El Presidente sostiene su postura económica y profundiza sus enfrentamientos políticos en un momento en que necesita ampliar los acuerdos parlamentarios y preservar sus alianzas. Las diferencias con Patricia Bullrich, las dificultades para negociar reformas y el malestar de sectores de la Iglesia configuran un escenario complejo de cara a la llegada de León XIV a la Argentina.
El presidente Javier Milei atraviesa una etapa en la que su determinación de mantener sin modificaciones el rumbo económico y su estilo de confrontación discursiva comienzan a convivir con mayores dificultades políticas. Mientras insiste en que no está dispuesto a apartarse de sus principios, algunos de sus aliados empiezan a marcar diferencias, los negociadores oficiales encuentran obstáculos para reunir apoyos en el Congreso y desde sectores de la Iglesia expresan preocupación por las formas del mandatario.
Una escena reciente en la Casa Rosada reflejó esa dinámica. Durante una reunión de coordinación ministerial en el Salón Eva Perón, Milei habló durante casi una hora ante los integrantes de su gabinete. El encuentro comenzó con un Presidente distendido, pero rápidamente se transformó en una exposición sobre la necesidad de sostener las ideas de su gobierno.
“¡No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad!”, afirmó ante sus funcionarios.
En su intervención, el mandatario volvió a plantear que el equilibrio fiscal no es negociable, descartó la posibilidad de implementar un nuevo “plan platita” y rechazó cualquier medida que, aun cuando pudiera resultar conveniente desde el punto de vista electoral, contradiga sus convicciones económicas. También dejó en claro que no piensa modificar el programa para mejorar sus perspectivas de cara a las elecciones de 2027.
Según la reconstrucción de aquella reunión, ninguno de los presentes discutió sus argumentos ni pidió la palabra para plantear diferencias. Incluso un funcionario que tenía un asunto relevante para compartir terminó retirándose sin poder intervenir.
La escena fue interpretada como una muestra del momento que atraviesa La Libertad Avanza. Milei mantiene la convicción de que su modelo económico terminará mostrando resultados y considera que cualquier modificación podría convertirse en una concesión a sus adversarios. Sin embargo, esa firmeza convive con un escenario político en el que aparecen cuestionamientos internos, diferencias entre sus aliados y señales de desgaste en algunos sectores de su electorado.
Las diferencias con Patricia Bullrich y los movimientos dentro del oficialismo
La última reunión ministerial se realizó pocas horas después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, un resultado que Milei evitó reconocer públicamente. En ese contexto, llamó la atención la ausencia de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado.
La dirigente había cuestionado previamente los insultos del Presidente contra medios de comunicación y periodistas. Aunque su ausencia fue atribuida a motivos personales, dentro del oficialismo la interpretaron en el marco de una serie de diferencias que vienen generando inquietud en la conducción política.
Bullrich construyó una posición propia dentro de La Libertad Avanza a partir de su trayectoria, sus votos y un nivel de popularidad que, según el análisis citado, supera al de buena parte de sus compañeros de espacio. En privado, viene advirtiendo que las perspectivas económicas no son las que esperaba y que, si la recuperación no comienza a reflejarse en los ingresos de la población, la campaña electoral del próximo año podría resultar más difícil de lo previsto.
Ante quienes le consultan por sus movimientos, la senadora sostiene que no busca romper con el oficialismo, sino concentrarse en mejorar la situación. Sin embargo, tampoco estaría dispuesta a respaldar sin condiciones todas las decisiones de la conducción libertaria.
Entre sus allegados comenzaron a circular distintos escenarios electorales para 2027. Además de la posibilidad de integrar una fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta, algunos colaboradores analizan la alternativa de disputar una interna dentro de La Libertad Avanza para representar a los sectores desencantados.
