12 agosto, 2026

ADN Bonaerense

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El Gobierno sigue de cerca el petróleo, el dólar y las tasas de EE.UU. para sostener la baja de la inflación

La volatilidad internacional, marcada por el conflicto en Medio Oriente y las decisiones de la Reserva Federal, complica las proyecciones económicas del Ejecutivo.

La Casa Rosada busca que la desaceleración del IPC continúe y analiza una eventual baja de los combustibles, mientras también monitorea el dólar y las condiciones financieras de cara a los próximos años.

El Gobierno monitorea con atención tres variables internacionales que pueden alterar sus planes económicos: el precio del petróleo, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y la evolución del conflicto en Medio Oriente.

La preocupación oficial está vinculada con el impacto que estos factores pueden tener sobre la inflación, el tipo de cambio y el acceso al financiamiento. El objetivo del Ejecutivo es profundizar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero reconoce que las condiciones externas pueden modificar las proyecciones.

A este escenario se suma una discusión interna sobre la trayectoria que podría tener el dólar y sobre las condiciones que enfrentará la economía argentina en los próximos años.

El Gobierno busca evitar un escenario como el de 2019

Una de las razones centrales por las que el oficialismo impulsa la eliminación de las PASO es evitar que se repita un escenario como el de 2019.

En aquel año, la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias generó una fuerte reacción en los mercados financieros y cambiarios. Para el Gobierno, una elección primaria desfavorable puede ser interpretada por los mercados como una señal anticipada sobre el resultado de las elecciones generales y provocar movimientos que afecten a la economía durante la campaña.

Por ese motivo, la apuesta oficial es llegar directamente a las elecciones generales con una oferta electoral ordenada, acuerdos con las provincias y variables financieras que no queden expuestas a una primera votación nacional.

La estrategia política y económica, de este modo, aparecen vinculadas. La Casa Rosada busca reducir la posibilidad de que un resultado electoral anticipado genere incertidumbre sobre el rumbo económico y termine afectando el dólar, los bonos y otras variables financieras.

Diferencias dentro del Gobierno por el futuro del dólar

Dentro del Gabinete existen distintas miradas sobre la evolución que podría tener el tipo de cambio.

Algunos funcionarios son optimistas y consideran posible llegar a 2027 con valores similares a los actuales, sin que el dólar supere los $1600. Otros integrantes del Gobierno son más cautelosos y advierten que el escenario internacional puede tener una influencia significativa sobre el mercado cambiario argentino.

Entre los factores que generan preocupación aparecen las tasas de interés de Estados Unidos, el comportamiento del dólar a nivel mundial y la evolución de los precios de la energía.

La Casa Rosada fundamenta su proyección cambiaria en la política monetaria y fiscal aplicada por el Gobierno. Desde despachos oficiales sostienen que no hubo una emisión excesiva de dinero, que no se implementó un «plan platita» y que la demanda de pesos se mantiene en niveles considerados favorables.

Con esa lectura, el oficialismo considera que no existen razones internas suficientes para esperar una fuerte suba del dólar.

Sin embargo, las expectativas del mercado son algo menos optimistas. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la mediana de las proyecciones para diciembre en $1673, mientras que el promedio de los diez mejores pronosticadores se ubicó en $1621.

La diferencia entre las estimaciones oficiales y las expectativas privadas refleja una de las principales discusiones económicas que atraviesan al Gobierno: si el esquema actual puede sostenerse sin una aceleración del tipo de cambio en un contexto internacional más complejo.

Por qué la Reserva Federal es importante para Argentina

Otro de los puntos que sigue de cerca el Gobierno es la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La Fed mantuvo en junio su tasa de referencia en un rango de entre 3,5% y 3,75%. Sin embargo, sus documentos más recientes reconocieron la existencia de presiones inflacionarias vinculadas con la energía y mostraron expectativas de tasas más elevadas que las proyectadas meses atrás.

La próxima reunión del organismo está prevista para el 28 y 29 de julio.

La importancia de esta decisión para Argentina radica en el impacto que tienen las tasas estadounidenses sobre los flujos internacionales de capital.

Cuando Estados Unidos mantiene tasas elevadas o endurece su política monetaria, los activos financieros norteamericanos pueden resultar más atractivos para los inversores. Esto puede provocar una salida de capitales desde mercados emergentes, como Argentina, hacia instrumentos considerados de menor riesgo.

En el Gobierno explican que un endurecimiento monetario en Estados Unidos puede fortalecer al dólar a nivel global, aumentar los rendimientos de los bonos estadounidenses y reducir el ingreso de capitales hacia países emergentes.

Para la Argentina, esto podría traducirse en una menor disponibilidad de dólares, una mayor dificultad para acceder al financiamiento y nuevas presiones sobre el mercado cambiario.

