En la antesala de la Argentina Week en París, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos evaluó las transformaciones impulsadas por el Gobierno argentino. El documento reconoce avances en materia fiscal, cambiaria y de reformas estructurales, pero señala que todavía persisten desafíos vinculados con la deuda, la inflación y la eliminación completa de los controles de capital.
En la previa de la Argentina Week, que se desarrollará en París, Francia, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió un informe sobre las condiciones económicas y de inversión de la Argentina. El documento describe al país como una economía “en transición”, atravesada por las reformas implementadas durante la gestión de Javier Milei, aunque advierte que todavía existen cuestiones pendientes para consolidar ese proceso.
El análisis forma parte del documento Clima de Inversión 2026, un reporte que evalúa las condiciones para los negocios y las inversiones en distintos países. En el capítulo dedicado a la Argentina, el organismo estadounidense destaca que el Gobierno de Milei avanzó en la reversión de políticas que califica como intervencionistas y en reformas destinadas a orientar la economía hacia un esquema de mayor participación del mercado.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado identifica tres cuestiones como los principales desafíos pendientes: la sostenibilidad de la deuda, la persistencia de la inflación y el desmantelamiento completo de los controles de capital.
Deuda, inflación y controles cambiarios
Según el informe, la administración de Milei impulsó “reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”. Sin embargo, el organismo estadounidense considera que todavía quedan problemas de fondo por resolver.
Entre ellos menciona la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda, continuar reduciendo la inflación y completar el proceso de eliminación de las restricciones cambiarias y de capital.
La evolución de los precios ocupa un lugar destacado dentro del análisis. El documento señala que la reducción de la inflación fue una de las principales prioridades del Gobierno desde el comienzo de su gestión.
De acuerdo con las cifras incluidas en el reporte, la inflación pasó del 211,4% en 2023 al 117,8% en 2024 y al 31,5% en 2025. El Departamento de Estado destaca que el último registro representó el nivel más bajo en ocho años.
La desaceleración inflacionaria, según el informe, estuvo acompañada por un fuerte ajuste fiscal. Ese proceso permitió revertir el déficit y alcanzar un superávit primario del 1,4%.
El documento también señala que la Argentina cerró 2025 con un presupuesto equilibrado por segundo año consecutivo, algo que presenta como un resultado que no se observaba desde el período 2007-2008.
El nuevo esquema cambiario y el desarme del cepo
Otro de los cambios destacados por el Departamento de Estado está relacionado con el funcionamiento del mercado cambiario.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó en 2026 un esquema de flotación cambiaria mediante bandas. El informe explica que los límites de ese sistema se ajustan en función de la inflación registrada previamente.
En ese marco, el desmantelamiento del cepo cambiario aparece como uno de los ejes centrales de la transformación económica.
El reporte estadounidense repasa el origen de los controles cambiarios y señala que fueron establecidos durante el gobierno de Mauricio Macri antes del final de su mandato en 2019 y posteriormente ampliados durante la gestión de Alberto Fernández, especialmente entre 2022 y 2023.
Según el documento, aproximadamente un año y medio después de asumir, el Gobierno de Milei implementó modificaciones a través del BCRA en abril de 2025. El Departamento de Estado sostiene que esas medidas implicaron “el fin de la mayoría de los controles de capital y de cambio para individuos, que habían estado vigentes desde septiembre de 2019”.
Sin embargo, el proceso no fue presentado como completamente terminado.
El informe aclara que todavía existen restricciones para empresas que necesitan acceder al mercado cambiario para afrontar determinados compromisos de deuda comercial y financiera heredada, así como para girar dividendos.
La administración de Milei, según el documento estadounidense, tiene como objetivo eliminar los controles de capital que aún permanecen antes de finalizar 2026, aunque el propio reporte señala que el momento y el alcance de ese proceso dependerán de las condiciones económicas.
El vínculo con el FMI
El informe también dedica un apartado a la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En paralelo con la flexibilización de los controles cambiarios, el organismo internacional aprobó un Servicio Ampliado de 48 meses por US$20.000 millones. Luego, en mayo de 2026, después de completarse la segunda revisión del acuerdo, el FMI habilitó un desembolso adicional de US$1.000 millones.
Para el Departamento de Estado, el programa permitió mostrar avances en tres áreas: el fortalecimiento de la disciplina fiscal, la reconstrucción de las reservas internacionales y el desarrollo de reformas económicas consideradas centrales por el organismo.
El reporte plantea, además, que la Argentina deberá sostener un ancla fiscal sólida, avanzar hacia un régimen cambiario más flexible y continuar con reformas estructurales orientadas a una economía que el documento define como más dinámica y orientada al mercado.
La reforma laboral y los obstáculos judiciales
El documento también analiza las reformas implementadas durante la gestión de Milei. Entre ellas menciona la Ley de Modernización Laboral, a la que atribuye modificaciones en diferentes aspectos de las relaciones de trabajo.
Según el informe, la reforma incorporó reducciones en determinadas obligaciones indemnizatorias, creó un Fondo de Cese Laboral y modificó regulaciones vinculadas con las horas de trabajo y las relaciones laborales.
El proceso, sin embargo, atravesó un conflicto judicial.
El Departamento de Estado recuerda que el 30 de marzo de 2026 los tribunales laborales suspendieron 82 disposiciones de la normativa a raíz de impugnaciones presentadas por sindicatos. Para el organismo estadounidense, esa situación generó incertidumbre respecto del alcance y del momento de implementación de distintas reformas.
Actualmente, de acuerdo con la información proporcionada en la fuente, esas medidas cautelares fueron revocadas y la ley se encuentra plenamente vigente.
