El oficialismo y la oposición preparan convocatorias diferentes en Diputados, con la discapacidad, el DNU 70/2023 y la derogación de la Ley de Tierras entre los principales puntos de discusión. A la disputa legislativa se suman los recientes pronunciamientos de la Iglesia sobre la situación social y el reclamo de organizaciones vinculadas al Episcopado por la protección del territorio, en la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina.
El Congreso vuelve a concentrar una serie de discusiones que exceden el tratamiento formal de proyectos y decretos. En Diputados, el oficialismo y la oposición preparan agendas diferentes para las próximas sesiones, con dos cuestiones particularmente sensibles en el centro de la escena: la discapacidad y la derogación de la Ley de Tierras Rurales a través del DNU 70/2023.
La disputa parlamentaria se desarrolla, además, en un contexto político atravesado por señales provenientes de la Iglesia, especialmente alrededor de la situación social y de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad. A poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ministerio de Salud y acordaron sostener una mesa de diálogo sobre la problemática del sector.
Al mismo tiempo, Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen volvieron a pronunciarse sobre la Ley de Tierras luego del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
Dos sesiones en disputa
La oposición decidió impulsar una sesión especial para el jueves 15 de octubre, con un temario que incluye el debate sobre el DNU 70/2023 y, además, iniciativas vinculadas con discapacidad y morosidad o endeudamiento familiar.
La convocatoria busca reunir el número de diputados necesario para habilitar el tratamiento de los proyectos. Sin embargo, los bloques opositores todavía no tienen asegurado el quórum ni los votos suficientes para avanzar sobre el decreto.
La estrategia oficialista apunta, en paralelo, a una sesión propia para el 21 de octubre. La intención es concentrar allí distintos proyectos y, de esa manera, disputar el eje de la agenda parlamentaria. Entre los temas que aparecen en esa convocatoria están discapacidad, morosidad, el proyecto de biocombustibles aprobado por el Senado y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La posibilidad de una sesión oficialista el 21 ya había sido planteada mientras la oposición organizaba su propia convocatoria.
De esta manera, el Congreso puede quedar ante una suerte de contrapunto entre dos agendas legislativas separadas por pocos días y con algunos temas compartidos.
La Ley de Tierras vuelve al centro de la discusión
Uno de los factores que reactivó la discusión fue la decisión de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/2023.
El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo, mediante el cual el decreto había derogado la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
La Corte no declaró constitucional el artículo 154. El tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, y consideró que no estaba configurado un caso o controversia que habilitara el pronunciamiento judicial sobre el fondo.
En la práctica, al dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo.
La decisión volvió a llevar el tema al ámbito político. La oposición incorporó el debate dentro de su convocatoria y el oficialismo analiza alternativas para abordar específicamente el artículo 154.
El nuevo reclamo de la Iglesia
La cuestión territorial también recibió un nuevo pronunciamiento de organizaciones vinculadas con la Iglesia.
Cáritas Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Endepa expresaron preocupación por la situación generada después del fallo de la Corte y reclamaron a legisladores, funcionarios y autoridades judiciales que tengan en cuenta la defensa del territorio y el bienestar de la población.
Las entidades plantearon que la propiedad y el uso de la tierra deben ser considerados también en relación con el bien común y las futuras generaciones. El reclamo retomó planteos que esas organizaciones ya habían realizado meses atrás en relación con la posibilidad de eliminar restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Así, la discusión dejó de estar circunscripta exclusivamente al Congreso y pasó a involucrar también a organizaciones sociales y religiosas que plantean su propia mirada sobre la cuestión territorial.
Discapacidad, otra discusión que gana peso
El otro gran eje de la disputa parlamentaria es la situación de las personas con discapacidad.
El Gobierno busca llevar al recinto su propio proyecto después de la controversia generada por las disposiciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. En paralelo, la oposición incorporó el tema a la sesión especial del 15 de octubre.
La discusión se produce mientras la Iglesia aumentó sus intervenciones públicas sobre la situación del sector.
El 5 de octubre, integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud para plantear inquietudes y propuestas relacionadas con las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.
Durante el encuentro, la delegación episcopal entregó un documento a los funcionarios y señaló que muchas familias e instituciones vinculadas con la discapacidad atraviesan situaciones particularmente difíciles.
