Durante octubre se detectaron productos adulterados de las marcas Nutrilon y SanCor destinados a bebés de entre 0 y 6 meses. Hubo denuncias de familias por posibles efectos adversos, allanamientos y el secuestro de más de 500 unidades. Los análisis de Senasa detectaron una toxina por encima del límite permitido, mientras que no se difundió una advertencia sanitaria nacional.
La circulación de fórmulas infantiles falsificadas de las marcas Nutrilon y SanCor encendió una señal de alarma durante octubre. En el transcurso de un mes se conocieron tres alertas por productos destinados a bebés de entre 0 y 6 meses cuya procedencia y composición no podían ser garantizadas. Los episodios incluyeron denuncias de consumidores, investigaciones judiciales, allanamientos y resultados de laboratorio que detectaron una sustancia tóxica en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa alimentaria.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que, pese a la gravedad de los hallazgos, no se publicó una alerta sanitaria de alcance nacional para advertir a la población sobre estos productos. Las advertencias conocidas fueron emitidas por organismos provinciales y luego replicadas por distintos municipios.
La situación también abrió interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de vigilancia alimentaria, especialmente después de la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dispuesta en julio de 2026, y la reorganización de las competencias de control entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Salud de la Nación.
La investigación del Ministerio de Seguridad nacional y de la Policía Federal permitió, además, conocer que existieron denuncias de padres cuyos hijos habrían presentado efectos adversos luego de consumir los productos cuestionados. Entre los síntomas mencionados se encuentran los vómitos. Sin embargo, hasta el momento no se informó públicamente cuántos niños podrían haber sido afectados ni si se registraron internaciones o intoxicaciones confirmadas.
Tres alertas en octubre: qué productos fueron identificados
Los tres episodios fueron advertidos por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de Río Negro. Las notificaciones involucraron dos fórmulas de Nutrilon y una de SanCor Bebé Advanced 1.
El denominador común fue la sospecha de falsificación: las empresas titulares de los registros sanitarios desconocieron la elaboración de las unidades cuestionadas o detectaron diferencias respecto de los productos originales. Esto significa que no existían garantías sobre las condiciones de fabricación, los ingredientes utilizados ni la inocuidad de las fórmulas.
1. Nutrilon: la primera advertencia se difundió el 1° de octubre
La primera alerta fue publicada el 1° de octubre por la DIPA bonaerense y estuvo relacionada con una fórmula láctea en polvo para lactantes de la marca Nutrilon, identificada con el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) 02-700261.
La empresa titular de los registros sanitarios informó que no había fabricado ese producto. Por ese motivo, se desconocía su lugar de elaboración y no era posible garantizar que cumpliera con las condiciones necesarias para su consumo.
Entre las irregularidades detectadas se encontraron modificaciones en el rótulo y datos adulterados vinculados con el lote, la fecha de elaboración y el vencimiento. También se observaron diferencias en la información impresa y en el método utilizado para realizar esa impresión.
Otro elemento que llamó la atención fue la presencia de un etiquetado antiguo. La combinación de estas inconsistencias permitió advertir que las unidades identificadas no correspondían a una producción reconocida por la empresa.
2. Nutrilon AR1: una familia denunció vómitos en un bebé
El segundo episodio se conoció el 27 de octubre, cuando el Gobierno bonaerense difundió una nueva advertencia por una fórmula Nutrilon AR1, un alimento en polvo para propósitos médicos específicos destinado a lactantes de entre 0 y 6 meses.
En este caso, la alerta surgió a partir de la denuncia de un consumidor que manifestó que su bebé había presentado vómitos después de consumir el producto.
Ante la consulta, la empresa comunicó que no reconocía como propio el lote identificado en el envase. De esta manera, también quedó bajo sospecha la autenticidad de esa partida y la posibilidad de establecer cuáles habían sido sus condiciones de elaboración.
El episodio incorporó un elemento especialmente sensible a la investigación: el reporte de posibles efectos adversos en un bebé. No obstante, la información disponible no permite establecer una relación médica confirmada entre el consumo de la fórmula cuestionada y los síntomas denunciados.
3. SanCor Bebé Advanced 1: allanamientos y una toxina por encima del límite permitido
La tercera alerta fue publicada el 28 de octubre y alcanzó a la fórmula infantil en polvo SanCor Bebé Advanced 1, destinada a bebés de entre 0 y 6 meses.
La DIPA informó que recibió un reclamo relacionado con el consumo del producto. Posteriormente, la empresa elaboradora reconoció diferencias entre las unidades denunciadas y las originales, por lo que consideró que se trataría de una falsificación.
El producto apócrifo fue identificado con el lote L F-011207563, fecha de elaboración del 10 de enero de 2026 y vencimiento del 10 de enero de 2027.
Las diferencias detectadas respecto de las unidades originales permitieron identificar distintas irregularidades en el envase y sus componentes:
- Cambios en el color y el troquelado del recipiente.
- Diferencias en el sellado y en la marcación del envoltorio interior.
- Cucharas dosificadoras de menor tamaño que las originales, aparentemente fabricadas mediante impresión 3D.
- Errores tipográficos en el rótulo, entre ellos la palabra «Adventencia» en lugar de «Advertencia» y «oelico» en lugar de «oleico».
Estas inconsistencias fueron parte de los elementos que permitieron sospechar que se trataba de unidades falsificadas y no de productos elaborados bajo los controles habituales de la compañía.
Más de 500 unidades secuestradas y una investigación sobre la comercialización
La investigación avanzó con la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal. Las tareas permitieron determinar que las fórmulas falsificadas se comercializaban tanto en supermercados como a través de plataformas digitales.
El 29 de octubre, la Policía Federal informó que realizó 14 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos se llevaron adelante en Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.
