Los fiscales generales respaldaron a los fondos que reclaman restablecer la condena de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera. Advirtieron que la interpretación jurídica aplicada por el tribunal de apelaciones podría permitir que otros gobiernos extranjeros eviten responder ante la Justicia estadounidense.
El litigio internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. Quince estados y territorios norteamericanos presentaron un escrito ante la Corte Suprema para respaldar a los fondos que buscan revertir el fallo favorable a la Argentina, que dejó sin efecto una condena de US$16.100 millones.
La presentación fue encabezada por Missouri y se realizó el viernes 30 de octubre bajo la figura de amicus curiae. Se trata de una herramienta procesal que permite que terceros interesados en una controversia acerquen argumentos y fundamentos jurídicos a un tribunal, aunque no participen directamente como demandantes o demandados.
El planteo de los fiscales generales apunta contra la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de este año anuló la sentencia millonaria dictada contra el Estado argentino. Según los firmantes, el criterio utilizado por ese tribunal podría tener consecuencias que exceden el expediente de YPF: consideran que podría abrir la puerta para que otros gobiernos extranjeros invoquen sus propias leyes y eviten responder ante los tribunales estadounidenses.
El eje de la discusión es la interpretación de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), una norma que determina en qué circunstancias un Estado extranjero puede ser llevado ante la Justicia norteamericana. Los representantes estatales sostienen que los jueces del Segundo Circuito interpretaron incorrectamente sus alcances y que los tribunales federales deben ejercer su jurisdicción cuando se cumplen las excepciones previstas por esa legislación.
Entre esas excepciones se encuentran determinadas actividades comerciales realizadas por gobiernos extranjeros que generan efectos directos en Estados Unidos. Para los fiscales, limitar el alcance de esas disposiciones podría dificultar que ciudadanos y autoridades estadounidenses obtengan respuestas judiciales frente a determinadas conductas de otros países.
El argumento de los estados: qué cuestionan del fallo favorable a la Argentina
El documento presentado ante la Corte Suprema sostiene que la interpretación del Segundo Circuito podría permitir que un Estado demandado utilice su legislación interna para evitar las consecuencias de un proceso judicial en Estados Unidos.
En otras palabras, los fiscales generales advierten que, si un gobierno extranjero puede invocar sus propias normas para modificar el tratamiento de una controversia en los tribunales norteamericanos, se debilitaría la posibilidad de que la Justicia estadounidense intervenga en determinados conflictos con actores estatales extranjeros.
Para respaldar esa preocupación, los firmantes recurrieron a antecedentes judiciales vinculados con demandas impulsadas por Missouri y Mississippi contra China, a raíz de supuestas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus.
Aquellos litigios incluyeron acusaciones relacionadas con el acaparamiento de barbijos y otros elementos de protección sanitaria, la comercialización de productos de menor calidad y distintas conductas que los estados consideraron desleales.
Según el planteo presentado, si China pudiera invocar su propia legislación para conseguir que esas controversias fueran tratadas exclusivamente por tribunales chinos, las autoridades estadounidenses tendrían mayores dificultades para defender los intereses de sus ciudadanos.
La comparación busca mostrar que, desde la perspectiva de los estados firmantes, la discusión sobre la inmunidad soberana no se limita al reclamo de los fondos contra la Argentina. También involucra los criterios que pueden determinar cuándo los tribunales estadounidenses tienen facultades para intervenir en controversias que involucran a gobiernos extranjeros.
Por ese motivo, los fiscales generales solicitaron que la Corte Suprema acepte revisar la sentencia del Segundo Circuito y la revoque. De esa manera, respaldaron el pedido de los fondos que pretenden recuperar la condena millonaria contra el país.
Las críticas de Sebastián Soler: por qué cuestiona la presentación
El respaldo de los quince estados generó distintas interpretaciones sobre su alcance y su posible influencia en el expediente. Una de las miradas críticas fue planteada por el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, quien cuestionó tanto la composición política de los firmantes como el argumento jurídico utilizado.
En primer lugar, Soler señaló que todos los fiscales generales estatales que suscribieron el documento son republicanos, con la excepción del representante de las Islas Marianas, a quien identificó como independiente.
“Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, sostuvo en su cuenta de X.
Sin embargo, su principal objeción estuvo dirigida al fundamento legal de la presentación. Para el exfuncionario, los estados parten de una interpretación equivocada de lo que resolvió el tribunal de apelaciones al fallar a favor de la Argentina.
“La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio”, afirmó.
