El gobierno nacional oficializa el proceso de licitación para la privatización de la empresa AySA

La resolución del Ministerio de Economía establece la venta del 90% de las acciones estatales mediante una licitación pública internacional, marcando el inicio de la transferencia de servicios públicos al sector privado.

El contexto detrás de esta medida reside en la Resolución 704/2026, que formaliza el llamado a licitación para seleccionar un operador estratégico que asuma la gestión del servicio de agua y saneamiento. Esta decisión representa un cambio de paradigma en la administración de recursos básicos para el Área Metropolitana de Buenos Aires, afectando directamente la infraestructura de una zona donde el trasfondo de las inversiones estatales ha sido históricamente determinante para la expansión de la red.

Las 3 claves para entender este proceso se centran en la composición accionaria, el método de selección y el alcance del servicio. El pliego estipula que el 10% de la firma permanecerá bajo el Programa de Propiedad Participada para los empleados, mientras que la licitación será de etapa múltiple y «sin base». Este último dato sugiere una flexibilidad en la valoración económica que busca priorizar la capacidad técnica y financiera del oferente sobre un precio de entrada rígido.

La consecuencia estructural de esta privatización se observará en el esquema de tarifas y en la ejecución de obras pendientes en el conurbano bonaerense. Nosotros analizamos que la delegación de estas facultades al sector privado suele estar vinculada a una tendencia de reducción del gasto público directo, aunque plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los planes de saneamiento en áreas de menor rentabilidad económica, donde la inversión del Estado ha sido históricamente el único motor de acceso.

Lo que nadie está diciendo sobre esta operación es la complejidad técnica que implica separar la operatividad de una red de servicios tan extensa y entrelazada. El impacto de esta medida en la provincia de Buenos Aires será significativo, dado que AySA opera en 26 partidos del Gran Buenos Aires, lo que obligará a una renegociación de controles y marcos regulatorios entre las autoridades locales y el nuevo concesionario privado.

La situación actual deja abierta una etapa de definiciones sobre los plazos y la calidad de los potenciales interesados. El éxito de la transición dependerá de la capacidad del ente regulador para garantizar que el cambio de manos no sacrifique la universalidad del servicio en favor de la eficiencia fiscal perseguida por el gobierno nacional.