Incluso aparece una hipótesis más extrema: qué sucedería si Milei decidiera no buscar la reelección ante un eventual deterioro de la situación económica. Aunque en el entorno de Bullrich evitan hablar públicamente de esa posibilidad, algunos dirigentes ya la consideran dentro de sus análisis y trabajan sobre un eventual plan alternativo.
En la Quinta de Olivos también evalúan el impacto que podría tener una candidatura independiente de la senadora. De acuerdo con cálculos que circulan cerca del Presidente, un enfrentamiento directo entre ambos favorecería a Milei, pero una postulación autónoma de Bullrich podría restarle entre cinco y diez puntos porcentuales del caudal electoral que necesita conservar.
La posibilidad genera preocupación en el entorno presidencial, especialmente en Karina Milei, que mantiene reparos sobre las ambiciones políticas de la senadora. Pese a las tensiones, el mensaje del mandatario fue evitar una confrontación pública con ella. La tregua permite mantener las diferencias bajo control, aunque no implica que hayan sido resueltas.
Algunos relevamientos muestran que las imágenes de ambos dirigentes mantienen una superposición importante. Un estudio de la consultora Casa Tres, de Mora Jozami, registró que el 39% de los consultados tiene una valoración positiva tanto de Milei como de Bullrich, mientras que el 47% evalúa negativamente a los dos.
En cambio, apenas un 8% aprueba a la senadora y desaprueba al Presidente, mientras que otro 6% manifiesta la opinión inversa. Aunque no se trata de una medición de intención de voto, los resultados sugieren que las diferencias entre ambos dirigentes no necesariamente representan electorados completamente separados.
Las encuestas reflejan cuestionamientos a las formas presidenciales
Una investigación nacional de QSocial, la consultora de Lucas Klobovs, realizada el 26 de octubre, aportó otros datos sobre la percepción de la sociedad respecto de la política exterior del Gobierno.
Según el relevamiento, el 68% de los argentinos considera que Milei debería reconocer la victoria de Lula, mientras que el 62% sostiene que el Presidente debería tomar la iniciativa para normalizar las relaciones con Brasil. Además, el 70% prefiere que la Argentina priorice los buenos vínculos internacionales, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos.
El estudio también muestra diferencias entre quienes acompañaron a Bullrich en la primera vuelta electoral de 2023. Dentro de ese segmento, el 72% considera que Milei debería aceptar el resultado electoral brasileño y el 80% reclama que dé el primer paso para recomponer la relación diplomática.
Los cuestionamientos no se limitan a la política exterior. El 65% desaprueba la intervención del Presidente en elecciones de otros países y el 69% cuestiona su trato hacia el periodismo.
Incluso entre los votantes originales de Milei aparecen diferencias respecto de su comportamiento público: el 37% rechaza el trato que dispensa a los trabajadores de los medios y el 53% considera que las relaciones entre países deben estar por encima de las coincidencias ideológicas.
La conclusión del estudio es que una parte importante del electorado respalda el rumbo económico, pero no necesariamente las formas del mandatario.
El escenario digital también presenta señales de desgaste. De acuerdo con un monitoreo de Ad Hoc, los cruces con Lula y el respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro concentraron un 58% de menciones negativas. Por su parte, la reciente visita presidencial a España y las acusaciones contra Pedro Sánchez registraron un 51% de publicaciones desfavorables.
Estos datos no permiten anticipar resultados electorales, pero ofrecen una referencia sobre el clima de la discusión pública y las reacciones que generan algunas decisiones del Gobierno.
La controversia por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil
El conflicto con Brasil se trasladó también al terreno institucional después de que Milei evitara felicitar a Lula por su reelección, obtenida con el 52% de los votos. La discusión se intensificó con el episodio que involucró a Flávio Bolsonaro, quien abandonó Brasil pese a tener una restricción judicial que le impedía viajar al exterior.
Según la información de Migraciones, el dirigente del Partido Liberal y su familia ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22:50 por Puerto Iguazú. Apenas cuarenta minutos después abordaron un avión privado Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil, primera escala de un recorrido que terminó en Miami.