Más allá de las reformas, el informe también recoge objeciones planteadas por empresas que operan en la Argentina. Entre los principales obstáculos mencionados aparecen una “elevada carga tributaria” y la existencia de “rígidas leyes laborales”, que las compañías identifican como factores que dificultan la llegada de inversiones.
El acuerdo comercial con Estados Unidos
Entre los avances destacados aparece el Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversión entre Argentina y Estados Unidos (ARTI).
El entendimiento apunta a reducir aranceles, ampliar la aceptación de estándares internacionales, reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica entre ambos países.
La evolución de la política de propiedad intelectual también fue reconocida por el gobierno estadounidense. En 2026, Argentina dejó atrás determinadas restricciones sobre la patentabilidad de productos farmacéuticos, una modificación vinculada con los compromisos asumidos en el marco del ARTI. El informe especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó que Argentina pasó en 2026 de la Priority Watch List a la Watch List y destacó esas modificaciones.
En marzo de 2026, además, se derogaron las pautas restrictivas que habían limitado determinados criterios de patentabilidad para productos farmacéuticos. La modificación fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 1/2026.
El denominado “Super RIGI”
Otro de los mecanismos que el informe ubica dentro de la estrategia para atraer inversiones es el denominado “Super RIGI”.
El régimen fue presentado el 8 de mayo de 2026 por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de atraer proyectos de entre US$20.000 millones y US$30.000 millones.
La iniciativa apunta a sectores considerados estratégicos, entre ellos cobre, litio, energía nuclear, gas natural licuado y centros de datos vinculados con inteligencia artificial.
Entre sus características se encuentra una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias corporativas para los megaproyectos alcanzados, que pasaría del 25% al 15%, además de la eliminación de aranceles de exportación e importación desde el comienzo de los proyectos.
De acuerdo con la información de la fuente, el esquema todavía requiere aprobación del Congreso.
Corrupción e instituciones: otras advertencias del informe
El Departamento de Estado también dedica parte de su evaluación a la situación institucional y a las condiciones vinculadas con la corrupción.
El documento reconoce avances normativos, pero señala que persisten dificultades estructurales.
Entre los antecedentes citados aparece un informe publicado en marzo de 2026 por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí se señaló la necesidad de avanzar en una aplicación más firme de las normas, mejorar las protecciones para denunciantes, acelerar los procesos judiciales, completar la implementación del Código Penal Federal y reducir las vacantes en la Justicia.
El reporte estadounidense también cita los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial para advertir que la corrupción continúa siendo un área de preocupación en la Argentina.
En esa evaluación aparecen además referencias a la fortaleza institucional y al funcionamiento del sistema judicial. El documento sostiene que existen situaciones de interferencia política en los procesos judiciales y recoge preocupaciones expresadas por empresas acerca de la transparencia y confiabilidad de los tribunales.
También menciona acusaciones empresariales según las cuales el sistema judicial habría sido utilizado por el Gobierno como mecanismo de presión sobre el sector privado. Se trata de una apreciación incluida en el documento y atribuida a las empresas que expresaron esas preocupaciones, no de una conclusión independiente establecida en el informe como hecho judicial probado.
Protestas y conflictividad social
El análisis del Departamento de Estado también contempla el escenario político y de seguridad y su posible impacto sobre las inversiones.
El organismo señala que las manifestaciones son frecuentes tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del país. No obstante, sostiene que, en términos generales, no son consideradas un impedimento significativo para el clima de inversión.
El informe menciona las huelgas generales realizadas el 9 y 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026.
En relación con esta última jornada, señala que hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron personas heridas y detenidas durante las protestas contra la reforma laboral.
Al mismo tiempo, el reporte identifica una evolución que considera relevante en materia de conflictividad: según datos del Gobierno argentino citados por el Departamento de Estado, durante 2025 la cantidad de protestas que interrumpieron las redes de transporte descendió hasta su nivel más bajo en 25 años.
Privatizaciones: avances y operaciones sin ofertas
El último tramo del análisis aborda el programa de privatizaciones impulsado a partir de la Ley de Bases 27.742, sancionada en 2024.
El proceso, según el informe, tuvo avances pero también enfrentó dificultades.
Uno de los casos mencionados es Intercargo S.A.U. En marzo de 2026, el Gobierno lanzó una licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de la empresa.
Sin embargo, en julio de ese mismo año el Ministerio de Economía declaró desierta la licitación porque no recibió ofertas consideradas válidas.
El reporte contrapone ese resultado con la operación realizada sobre IMPSA, la empresa metalúrgica.
En enero de 2025, el Estado argentino vendió su participación en la compañía a la firma estadounidense Arc Energy por US$27 millones, en el marco de la política oficial orientada al denominado “déficit cero”.
Una economía en transición
El diagnóstico general del Departamento de Estado combina el reconocimiento de los cambios implementados desde la llegada de Milei con una enumeración de cuestiones que, según el organismo, todavía condicionan el clima de inversión.
Por un lado, el informe destaca la reducción de la inflación, el resultado fiscal, la flexibilización del mercado cambiario, las reformas estructurales, el avance del acuerdo con Estados Unidos y los incentivos para grandes inversiones.
Por otro, ubica como desafíos centrales la sostenibilidad de la deuda, la inflación todavía persistente y la eliminación completa de los controles de capital. A eso suma preocupaciones relacionadas con la carga tributaria, las regulaciones laborales, la corrupción, la fortaleza institucional y el funcionamiento de la Justicia.
El documento se conoce en la antesala de la Argentina Week en París, en un momento en el que el Gobierno busca presentar ante inversores internacionales el proceso de transformación económica iniciado con Milei. El reporte estadounidense, en ese contexto, funciona como una evaluación que combina los avances que identifica con los obstáculos que considera todavía pendientes.
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