La Cámara alta aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo, aunque el Gobierno debió resignar dos de sus principales reformas: la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y los cambios vinculados a la venta de tierras a extranjeros. La iniciativa continuará ahora su tratamiento en Diputados.
Luego de una extensa y tensa sesión, el Senado aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, aunque el oficialismo debió aceptar importantes modificaciones para conseguir los votos necesarios. El proyecto obtuvo media sanción con un texto significativamente distinto al impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo y será ahora la Cámara de Diputados la encargada de definir su futuro.
La principal concesión realizada por La Libertad Avanza fue la eliminación del capítulo que proponía modificar la Ley de Manejo del Fuego. Esa decisión se sumó a la retirada previa del apartado que buscaba flexibilizar el régimen de venta de tierras rurales a extranjeros, dos de los puntos que habían generado mayor resistencia entre los bloques opositores y sectores dialoguistas.
Con la eliminación de la reforma ambiental, continuará vigente el esquema actual que prohíbe durante 30 y 60 años —según el tipo de superficie afectada— modificar el uso o comercializar tierras alcanzadas por incendios, tal como establece la legislación sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández e impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner.
Pese a esas modificaciones, el proyecto mantiene cambios relevantes en materia de expropiaciones y desalojos. La iniciativa establece nuevos criterios para declarar la utilidad pública de un bien y endurece las condiciones para que el Estado pueda avanzar con procesos expropiatorios. Además, incorpora procedimientos sumarísimos para agilizar desalojos por usurpaciones y también acelera los trámites judiciales en casos de falta de pago de alquileres.
Debate previo y acuerdo para descartar la sesión virtual
Antes del inicio del tratamiento legislativo también se produjo un acuerdo entre oficialismo, bloques dialoguistas y el kirchnerismo para dejar sin efecto la posibilidad de habilitar la participación virtual de dos senadores que contaban con justificación médica.
La decisión dejó sin efecto la propuesta impulsada por Victoria Villarruel, quien ejercía la Presidencia de la Nación de manera interina por el viaje de Javier Milei al exterior. Los legisladores coincidieron en evitar modificaciones reglamentarias que, según argumentaron, podrían generar antecedentes institucionales complejos para futuras sesiones.
Posteriormente, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, intentó que el proyecto regresara a comisión. La moción fue rechazada por 38 votos contra 31, permitiendo que el debate continuara en el recinto.
Cruces por la reforma ambiental
Durante la discusión parlamentaria, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió los cambios impulsados por el oficialismo y sostuvo que las restricciones vigentes sobre las tierras incendiadas resultaban excesivas al extenderse durante varias décadas.
Desde la oposición, el senador pampeano Pablo Bensusán cuestionó el contenido del proyecto y aseguró que las modificaciones afectaban recursos naturales estratégicos del país. También criticó que numerosas correcciones al dictamen fueran incorporadas pocas horas antes del debate sin haber pasado nuevamente por comisión.
En la misma línea, el senador radical Maximiliano Abad respaldó las reformas vinculadas a expropiaciones y desalojos, aunque rechazó las modificaciones planteadas para la Ley de Manejo del Fuego. Advirtió que una flexibilización de las restricciones ambientales podría entrar en conflicto con el principio constitucional de no regresión ambiental y derivar en futuros planteos judiciales.
Con el correr de las horas quedó en evidencia que el oficialismo no reuniría los apoyos suficientes para mantener ese capítulo dentro del proyecto. Finalmente, decidió retirarlo antes de la votación general para evitar una derrota parlamentaria.
Las críticas de la oposición y la defensa oficialista
Durante el cierre del debate, distintos senadores opositores cuestionaron la estrategia legislativa del Gobierno y denunciaron improvisación en la elaboración del proyecto. También señalaron que los cambios introducidos durante el tratamiento demostraban la falta de consensos políticos para avanzar con la propuesta original.
Por su parte, Patricia Bullrich defendió el espíritu de la iniciativa y sostuvo que el objetivo central es fortalecer el derecho de propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica. La senadora afirmó que los nuevos mecanismos de desalojo permitirán proteger tanto a propietarios como a familias afectadas por ocupaciones ilegales y aseguró que los actuales procesos de expropiación pueden extenderse durante casi dos décadas.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde volverán a debatirse los cambios incorporados y el alcance definitivo de la futura norma.

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