El organismo aseguró que los pasajeros contaban con documentación válida y no registraban impedimentos migratorios.
El episodio generó interrogantes por las disposiciones migratorias que el propio Gobierno había endurecido en mayo de 2025 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/25, que contempla restricciones vinculadas con antecedentes penales y requerimientos judiciales.
Desde el oficialismo sostienen que no existía una alerta roja de Interpol ni una orden de captura internacional que obligara a detener a Bolsonaro. En ese sentido, argumentan que una prohibición de salida de Brasil no equivale automáticamente a una orden de detención en la Argentina.
Una de las cuentas de X atribuidas al asesor presidencial Santiago Caputo, identificada como @CarrieLarrsen09, publicó una explicación en esa línea y luego destacó el operativo realizado por los organismos de inteligencia. La presencia del asesor en Misiones, donde se habría desplazado en una camioneta de la Entidad Binacional Yacyretá, alimentó las versiones sobre una eventual participación del Gobierno en el traslado.
La controversia ya llegó a la Justicia. En Puerto Iguazú, el fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes a distintos organismos nacionales para reconstruir los movimientos de Bolsonaro. En Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, entre ellas la preservación de imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto y consultas sobre las comunicaciones recibidas desde Brasil.
La empresa Baires Fly también aparece mencionada en otra investigación que genera preocupación en el oficialismo: la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El fiscal Franco Picardi investiga un supuesto circuito de facturación que involucra al empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, procesado en ese expediente, y que habría buscado dar apariencia legal a fondos provenientes de proveedores médicos. La hipótesis judicial contempla operaciones millonarias y vínculos con Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los articuladores de las contrataciones bajo sospecha.
La vinculación de la compañía con esa investigación no implica que Baires Fly haya participado de un delito ni que esté acusada por el traslado del dirigente brasileño. Se trata de expedientes diferentes, aunque la coincidencia volvió a poner a la empresa en el centro de la atención política y judicial.
Las causas judiciales y la escalada de los enfrentamientos con el periodismo
La investigación sobre la ANDIS sumó además un dato relacionado con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Un peritaje de Gendarmería Nacional, que todavía no había sido incorporado formalmente al expediente según la información del artículo, no logró acreditar su autenticidad.
Los especialistas detectaron discontinuidades, posibles regrabaciones y problemas en la cadena de custodia que impidieron establecer una conclusión definitiva sobre el origen de los archivos y las voces registradas.
La noticia fue recibida con satisfacción por sectores del oficialismo, que desde el comienzo habían sostenido que las grabaciones estaban manipuladas. Sin embargo, la investigación judicial no depende exclusivamente de ese material: también contempla contratos, transferencias y documentación independiente de los audios.
Por ese motivo, la imposibilidad de autenticar las grabaciones no demuestra que todo su contenido sea falso ni implica automáticamente el cierre de la causa.
En otro expediente, el vinculado con la criptomoneda Libra, el juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a Javier y Karina Milei, junto con otros involucrados, entre ellos Hayden Davis y Mauricio Novelli. La investigación se había iniciado por la promoción que el Presidente realizó del proyecto en febrero de 2025.
La decisión representó un resultado judicial favorable para la Casa Rosada y coincidió con el inicio del juicio oral de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que están acusados Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo.
Tras el sobreseimiento, Milei volvió a cuestionar a los periodistas que investigaron el caso durante un encuentro de la Fundación Faro. Allí mencionó a varios comunicadores y lanzó una frase que provocó numerosos repudios: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
La declaración se sumó a una serie de expresiones agresivas del mandatario contra sus adversarios y trabajadores de prensa. Semanas antes, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también había utilizado referencias religiosas para describir el escenario político y económico, al afirmar que los mercados veían al kirchnerismo como “el infierno” y a Axel Kicillof como “el anticristo”.
