El salario docente perdió poder adquisitivo en los últimos años y las diferencias entre jurisdicciones se ampliaron. Neuquén encabeza el ranking con más de $2,5 millones brutos para un maestro de grado con 10 años de antigüedad, mientras Mendoza registra menos de $1 millón. El financiamiento nacional también cayó y las provincias asumieron una participación cada vez mayor en el sostenimiento del sistema.
El Día del Maestro, que se conmemora este 11 de septiembre, encuentra al sistema educativo argentino atravesado por reclamos salariales, conflictos gremiales y una discusión cada vez más profunda sobre el financiamiento de la educación pública.
La situación combina varios factores: una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los docentes, fuertes diferencias salariales entre las provincias, una menor participación del Estado nacional en el financiamiento educativo y una mayor presión sobre las cuentas provinciales.
En las escuelas de distintas jurisdicciones se registraron medidas de fuerza, mientras que las universidades nacionales también mantienen reclamos vinculados con sus presupuestos y salarios. En ese contexto, los datos permiten observar cuánto cobran actualmente los docentes, cuánto retrocedieron sus ingresos frente a la inflación y de qué manera el escenario fiscal modificó la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias.
De acuerdo con un informe de CTERA, el salario docente acumula una pérdida real cercana al 30% desde 2015. En el caso de un maestro de grado con 10 años de antigüedad, el deterioro se aceleró especialmente desde septiembre de 2023.
El salario de bolsillo de ese trabajador pasó de representar el equivalente a $1.541.860 en septiembre de 2023 a $1.081.158 en junio de 2026, calculado a precios constantes de junio de 2026. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo ronda los $460.700 mensuales, aproximadamente un 30% en menos de tres años.
Para recuperar el poder de compra que tenía en junio de 2015, según CTERA, el salario docente debería recibir una recomposición del 42% en términos reales.
Menos recursos nacionales y mayor presión sobre las provincias
La evolución de los salarios está directamente vinculada con el financiamiento del sistema educativo. Según el informe de CTERA, desde 2023 el Presupuesto de la Administración Pública Nacional cayó 34,4% en términos reales, mientras que la función Educación y Cultura sufrió una reducción aún mayor, del 45,9%.
Dentro de esa área, el ajuste fue particularmente fuerte en determinados programas. Las partidas destinadas a Educación Obligatoria acumulan una caída real del 77%, mientras que los recursos destinados a infraestructura educativa se redujeron 95,8%.
El deterioro no se limitó a los primeros años de la actual gestión. Durante 2026 también se observaron diferencias importantes entre los distintos componentes del presupuesto educativo.
En los primeros siete meses del año, Educación y Cultura recibió un incremento nominal del 15,9% respecto del presupuesto inicial, pero CTERA señaló que una parte importante de esos recursos estuvo concentrada en las universidades.
En contraste, Educación Obligatoria registró un recorte adicional del 4,4%, mientras que la Infraestructura Educativa sufrió otra reducción del 54%.
Los programas de la Secretaría de Educación, sin incluir las universidades, tienen para 2026 asignaciones que son 79,2% inferiores en términos reales a las de 2023.
La ejecución presupuestaria también muestra una diferencia entre los recursos previstos y los efectivamente utilizados. En julio de 2026 se había ejecutado el 43,8% del presupuesto anual de los programas de la Secretaría de Educación, cuando, por el avance del año, el porcentaje teórico debería ubicarse en torno al 58%.
En términos generales, CTERA estima que el gasto educativo consolidado representará alrededor del 4,1% del PBI durante 2026, frente al 5,2% de 2023.
La participación específica de la Nación en Educación y Cultura también se redujo: según el informe, pasó del 1,42% del PBI al 0,79%.
Qué cambió en el financiamiento educativo
Otro informe, elaborado por investigadores del IIEP UBA-CONICET y OGECyT-IGEDECO, muestra una evolución similar.
La función Educación y Cultura registró una caída real del 43,2% en 2024 y del 7,9% en 2025. En conjunto, esto representa una contracción del 47,7% durante esos dos años.
Para 2026, el crédito vigente al 30 de mayo proyectaba una nueva disminución real del 12,7%. Si esa proyección se concreta, serían tres años consecutivos de retroceso en los recursos destinados a esta función.
El economista Javier Curcio, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, puso el foco en el peso de los salarios dentro del presupuesto educativo.