Como resultado de la reunión, las partes acordaron conformar una mesa de diálogo para continuar el intercambio y avanzar en la búsqueda de respuestas a las problemáticas planteadas. También resolvieron mantener abierto el canal institucional para tratar las cuestiones que correspondan al Ministerio de Salud.
El encuentro adquiere una dimensión política adicional porque se produce en la antesala de la llegada de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. La propia Iglesia presenta la peregrinación a Luján como una de las instancias de preparación para la visita papal.
Las señales de la Iglesia antes de la visita de León XIV
Los cuestionamientos sobre la situación social también aparecieron en las últimas intervenciones públicas de distintos referentes del Episcopado.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, llamó a no ser indiferentes frente a quienes sufren y pidió abandonar las descalificaciones y el odio. En su homilía, planteó la necesidad de una sociedad capaz de respetar y dialogar con quienes piensan diferente.
La cuestión social también forma parte del contexto en el que se prepara la visita de León XIV. La Conferencia Episcopal ya informó que el viaje apostólico se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.
En este escenario, el debate sobre discapacidad adquiere una dimensión que excede la discusión presupuestaria y parlamentaria. La mesa de diálogo entre la Iglesia y el Ministerio de Salud constituye un canal institucional adicional mientras el Congreso analiza distintas alternativas legislativas.
El oficialismo busca ordenar la agenda
Con la oposición intentando instalar una sesión para el 15 de octubre, el oficialismo procura ordenar su propia agenda y evitar que la convocatoria opositora concentre la discusión.
Una de las alternativas analizadas es separar el debate sobre la Ley de Tierras del resto de los temas impulsados por la oposición y buscar una vía específica para abordar el artículo 154 del DNU 70/2023.
En paralelo, La Libertad Avanza pretende reunir en una sesión propia los proyectos de discapacidad y morosidad, además de otras iniciativas que podrían contar con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas.
El objetivo es construir una agenda que permita al oficialismo negociar con aliados y legisladores de distintos espacios sin quedar atado exclusivamente a los proyectos promovidos por la oposición.
La discusión sobre discapacidad aparece, en ese sentido, como uno de los puntos donde existen mayores posibilidades de negociación, mientras que el rechazo al DNU 70/2023 presenta un escenario más complejo por las diferentes posiciones que mantienen los bloques respecto de los distintos capítulos del decreto.
Las negociaciones con los gobernadores
Por fuera de estas sesiones, el Gobierno también mantiene conversaciones con los gobernadores y referentes provinciales alrededor de la reforma electoral, con la posibilidad de eliminar o suspender las PASO entre los principales puntos de discusión.
Las negociaciones se relacionan además con el tratamiento del Presupuesto 2027. El oficialismo necesita construir acuerdos con los distintos bloques y gobernadores para avanzar en ambas agendas.
En este marco, las conversaciones pueden darse inicialmente entre espacios políticos, aunque las negociaciones finales podrían adoptar una dinámica particular en cada provincia.
La agenda de esos acuerdos también forma parte de las tareas que deberá afrontar Diego Santilli, mientras el Gobierno intenta coordinar las discusiones parlamentarias, presupuestarias y electorales.
Una agenda legislativa atravesada por varios frentes
La discapacidad y la Ley de Tierras quedaron así nuevamente en el centro de una agenda legislativa que combina cuestiones institucionales, sociales y políticas.
La oposición busca llevar al recinto el DNU 70/2023 junto con discapacidad y morosidad el 15 de octubre, mientras el oficialismo evalúa una sesión para el 21 con algunos de esos mismos temas y otros proyectos.
A esa disputa se suman el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, los reclamos de organizaciones vinculadas con la Iglesia y la mesa de diálogo abierta entre la Pastoral Social y el Ministerio de Salud.
En paralelo, el Gobierno negocia con los gobernadores el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
El resultado de esas conversaciones determinará no solo qué proyectos llegan al recinto, sino también qué capacidad tiene cada sector para construir acuerdos en una Cámara donde el oficialismo necesita aliados para avanzar y la oposición todavía debe reunir el número suficiente para imponer su propia agenda.
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