Las declaraciones generaron respuestas de distintas organizaciones. La Academia Nacional de Periodismo rechazó los agravios presidenciales y difundió una solicitada en la que advirtió que “la violencia institucional afecta a la democracia”. También actualizó su registro de ataques, que ya superaba los 860 casos.
Por su parte, Amnistía Internacional anunció que llevará los episodios ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Incluso IDEA, una de las organizaciones empresariales más representativas del Círculo Rojo, reclamó que las discusiones públicas se desarrollen dentro de parámetros de respeto y responsabilidad institucional.
La preocupación de la Iglesia antes de la llegada de León XIV
La escalada discursiva del Presidente también genera inquietud en sectores de la Iglesia Católica, especialmente cuando falta poco para la llegada del papa León XIV a la Argentina.
En el Episcopado siguen con atención las expresiones del mandatario y reconocen que sus formas representan un motivo de preocupación. Sin embargo, dentro de la organización eclesiástica predomina la decisión de evitar que las diferencias se transformen en un enfrentamiento institucional durante la visita apostólica.
La intención es sostener una relación de convivencia y preservar el carácter pastoral del viaje. Desde ese sector también advierten que no debe interpretarse que el Papa llegará para cuestionar personalmente a Milei. Al mismo tiempo, consideran que los mensajes sobre la cultura del encuentro, la convivencia y la responsabilidad colectiva pueden generar incomodidad en una administración que mantiene un discurso de confrontación.
Los preparativos de la visita concentran esfuerzos logísticos vinculados con los traslados, los actos multitudinarios, la seguridad y las actividades pastorales.
Aunque tanto el Gobierno como la Conferencia Episcopal buscan evitar que la llegada del Pontífice se convierta en un nuevo escenario de disputa política, distintos sectores ya intentan instalar sus propias interpretaciones sobre el contenido de los mensajes que podría transmitir.
En ese contexto, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, entregó al Papa un informe de 74 páginas sobre la situación social argentina.
El documento incluye un apartado titulado “El odio como práctica de gobierno”, en el que los movimientos populares cuestionan lo que consideran una utilización habitual de la violencia verbal, la descalificación y la estigmatización de los sectores vulnerables por parte de la administración libertaria.
El informe también aborda el recorte de políticas alimentarias, el funcionamiento de los comedores comunitarios, la situación de las personas con discapacidad, el endeudamiento de los hogares, la precarización laboral, el aumento de la demanda de atención en salud mental y la eliminación del programa Volver al Trabajo.
Además, cuestiona la metodología utilizada para calcular la pobreza y presenta estimaciones alternativas a las cifras oficiales. Se trata del diagnóstico elaborado por las organizaciones de la economía popular y entregado al Vaticano, no de conclusiones que puedan atribuirse automáticamente a la Santa Sede.
Otra señal de las preocupaciones sociales llegó durante el Encuentro Regional de Movimientos Populares realizado en La Matanza, que contó con la participación de representantes eclesiásticos argentinos y de Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Durante la actividad, la religiosa retomó las imágenes bíblicas de Babel y la reconstrucción de Jerusalén para diferenciar los proyectos centrados exclusivamente en la eficiencia y la concentración del poder de aquellos que priorizan la responsabilidad compartida.
Su mensaje estuvo orientado a la construcción de comunidad, el fortalecimiento de los vínculos y el acompañamiento de los sectores excluidos. Esa perspectiva también quedó reflejada en la declaración final del encuentro, que reivindicó la tierra, el techo y el trabajo como derechos fundamentales.
La llegada de León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre y, pocas horas después, el Pontífice tendrá su primer encuentro con Milei en la Casa Rosada.
Además de las actividades institucionales, generan expectativa las homilías de las celebraciones masivas previstas en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y en la Basílica de Luján.
También despierta atención la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el Papa estará acompañado por personas con discapacidad.
Un estudio del Observatorio de las Creencias en Argentina, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), aporta un dato sobre las expectativas de los fieles: el 43,2% quiere que el Papa priorice definiciones sobre la pobreza.