Durante los operativos se secuestraron más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada. Además, fueron identificadas cinco personas mayores de edad como presuntos partícipes de las maniobras que se investigan.
Uno de los resultados más importantes surgió de los análisis periciales solicitados por la fiscalía interviniente y realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Los estudios detectaron aflatoxina M1, una toxina producida por hongos, en concentraciones superiores a seis veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.
El resultado agrega una dimensión sanitaria al caso. Ya no se trata solamente de productos cuya autenticidad fue cuestionada por las empresas, sino también de unidades en las que los análisis encontraron una sustancia por encima de los parámetros admitidos por la normativa alimentaria.
La presencia de esa toxina en las concentraciones detectadas refuerza la importancia de impedir que las unidades investigadas continúen circulando y de establecer su alcance comercial.
Qué explicó la empresa que elabora SanCor Bebé
Ethical Nutrition, la compañía elaboradora del producto, difundió un comunicado en el que señaló que la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la propia empresa.
«La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por nuestra empresa, que desde el primer momento colabora con las autoridades para proteger a los consumidores», sostuvo.
Además, buscó diferenciar la situación de las unidades cuestionadas de la producción original de la fórmula. En ese sentido, aclaró: «No se trata de una alerta general sobre SanCor Bebé, sino de una situación vinculada con productos específicos cuya autenticidad está cuestionada».
La compañía también afirmó que los productos originales se elaboran bajo controles de calidad y trazabilidad, de acuerdo con la normativa vigente.
Esta aclaración apunta a delimitar el alcance del problema: la sospecha está centrada en partidas específicas que no serían auténticas, y no en la totalidad de la producción original de SanCor Bebé.
La ausencia de una alerta nacional y los cambios en el sistema de control alimentario
Uno de los puntos centrales del caso es que las advertencias conocidas durante octubre fueron emitidas por organismos provinciales, mientras que no se publicó una alerta sanitaria nacional sobre las fórmulas infantiles falsificadas.
La ausencia de una comunicación de alcance nacional se produce después de una modificación institucional importante: la disolución del Instituto Nacional de Alimentos en julio de 2026 y la redistribución de sus funciones entre el Senasa y el Ministerio de Salud.
Según la información comprobada por Chequeado, desde esa reorganización no se publicaron nuevas alertas alimentarias oficiales.
El cambio genera interrogantes sobre cómo se distribuyen actualmente las responsabilidades de vigilancia, fiscalización y comunicación de riesgos cuando se detectan alimentos potencialmente peligrosos para la población.
Antes de su disolución, el INAL tenía entre sus funciones la vigilancia alimentaria y la comunicación de riesgos. Recibía denuncias, coordinaba acciones con autoridades sanitarias provinciales y municipales y podía emitir alertas ante la identificación de productos que representaran un posible peligro para la salud.
Su función no se limitaba a intervenir sobre los alimentos: también contemplaba informar a la población para que los consumidores pudieran reconocer los productos involucrados y tomar las precauciones correspondientes.
Qué funciones quedaron a cargo del Senasa y del Ministerio de Salud
La reorganización institucional dispuesta mediante el Decreto 697/2026 transfirió al Senasa las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos que anteriormente ejercía el INAL. Entre esas responsabilidades se encuentra el funcionamiento del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega), una plataforma digital creada para fortalecer los controles y facilitar el acceso de la población a la información.
El Senasa depende del Ministerio de Economía y tiene a su cargo las tareas técnicas y de fiscalización que le fueron transferidas.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación quedó a cargo de la rectoría de la política alimentaria. El decreto también establece, en su artículo 15, inciso a, que la Secretaría de Gestión Sanitaria debe establecer y llevar adelante procedimientos de prevención y protección de la salud de la población, ya sea de manera directa, mediante otras autoridades competentes o en forma conjunta.
La normativa incluye expresamente la obligación de advertir públicamente sobre la utilización y el consumo de alimentos que puedan afectar la salud humana.
En este escenario, la ausencia de una alerta nacional frente a los casos detectados plantea una pregunta sobre la coordinación entre las áreas responsables: quién debe comunicar los riesgos a la población, cómo se articulan las intervenciones provinciales y nacionales y qué mecanismo se utiliza para que una advertencia llegue de manera oportuna a los consumidores.
Qué respondió el Senasa sobre el caso SanCor
Consultado por Chequeado sobre la intervención en el episodio de SanCor Bebé Advanced 1, el Senasa explicó que actuó a través de sus áreas técnicas y de laboratorio.
El organismo indicó que realizó los análisis periciales correspondientes, elaboró los informes técnicos con los resultados obtenidos e informó a las autoridades jurisdiccionales para que pudieran inmovilizar el producto y adoptar las medidas preventivas necesarias.
La respuesta permite identificar la participación del organismo en la investigación y en el análisis de las muestras. Sin embargo, el interrogante sobre la comunicación de una advertencia sanitaria nacional permanece como uno de los aspectos centrales del caso.
La sucesión de tres alertas en octubre, las denuncias de consumidores, los allanamientos y la detección de aflatoxina M1 por encima del límite permitido exponen la importancia de contar con mecanismos de control y comunicación que funcionen de manera coordinada.
En particular, cuando se trata de fórmulas destinadas a bebés de entre 0 y 6 meses, la trazabilidad de los productos y la posibilidad de advertir rápidamente sobre partidas sospechosas adquieren una relevancia especial.
El caso deja así dos cuestiones abiertas: por un lado, el avance de la investigación para determinar el origen y la distribución de las unidades falsificadas; por otro, el funcionamiento del sistema nacional de vigilancia alimentaria después de la disolución del INAL y la reorganización de sus competencias.
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