El ministro de Seguridad bonaerense cuestionó la gestión porteña tras operativos en el barrio Ejército de los Andes y criticó la proyección de políticas de segregación.
La seguridad en el límite entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires ha vuelto a exponer las diferencias de criterio y gestión entre ambas jurisdicciones. Tras una serie de operativos de saturación en zonas críticas, el ministro provincial Javier Alonso marcó una postura firme frente a las declaraciones del Jefe de Gobierno porteño, señalando que la eficacia operativa no reside en el discurso mediático, sino en el despliegue territorial estratégico que hoy lidera la gestión bonaerense.
El conflicto escaló luego de que Alonso resaltara la autonomía y profesionalismo de las fuerzas de la Provincia. Según el funcionario, el reciente operativo en el barrio Ejército de los Andes —conocido como Fuerte Apache— sirvió como modelo que la Ciudad intentó replicar poco después en sus propias zonas conflictivas. Esta dinámica refuerza una tendencia donde la coordinación técnica parece estar supeditada a la competencia política.
Un punto central de la crítica radica en la mirada estructural sobre el flujo del delito. Desde la cartera de Seguridad bonaerense se advierte que la permeabilidad de la Capital Federal para la circulación de sustancias ilícitas representa un riesgo para los barrios de la provincia. En este sentido, la gestión provincial rechaza medidas de aislamiento físico, como la construcción de muros, por considerarlas ineficientes y ligadas a intereses ajenos a la prevención del delito.
Bajo esta perspectiva, el ministro recordó que las fuerzas especiales de la Ciudad han sido históricamente capacitadas por instructores de la Provincia de Buenos Aires. Este dato busca desarticular la narrativa de superioridad técnica porteña, posicionando a la gestión de Axel Kicillof como el referente operativo real en el territorio más complejo del país.
El cruce de declaraciones no es solo un intercambio retórico, sino la consecuencia de dos modelos contrapuestos de abordaje criminal. Mientras la Provincia apuesta al control territorial mediante la saturación, la Ciudad enfrenta cuestionamientos por su capacidad de contener el delito en los límites compartidos, dejando en evidencia que la seguridad en el Área Metropolitana sigue siendo un rompecabezas sin resolver.
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