Las negociaciones políticas y los límites para avanzar con las reformas
Mientras el mundo católico organiza la visita apostólica, el oficialismo enfrenta dificultades para sostener sus acuerdos parlamentarios. Uno de los principales obstáculos es la reforma electoral que busca eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El proyecto volvió a quedar trabado pese a las gestiones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien lleva meses dialogando con gobernadores y referentes de partidos provinciales.
El funcionario sostiene que cuenta con buena parte de los respaldos necesarios, aunque dentro de la propia conducción política reconocen que persisten diferencias, especialmente con algunos mandatarios radicales.
La discusión no se limita a reunir los 37 votos en el Senado y los 129 en Diputados que se necesitan para modificar las reglas electorales. También implica negociar qué recibirán los gobernadores a cambio de acompañar una iniciativa que puede modificar las condiciones en las que competirán sus propios espacios durante el próximo año.
En la Unión Cívica Radical, por ejemplo, reclaman un esquema de listas colectoras que permita respaldar una eventual reelección de Milei sin resignar las estructuras partidarias propias.
Santilli y varios gobernadores aliados buscan acelerar las definiciones, pero Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem se resisten a cerrar acuerdos que puedan comprometer la expansión territorial de La Libertad Avanza. Las diferencias terminan trasladándose a las negociaciones legislativas y complican los esfuerzos del oficialismo.
La situación también genera inquietud en el sector que responde a Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia había convertido la eliminación de las PASO en una de las banderas centrales de su estrategia para 2027, bajo la idea de que la medida dificultaría la organización de los adversarios y permitiría ordenar la oferta electoral libertaria.
Ahora, algunos dirigentes temen que un eventual fracaso parlamentario sea interpretado como una señal de debilidad política. La intensidad con la que el Gobierno instaló el proyecto podría hacer que un rechazo legislativo tenga un impacto mayor que el interés que las primarias despiertan en buena parte de la sociedad.
A esto se suman las advertencias de la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre los riesgos de modificar las reglas del proceso cuando el calendario electoral se encuentra cada vez más cerca.
En el oficialismo reconocen que quedan pocas semanas de sesiones ordinarias y que algunas provincias comenzarán a poner en marcha sus cronogramas electorales desde febrero. Aunque algunos dirigentes evalúan la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, las necesidades de los gobernadores y las diferencias internas continúan sin resolverse.
Incluso Bullrich, que debería encabezar parte de la negociación parlamentaria desde el Senado, mantiene reparos sobre la conveniencia de avanzar con la reforma.
El Presupuesto 2027 y las demandas de los bloques aliados
Otro expediente que presenta dificultades es el Presupuesto 2027, la herramienta con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca ordenar las cuentas públicas del próximo año.
El oficialismo no consiguió reunir las firmas necesarias para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento del proyecto. Los bloques del PRO, la UCR y distintos espacios provinciales reclamaron respuestas sobre infraestructura, recursos previsionales, transferencias y partidas destinadas a universidades y programas sociales.
Ante la falta de acuerdos, el debate en Diputados podría trasladarse al 18 o al 25 de noviembre. En ese escenario, el Senado podría terminar discutiendo la ley durante el verano.
La discusión vuelve a exponer una tensión central para el Gobierno: sostener el equilibrio fiscal como una condición innegociable y, al mismo tiempo, convencer a legisladores que reclaman recursos para sus provincias y sectores específicos.
En ese contexto, Santilli intenta fortalecer su protagonismo institucional. El jefe de Gabinete acordó con Bullrich presentarse ante el Senado el próximo 25 de noviembre para brindar su primer informe de gestión. La decisión permitió desactivar una iniciativa del peronismo que buscaba citarlo formalmente.
El artículo señala que hacía más de un año que un ministro coordinador no concurría a la Cámara alta para cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha de la administración. El último había sido Guillermo Francos, quien terminó abandonando el recinto luego de un enfrentamiento con una senadora opositora.
