse
Ante la falta de consensos, el tratamiento de la reforma electoral quedó previsto inicialmente para agosto, aunque distintos sectores reconocen que difícilmente pueda existir una definición rápida.
Si las negociaciones no prosperan durante el segundo semestre, el Gobierno evalúa reabrir el debate a comienzos del próximo período legislativo.
Mientras tanto, la suspensión de las PASO aparece como la alternativa con mayores posibilidades de reunir apoyos parlamentarios, aunque tampoco existe hasta el momento un acuerdo definitivo.
El «shutdown» como herramienta de presión política
En paralelo al debate electoral, Javier Milei anticipó que enviará el proyecto de Presupuesto 2027 acompañado por una iniciativa inspirada en el denominado «shutdown» estadounidense.
La propuesta busca impedir que el Estado continúe ejecutando gastos cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reforzar la disciplina fiscal y evitar ampliaciones discrecionales del gasto público. Sin embargo, distintos sectores de la oposición relativizan la posibilidad de que una medida de esas características llegue a implementarse en Argentina, aunque algunos dirigentes consideran que el debate podría abrir una discusión sobre nuevas reglas para la administración del presupuesto nacional.
La agenda legislativa continúa
Mientras la reforma electoral permanece sin definición, el Senado mantiene pendientes otros proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos iniciativas vinculadas a desregulación económica, propiedad privada, pliegos judiciales y designaciones diplomáticas.
El oficialismo también espera avanzar con proyectos promovidos por el Ministerio de Desregulación y con distintas reformas institucionales que forman parte de la agenda legislativa para el segundo semestre.
Por ahora, el escenario político muestra un oficialismo con dificultades para ordenar posiciones internas y construir acuerdos parlamentarios que permitan avanzar con una de las reformas que considera centrales para su estrategia electoral.
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