Entre 2024 y mayo de 2026, el Fondo de Infraestructura Hídrica recibió $375.400 millones provenientes del Impuesto a los Combustibles, pero sólo se utilizaron $116 mil millones para obras. Mientras tanto, el fondo mantenía más de $290 mil millones invertidos en Letras del Tesoro y otros $49 mil millones en depósitos.
El Gobierno de Javier Milei ejecutó apenas el 31% de los recursos del Impuesto a los Combustibles destinados a obras de infraestructura hídrica entre 2024 y mayo de 2026. El resto de los fondos permaneció sin utilizarse para ese objetivo y, en buena medida, fue colocado en instrumentos de deuda del Tesoro nacional.
El dato surge de la respuesta del Ministerio de Economía de la Nación a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado.
De acuerdo con los datos oficiales, durante ese período el Gobierno realizó pagos por $116 mil millones en obras hídricas, mientras que la recaudación del Impuesto a los Combustibles asignada a ese destino alcanzó los $375.400 millones. De esta manera, sólo se utilizó cerca de un tercio de los recursos disponibles.
La ejecución fue diferente según cada año. En 2024, se gastaron $11.500 millones sobre una recaudación de $94.400 millones, equivalente al 12%. En 2025, se destinaron $43.400 millones a obras sobre $184.300 millones recaudados, lo que representó el 24%. Hasta mayo de 2026, en tanto, se utilizaron $61 mil millones de los $97.600 millones ingresados, con una ejecución del 63%.
Al mismo tiempo, en junio de 2026 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantenía aproximadamente $290 mil millones invertidos en Letras del Tesoro, además de $247 millones en plazos fijos y otros $49 mil millones en depósitos a la vista, disponibles para su utilización.
Así, los recursos que permanecían disponibles, principalmente colocados en títulos de deuda emitidos por el propio Estado, representaban alrededor del triple de lo que el Gobierno había ejecutado en obras hídricas durante sus dos años y medio de gestión.
El fondo destinado a obras hídricas
El Fondo de Infraestructura Hídrica fue creado mediante un decreto en 2001 y posteriormente ratificado por ley en 2006. Su financiamiento proviene del 4,3% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
La normativa establece que esos recursos tienen una afectación específica, es decir, deben utilizarse para los fines determinados por la legislación. Entre ellos se encuentran el desarrollo de proyectos y obras de infraestructura hídrica, el mantenimiento de esas instalaciones, la recuperación de tierras productivas y las tareas destinadas al control y la mitigación de inundaciones.
Originalmente, el decreto que creó el fondo permitía invertir los recursos líquidos del fideicomiso en depósitos a plazo fijo de bancos oficiales nacionales.
Sin embargo, en 2025 la actual gestión modificó el mecanismo y estableció que los fondos podían ser destinados a licitaciones de deuda del Tesoro nacional.
De esta manera, parte del dinero que tiene una asignación específica para infraestructura hídrica pasó a utilizarse como una fuente de liquidez para el Estado.
La economista Sofía Grassi, integrante de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASSAP), explicó a Chequeado que esta operatoria constituye un financiamiento al Tesoro porque le permite contar con liquidez para afrontar sus necesidades financieras o renovar vencimientos.
Según su análisis, cuando los recursos ingresan pero el gasto asociado no se ejecuta, se genera un resultado fiscal positivo para el sector público. Al mismo tiempo, cuando esos fondos son colocados en instrumentos como las LECAP, el fideicomiso aporta liquidez al Tesoro.
Esto no significa necesariamente que los recursos se utilicen para financiar el déficit fiscal, pero sí que pueden permitirle al Tesoro afrontar otras necesidades, como vencimientos de deuda o acumulación de reservas.
El Impuesto a los Combustibles también financia otros fondos
El Impuesto a los Combustibles Líquidos es un tributo nacional aplicado sobre la compra de combustibles. A diferencia de la mayoría de los impuestos, establece un monto fijo y no un porcentaje del precio.
En agosto de 2026, ese monto era de $387,7 por litro de nafta, equivalente a más del 15% del precio final, y de $294,1 por litro de gasoil.
Durante la gestión de Javier Milei, el impuesto acumuló una recaudación cercana a los $15 billones a valores actuales. En los primeros siete meses de 2026, además, registró un incremento real del 22,2% frente al mismo período de 2025 y del 93,7% respecto de los primeros siete meses de 2023.
La distribución de esos recursos se realiza entre diferentes destinos. El 28,69% corresponde a ANSES, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, el 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), el 10,4% al Tesoro nacional y otro 10,4% a las provincias.
A su vez, el 4,31% se destina a obras hídricas y el 2,55% al fondo de compensación del transporte público.
El caso del fondo destinado a infraestructura del transporte también presenta niveles de subejecución.
Menos obras viales y más inversiones financieras
El Fideicomiso de Infraestructura del Transporte se divide en tres programas destinados a diferentes áreas: obras de infraestructura vial a través del Sisvial, compensaciones para el transporte automotor mediante el Sistau y asistencia al sistema ferroviario mediante el SIFER.
Según la información proporcionada por el Gobierno, el Sisvial recibió $827 mil millones entre 2024 y 2025, pero la Dirección Nacional de Vialidad, encargada de ejecutar esos recursos, realizó obras por $381 mil millones, equivalente al 34% del total.
Chequeado consultó al Ministerio de Economía cuál fue el destino del resto de los fondos, aunque al cierre de su investigación no había recibido una respuesta.
Por otra parte, una investigación publicada por La Nación indicó que, sobre $1,5 billones recaudados —incluyendo información parcial de 2026—, sólo se había ejecutado aproximadamente una cuarta parte, mientras que más de $1 billón había sido destinado a inversiones financieras.
En el caso del SIFER, se recaudaron $332.500 millones y se distribuyeron $230.700 millones en compensaciones para empresas ferroviarias, equivalente al 69,4% del total.
Mientras tanto, los giros destinados a las empresas de colectivos superaron los $634 mil millones recaudados.
Una discusión sobre el destino de los fondos
Los datos muestran que una parte importante de los recursos provenientes de un impuesto que tiene destinos específicos no se transformó de manera inmediata en obras de infraestructura.
En el caso del Fondo de Infraestructura Hídrica, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron $375.400 millones destinados a ese objetivo, pero sólo se ejecutaron $116 mil millones.
Al mismo tiempo, el fondo conservaba recursos por más de $339 mil millones entre inversiones financieras y depósitos, con la mayor parte colocada en Letras del Tesoro.
La situación vuelve a poner el foco sobre el uso de fondos con afectación específica y sobre el rol que tienen las inversiones financieras dentro de esos fideicomisos. Mientras el Gobierno sostiene una política de fuerte control del gasto y priorización del equilibrio fiscal, los recursos destinados por ley a determinadas obras pueden permanecer invertidos antes de ser utilizados para los objetivos originales.
En el caso de la infraestructura hídrica, esto implica que una parte significativa del dinero recaudado mediante el Impuesto a los Combustibles no fue ejecutada en obras durante el período analizado.
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