Su sucesor espera evitar un episodio similar y aprovechar la presentación para mostrar capacidad de diálogo con los distintos bloques.
Una negociación por la soberanía y una agenda productiva para mostrar gestión
En medio de las dificultades parlamentarias, el oficialismo logró avanzar con otro proyecto después de aceptar modificaciones a su planteo inicial.
Un plenario de comisiones de Diputados emitió dictamen favorable para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con 60 firmas, tras una negociación que involucró al asesor presidencial Santiago Caputo, a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y a la diputada Silvana Giudici.
Desde el entorno de Caputo destacaron su participación en una iniciativa vinculada con la cuestión Malvinas. Por su parte, el sector de los Menem había reivindicado previamente su intervención en acuerdos legislativos relacionados con discapacidad.
Uno de los puntos centrales de la negociación fue la modificación del alcance de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales argentinos en las islas, luego de recibir objeciones de Estados Unidos.
La nueva redacción concentra las penalidades sobre determinados actores directamente involucrados en esas actividades y excluye a parte de quienes participan de manera indirecta. Desde el Gobierno justificaron los cambios como una forma de evitar consecuencias sobre compañías que no tienen intervención directa en la controversia territorial.
También se introdujeron modificaciones para excluir expresamente la actividad periodística de determinadas figuras penales. Sin embargo, persisten objeciones sobre los posibles efectos de la iniciativa en la libertad de expresión.
En paralelo, el Gobierno buscó exhibir actividad productiva y capacidad de atraer inversiones. Milei viajó a Catamarca junto con Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo para inaugurar las expansiones de los proyectos mineros Fénix 1B y Sal de Vida, de la empresa Río Tinto.
Los desarrollos representan inversiones cercanas a los US$1.400 millones y permitirán incorporar unas 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio.
La fotografía del Presidente junto al gobernador peronista Raúl Jalil fue presentada por el oficialismo como una muestra de que el programa económico todavía cuenta con acompañamiento de dirigentes de diferentes espacios políticos.
La fragmentación del peronismo continúa siendo uno de los factores que el entorno presidencial considera al proyectar el escenario electoral de 2027. La falta de un liderazgo unificado y las diferencias entre sus principales dirigentes, especialmente entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, son observadas por La Libertad Avanza como elementos que podrían debilitar a su principal adversario.
La visita a Catamarca también permitió actualizar el registro de provincias que Milei todavía no visitó desde que asumió la Presidencia. Con ese viaje, quedaron siete jurisdicciones pendientes: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Luis, La Rioja y Salta.
Tres de ellas están gobernadas por dirigentes opositores con relaciones conflictivas con la Casa Rosada: Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Ricardo Quintela. Las otras cuatro tienen mandatarios con vínculos más fluidos con el Gobierno nacional.
Karina Milei también participó, junto con Santilli y Caputo, de una ronda de negocios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario, donde coincidieron con una docena de gobernadores.
La actividad permitió mostrar oportunidades de inversión en minería, energía e infraestructura y mantener abiertos los canales de diálogo con dirigentes que serán importantes para las próximas negociaciones legislativas.
Durante el encuentro, Caputo ratificó la decisión presidencial de no modificar el programa económico: “No podemos movernos de este camino. No hay opción de tomar un atajo, hay que seguir”.
La actividad dejó expuesta una de las principales contradicciones que enfrenta el oficialismo: mientras busca ampliar sus acuerdos políticos y sumar respaldos para avanzar con sus reformas, mantiene una postura económica y discursiva que limita el margen de negociación con algunos de sus propios aliados.
Con la visita de León XIV cada vez más cerca y una agenda parlamentaria cargada de obstáculos, Milei deberá afrontar el desafío de sostener sus convicciones sin perder la capacidad de construir consensos. La continuidad de su proyecto político hacia 2027 dependerá también de cómo administre esas tensiones.
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