“El salario representa más del 80% de la función educativa y si no se resuelve eso, es muy difícil resolver cualquier cuestión vinculada a la calidad”, explicó.
La reducción de los fondos nacionales también modificó quién sostiene económicamente el sistema.
En 2023, la Nación financiaba el 26,8% del gasto educativo consolidado. En 2024, esa participación bajó al 20,1%, mientras que las provincias pasaron a explicar el 79,9% del gasto.
Esto significa que las jurisdicciones provinciales debieron asumir una parte cada vez mayor de los costos de funcionamiento del sistema, en un contexto en el que también enfrentan restricciones fiscales.
Curcio consideró que esta situación puede resultar crítica para los distintos niveles de gobierno porque la caída de las transferencias nacionales y de la actividad económica reduce el margen disponible para sostener el gasto.
Según el economista, la caída salarial en el sector docente dentro del promedio del empleo público provincial representa entre 17% y 20%, deterioro que se mantiene desde el comienzo de la actual gestión.
El impacto de la eliminación del FONID
Uno de los cambios relevantes fue la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) desde 2024.
El mecanismo había funcionado como una herramienta nacional para complementar los salarios de los docentes provinciales. Su desaparición redujo una de las vías mediante las cuales la Nación participaba en el sostenimiento de las remuneraciones.
A esto se sumó que el Fondo de Compensación Salarial no registró ejecución durante 2025 ni en lo que va de 2026.
También cambió el funcionamiento de la paritaria nacional docente, que otorgó un mayor protagonismo al Consejo Federal de Educación.
En la práctica, estos cambios hicieron que los salarios docentes dependieran cada vez más de la capacidad económica de cada provincia. Por eso, un mismo cargo y una misma antigüedad pueden tener remuneraciones muy diferentes según el lugar del país donde se desempeñe el trabajador.
El investigador de la UBA Juan Ignacio Doberti cuestionó el traslado de una mayor responsabilidad hacia las provincias y sostuvo que el escenario profundizó las desigualdades entre jurisdicciones con capacidades fiscales diferentes.
Para Doberti, el problema no se limita a la cantidad de recursos disponibles, sino también a cómo se distribuyen las prioridades presupuestarias.
Una brecha salarial que supera los $1,5 millones
La diferencia entre provincias queda especialmente expuesta al observar los salarios de un mismo cargo docente.
Según el Informe Indicativo del Salario Docente elaborado por la Secretaría de Educación de la Nación, el relevamiento más reciente, correspondiente a junio de 2026, muestra una diferencia superior a $1,58 millones mensuales brutos entre el salario más alto y el más bajo para un maestro de grado con 10 años de antigüedad.
Neuquén encabeza el ranking con un salario de $2.521.570.
En el extremo opuesto se encuentra Mendoza, con $935.450.
La distancia significa que, para un mismo cargo testigo y una antigüedad equivalente, la remuneración puede ser casi tres veces mayor dependiendo de la provincia.
Detrás de Neuquén aparecen Santiago del Estero y Santa Cruz, ambas con salarios superiores a los $1,8 millones.
También se encuentran entre las jurisdicciones con mejores remuneraciones Tierra del Fuego y Córdoba, cuyos salarios superan los $1,6 millones.
En el otro extremo, nueve jurisdicciones registran remuneraciones inferiores a $1,2 millones. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Misiones y Mendoza.
La comparación permite advertir que el porcentaje de aumento salarial de una provincia no necesariamente determina su posición en el ranking. Una jurisdicción puede otorgar una recomposición importante y, aun así, continuar por debajo de otras provincias que ya tenían salarios más elevados.
Qué provincias aumentaron más los salarios
La evolución interanual también presenta diferencias importantes.
Santiago del Estero lideró la recomposición salarial durante los últimos 12 meses, con una suba del 106,1%.
En segundo lugar se ubicó Corrientes, con un incremento del 56,8%.
También registraron aumentos superiores al 40% Catamarca, Tucumán y San Juan.
Sin embargo, el informe advierte que en algunas jurisdicciones pueden existir sumas extraordinarias dentro de las remuneraciones, por lo que los porcentajes interanuales deben analizarse teniendo en cuenta la composición del salario y no únicamente el porcentaje de incremento.
En el extremo contrario, Chaco registró una recomposición de apenas 6,8% durante los últimos 12 meses, la menor entre las jurisdicciones analizadas.
También quedaron entre las provincias con menores aumentos interanuales Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza y Salta.