La observación apunta a una diferencia jurídica central para comprender el expediente: el tribunal de apelaciones no dejó sin efecto la condena por considerar que carecía de jurisdicción para intervenir. Por el contrario, analizó el contenido de los reclamos y concluyó que, conforme a la legislación argentina que consideró aplicable, los demandantes no tenían derecho a recibir la indemnización contractual que habían solicitado.
Desde esa perspectiva, el fallo no se habría basado en una negativa de los tribunales estadounidenses a ejercer su competencia, sino en la interpretación del derecho argentino que debía utilizarse para resolver la controversia entre los accionistas y la petrolera.
Esa distinción explica el cuestionamiento de Soler: mientras los estados firmantes presentan el caso como una discusión sobre los límites de la jurisdicción estadounidense frente a gobiernos extranjeros, el exsubprocurador sostiene que el tribunal sí intervino y resolvió el fondo del litigio a partir de las normas argentinas correspondientes.
El origen de la condena de US$16.100 millones por la expropiación de YPF
Para entender la importancia de esta nueva presentación, es necesario considerar el origen del juicio. La controversia está vinculada con la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada en 2012 y con el reclamo de los accionistas minoritarios por el supuesto incumplimiento de una obligación prevista en el estatuto de la compañía.
Los fondos Petersen Energía y Eton Park, cuyos reclamos son financiados por Burford Capital, sostienen que correspondía realizar una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas minoritarios cuando se produjo el cambio de control de la petrolera.
La falta de esa oferta constituye el eje de la demanda. Los reclamantes consideran que la obligación estaba contemplada en el estatuto de YPF y que su incumplimiento generó el derecho a recibir una compensación económica.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska dictó en primera instancia una condena contra la Argentina por US$16.100 millones. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que resolvió a favor del país al aplicar el derecho argentino.
La presentación de los quince estados se incorpora ahora a la discusión que los fondos llevaron ante la Corte Suprema. El objetivo de Petersen Energía y Eton Park es que el máximo tribunal acepte revisar la decisión de la Cámara de Apelaciones y restablezca la condena económica.
Por lo tanto, el conflicto no se limita a determinar si corresponde pagar una indemnización. También comprende una discusión sobre qué legislación debe aplicarse para resolver el reclamo de los accionistas y cuáles son los alcances de la intervención de los tribunales estadounidenses en una controversia relacionada con una empresa argentina.
Qué puede resolver ahora la Corte Suprema de Estados Unidos
A pesar del respaldo recibido por parte de los quince estados, la Corte Suprema todavía no decidió si aceptará tratar el caso. El escrito presentado bajo la figura de amicus curiae constituye un apoyo jurídico a la solicitud de los fondos, pero no modifica por sí mismo el fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina.
En las próximas semanas podrían incorporarse nuevas presentaciones de terceros interesados. Esos escritos podrían acompañar la posición de los demandantes o defender los argumentos que sostienen el fallo favorable al país.
También permanece pendiente una eventual intervención de John Sauer, procurador general de Estados Unidos, quien anteriormente ocupó un cargo equivalente en Missouri. Su opinión podría adquirir relevancia si la Corte Suprema solicita al gobierno estadounidense que se pronuncie sobre la controversia.
Mientras tanto, el expediente tiene una fecha procesal importante: el 2 de diciembre vence el plazo para que la Argentina y YPF presenten sus respuestas, después de que la Corte Suprema concediera una prórroga solicitada por los abogados que representan al Estado argentino y a la petrolera.
Una vez que el máximo tribunal analice las presentaciones, deberá decidir si acepta revisar la sentencia del Segundo Circuito o rechaza el pedido de los fondos.
Esa definición será determinante para el futuro del litigio. Si la Corte Suprema decide no intervenir, quedará firme la decisión que anuló la condena de US$16.100 millones. Si, en cambio, acepta revisar el expediente, se abrirá una nueva instancia judicial para discutir los argumentos que buscan restablecer la indemnización reclamada.
Por ahora, el respaldo de los estados norteamericanos suma un nuevo actor a la disputa, pero no representa una resolución sobre el fondo del caso. La definición continúa en manos de la Corte Suprema, que deberá determinar si toma el expediente y qué alcance tendrá su intervención sobre uno de los litigios internacionales de mayor impacto económico para la Argentina.
Más historias
Jubilaciones de diciembre: la mínima llegará a $523.929 con bono, pero acumula otra pérdida frente a la inflación
El empleo formal no encuentra piso: se destruyeron 386.200 puestos desde la llegada de Milei y crece el trabajo por cuenta propia
El derrumbe de Ueno Bank expuso el esquema laboral del Grupo Vázquez en Argentina: 900 trabajadores quedaron sin cobrar