El Ejecutivo también observa el fenómeno inverso. Cuando el dólar pierde fuerza a nivel internacional y disminuyen las expectativas de tasas estadounidenses, los activos argentinos pueden verse favorecidos. En esos períodos, los bonos locales pueden subir y el Riesgo País puede disminuir.

Economía sigue de cerca esta relación porque tiene consecuencias sobre tres aspectos centrales: la posibilidad de obtener financiamiento, la acumulación de reservas y la estabilidad del tipo de cambio.

El petróleo, otra variable que puede modificar la estrategia económica

La evolución del petróleo es otro de los factores que el Gobierno considera determinantes.

La guerra en Medio Oriente generó fuertes movimientos en el precio internacional del crudo. El barril de Brent para entrega en septiembre cerró este lunes en torno a los US$85, después de haber operado entre jueves y viernes por encima de los US$100.

Esta volatilidad complicó una de las expectativas que tenía el Ejecutivo para los próximos meses: una reducción de entre 10% y 15% en el precio de los combustibles hacia comienzos de agosto.

La importancia de esta posible reducción para el Gobierno no se limita al precio de la nafta. En la Casa Rosada consideran que una baja significativa de los combustibles podría tener un efecto favorable sobre otros precios de la economía.

La lógica es que los combustibles tienen incidencia sobre el transporte y la logística. Por lo tanto, una reducción de sus costos podría contribuir a moderar los gastos de las empresas y, eventualmente, ayudar a desacelerar la inflación.

En la mesa chica del Gobierno esperaban que una baja de entre 10% y 15% pudiera funcionar como una señal positiva para el resto de los precios y colaborar con el objetivo de llevar la inflación mensual por debajo del 1%.

Sin embargo, la Casa Rosada ahora reconoce que la reducción podría ser menor. La decisión dependerá de varios factores: el precio internacional del petróleo, los costos de importación, la evolución del tipo de cambio y la política comercial que definan las empresas petroleras durante las próximas semanas.

El Gobierno confía en que el conflicto en Medio Oriente no se prolongará

Pese a la volatilidad generada por el conflicto, en Balcarce 50 buscan reducir el nivel de preocupación sobre una eventual escalada prolongada.

La evaluación oficial parte de una consideración política: Donald Trump no podría llegar a las elecciones legislativas estadounidenses con una guerra extensa y con los precios de los combustibles en Estados Unidos presionados por un petróleo cercano a los US$100 por barril.

Desde el Gobierno consideran, por ese motivo, que el conflicto debería desescalarse antes de alcanzar ese escenario y no proyectan actualmente un impacto prolongado sobre el mercado energético.

De todos modos, la evolución de la guerra continúa siendo un factor externo que el Ejecutivo no puede controlar y que podría alterar sus cálculos económicos si el precio del petróleo vuelve a subir de manera sostenida.

La meta oficial: llevar la inflación por debajo del 1%

El Gobierno busca que la inflación mensual continúe descendiendo desde el 1,9% registrado en junio y llegue a niveles inferiores al 1% durante los próximos meses.

El último dato oficial mostró, además, una inflación núcleo del 1,6%. Este indicador excluye algunos precios regulados y estacionales y es seguido de cerca porque permite observar con mayor claridad la dinámica de los precios que tienen un comportamiento más persistente.

En paralelo, los precios regulados aumentaron 2,3%, mientras que el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 3,3%.

Estos datos muestran uno de los desafíos que enfrenta el Gobierno: aunque el índice general de inflación se encuentra en proceso de desaceleración, algunos componentes continúan registrando aumentos superiores al promedio.

Por eso, una eventual reducción de los combustibles podría contribuir a moderar uno de los rubros que tienen impacto directo e indirecto sobre la estructura de costos de la economía.

La inflación y el dólar también forman parte de la estrategia electoral

El Gobierno incorpora sus proyecciones económicas a su estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Los integrantes de la mesa chica consideran que podrían llegar a esos comicios con una inflación mensual cercana al 0,5% y un dólar estable, sin saltos significativos.

Ambos resultados serían utilizados como parte de los principales argumentos económicos de la campaña: una inflación considerablemente menor y una mayor estabilidad cambiaria permitirían al oficialismo mostrar una mejora respecto de los niveles registrados durante los primeros años de gestión.

A esta estrategia, el Gobierno suma como otro elemento positivo la presentación del plan de pagos de deuda correspondiente a 2026 y 2027.

En definitiva, la estrategia oficial depende de una combinación de factores internos y externos. Mientras el Ejecutivo confía en que su política monetaria y fiscal permitirá sostener la estabilidad cambiaria y continuar reduciendo la inflación, también reconoce que las decisiones de la Fed, el precio internacional del petróleo y la evolución del conflicto en Medio Oriente pueden alterar sus planes.

Por eso, el Gobierno mantiene bajo monitoreo permanente las variables internacionales. El objetivo es evitar que un shock externo termine interrumpiendo la desaceleración de la inflación y afectando las condiciones financieras y cambiarias que el oficialismo busca sostener de cara a 2027.