Mientras la Casa Rosada acelera su agenda parlamentaria para el segundo semestre, con reformas clave en el Banco Central y la mira puesta en el equilibrio fiscal, el reciente adelanto del Presupuesto 2027 ha encendido las primeras luces de alarma en el Poder Legislativo. Tanto bloques aliados como sectores opositores han cuestionado la falta de precisiones cuantitativas y la brecha que, según analizan, existe entre las metas oficiales y la realidad macroeconómica actual.
Una hoja de ruta bajo la lupa
El documento presentado por el Ejecutivo evita los números detallados y se enfoca en ejes ideológicos y macroeconómicos, prometiendo estabilidad, recuperación de salarios reales y un crecimiento motorizado por la inversión privada. Sin embargo, este enfoque «genérico» no fue bien recibido por sectores que reclaman un debate parlamentario más profundo y ajustado a la ley.
Las críticas principales se estructuran en tres dimensiones:
- Falta de realismo económico: Legisladores y analistas señalan que las proyecciones del Gobierno chocan con indicadores actuales: una caída de la inversión de dos dígitos, mínimos históricos en inversión pública y una tasa de desempleo en ascenso.
- Conflictos con el federalismo: Desde bloques provincialistas aliados —como Innovación Federal— advirtieron que la estrategia de consolidación fiscal descansa excesivamente sobre el recorte de transferencias a las provincias, afectando áreas sensibles como salud, educación y ciencia.
- Credibilidad del modelo: Sectores peronistas recordaron los desvíos registrados en el presupuesto anterior —donde la inflación real superó por amplio margen las estimaciones oficiales—, argumentando que el nuevo adelanto carece de solidez en sus cálculos de ingresos y gastos.
La pulseada por la agenda parlamentaria
El rechazo al adelanto presupuestario ocurre en un momento de alta actividad parlamentaria. Mientras el Ejecutivo busca avanzar en el Senado con la «inviolabilidad de la propiedad privada» y otros temas prioritarios como el Súper RIGI y la reforma de la ley de sociedades, la relación con los gobernadores se ha vuelto un frente de batalla indispensable.
La capacidad de la Casa Rosada para cerrar acuerdos no solo es fundamental para su agenda económica, sino también para sus pretensiones de reforma política, donde el oficialismo busca consensos para avanzar hacia un esquema electoral que, entre otros puntos, evite las PASO en 2027.
La discusión de fondo, según advierten los críticos, es si el Ejecutivo podrá sostener su plan de estabilidad macroeconómica sin que esto derive en una parálisis operativa de los estados provinciales y sin dejar de atender la crisis en el consumo interno y la industria nacional. Con la fecha límite del 15 de septiembre para la presentación formal del proyecto, el oficialismo tiene por delante un desafío de negociación que pondrá a prueba la solidez de sus mayorías parlamentarias.
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