La diferencia entre recomposición y salario final es importante: una provincia puede mostrar una suba porcentual elevada porque parte de un nivel salarial bajo y, pese a ese incremento, continuar lejos de los primeros lugares.
El gasto por alumno tampoco es igual en todo el país
Las desigualdades no aparecen solamente en los salarios.
El gasto educativo por alumno también varía considerablemente entre jurisdicciones y no siempre existe una relación directa entre cuánto dinero se destina por estudiante y qué porcentaje del presupuesto provincial representa la educación.
Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, destinó $3,4 millones por alumno en 2024, pese a que Educación representó el 18,2% de su gasto público, uno de los porcentajes más bajos del país.
En cambio, provincias como Buenos Aires y Salta destinaron alrededor del 30% o más de sus presupuestos a educación, aunque registraron niveles de gasto por estudiante inferiores al promedio nacional.
Las jurisdicciones patagónicas presentan otra característica: combinan elevados niveles de recursos por alumno con una participación importante de la educación dentro de sus presupuestos.
Curcio aclaró que el deterioro tampoco es uniforme entre las provincias. Algunas jurisdicciones lograron compensar parcialmente la reducción de fondos nacionales mediante recursos propios y, por lo tanto, no todas redujeron los salarios en la misma proporción.
Universidades: otra pérdida de poder adquisitivo
La situación también afecta a los trabajadores de las universidades nacionales.
Según los datos analizados por Curcio, los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 22,2% desde noviembre de 2023.
Para recuperar ese poder adquisitivo y cumplir con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios deberían aumentar un 33,5% en términos reales.
Además, la deuda salarial acumulada desde octubre de 2025 equivaldría a 3,2 salarios de agosto de 2026, sin considerar intereses ni punitorios.
El acuerdo vigente contempla una suba del 3% en octubre, pero si se cumple la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la pérdida de poder adquisitivo podría alcanzar el 25,1%.
Para establecer una comparación, la pérdida real acumulada desde noviembre de 2023 es del 16,6% para el sector público en general y del 3,5% para los trabajadores privados registrados.
El cambio en las prioridades educativas
El debate sobre el financiamiento también incorpora una transformación en los mecanismos mediante los cuales el Estado busca intervenir en el sistema educativo.
El informe señala que comenzaron a ganar espacio herramientas orientadas a la demanda, como vouchers, becas y subsidios destinados a las familias, junto con una mayor asistencia a la educación privada.
El programa de vouchers alcanzó a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 durante 2025.
Los investigadores, sin embargo, aclaran que estas herramientas todavía no constituyen un sistema generalizado de vouchers.
Otro dato relevante aparece en el Presupuesto 2026: se eliminó la referencia histórica al objetivo de destinar el 6% del PBI a educación.
Para Curcio, la discusión presupuestaria está directamente relacionada con la calidad del sistema. El especialista sostuvo que, con una caída salarial del 20%, resulta imposible recuperar plenamente un sector.
El salario docente, según explicó, es una condición necesaria aunque no suficiente para mejorar la educación. A su criterio, también son indispensables las condiciones laborales, la capacitación, los incentivos y una remuneración adecuada para sostener al personal educativo.
El problema de atraer y sostener docentes
La discusión salarial tiene además una consecuencia que va más allá del ingreso mensual de los trabajadores.
El deterioro de las remuneraciones puede afectar la capacidad del sistema para atraer, retener y motivar a docentes y profesores.
Doberti sostuvo que el problema debe analizarse también desde la señal que reciben quienes trabajan o pretenden incorporarse al sistema educativo.
En ese sentido, consideró que la discusión no pasa únicamente por cuánto dinero perdió un docente frente a la inflación, sino por el modelo educativo que se construye a partir de un Estado que modifica su participación en el financiamiento.
La situación, de esta manera, combina una pérdida salarial generalizada con una fuerte desigualdad territorial. Mientras algunas provincias consiguieron recomponer parte de los ingresos mediante sus propios recursos, otras continúan con salarios significativamente inferiores.
El resultado es un sistema en el que la remuneración de un docente depende cada vez más de la provincia donde trabaja, aun cuando las funciones y responsabilidades sean similares.
A pocos días de nuevos reclamos gremiales y con las universidades nacionales también atravesadas por la discusión presupuestaria, el Día del Maestro vuelve a poner en primer plano una pregunta que excede el salario: cómo se financia la educación argentina y qué lugar ocupa el trabajo docente dentro de las prioridades del Estado.
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