Las elecciones de medio término en Estados Unidos y la visita del papa León XIV redujeron la actividad parlamentaria y complicaron el calendario legislativo. Mientras el oficialismo proyecta dos sesiones para noviembre, el PRO, la UCR y los bloques provinciales condicionan su respaldo al Presupuesto 2027 a respuestas sobre coparticipación, subsidios al transporte, biocombustibles, fondos previsionales y financiamiento universitario.
La actividad en el Congreso atraviesa un período de baja intensidad por la coincidencia de dos acontecimientos que alteraron la agenda parlamentaria: las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos y la visita del papa León XIV a la Argentina. La situación demora las negociaciones por el Presupuesto 2027 y reduce el margen que tiene el Gobierno para avanzar con sus principales proyectos antes del cierre de las sesiones ordinarias.
El escenario también expone las dificultades del oficialismo para reunir los respaldos necesarios. Los bloques aliados mantienen sus propios reclamos y utilizan la negociación de las iniciativas económicas y legislativas para fortalecer su posición frente a La Libertad Avanza.
Desde el oficialismo dejaron trascender un cronograma tentativo que contempla una primera sesión el 18 de noviembre, destinada a tratar la Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La segunda convocatoria sería el 25 de noviembre y estaría dedicada íntegramente al proyecto de Presupuesto 2027.
Sin embargo, la posibilidad de avanzar con ese calendario depende de acuerdos que todavía están pendientes. Entre los temas que reclaman los sectores opositores y los gobiernos provinciales aparecen la ley de biocombustibles, la distribución de los subsidios al transporte, las deudas de Nación con las jurisdicciones y el financiamiento de distintos servicios públicos.
La discusión presupuestaria dejó de estar limitada a las partidas previstas para el próximo año: se convirtió también en un espacio donde los gobernadores y sus representantes parlamentarios buscan respuestas a demandas que consideran prioritarias para sus distritos.
El primer obstáculo: los aliados no acompañaron el dictamen
La semana pasada, el oficialismo sufrió un primer revés cuando no consiguió avanzar con el dictamen del Presupuesto. El PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a firmar el despacho hasta obtener respuestas concretas a una serie de planteos.
La decisión dejó expuesta la dependencia del Gobierno de los acuerdos con otras fuerzas para conseguir avances legislativos. Aunque esos espacios pueden acompañar determinadas iniciativas, no están dispuestos a respaldar el proyecto presupuestario sin discutir previamente los recursos y compromisos que afectan a sus provincias.
En el caso del PRO, uno de los principales reclamos está relacionado con las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Se trata de una disputa que impacta directamente sobre el distrito gobernado por Jorge Macri y que también se cruza con las conversaciones electorales entre el macrismo y los libertarios.
El bloque que conduce Cristian Ritondo también impulsa una reducción del IVA aplicado al huevo y sus productos derivados. La propuesta apunta a beneficiar a la producción avícola de Entre Ríos, provincia gobernada por Rogelio Frigerio, dirigente del PRO.
Otro reclamo compartido por el PRO, la UCR y distintos gobiernos provinciales es la reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según el planteo de estos sectores, ese tributo debería destinarse por ley al mantenimiento de las rutas, pero cuestionan que el Gobierno no ejecute esos recursos con ese objetivo.
En paralelo, las provincias piden mayor información y procedimientos más transparentes para las concesiones viales que, según las previsiones oficiales, alcanzarían unos 9.000 kilómetros de rutas.
Fondos previsionales y autorizaciones para tomar deuda
La negociación también incluye los recursos destinados a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES. Esos distritos buscan precisiones sobre los fondos que recibirán para compensar sus déficits.
El proyecto de Presupuesto contempla una partida de $503.325 millones para ese concepto, un monto que desde las provincias ya consideran insuficiente. La discusión no se limita a la cifra global: los gobiernos provinciales también reclaman conocer cómo se distribuirán los recursos y qué criterios se utilizarán para determinar los montos correspondientes a cada jurisdicción.
A esa demanda se suman los pedidos de varios distritos que todavía esperan una respuesta sobre posibles autorizaciones para tomar deuda. Estos planteos forman parte de las condiciones que los representantes provinciales ponen sobre la mesa antes de definir su acompañamiento al proyecto oficial.
Financiamiento universitario: diferencias dentro de la oposición
El presupuesto destinado a las universidades nacionales constituye otro de los puntos de conflicto y también genera diferencias entre sectores de la oposición.
La iniciativa del Gobierno contempla algo más de $7 billones para el conjunto de las casas de altos estudios, mientras que los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un piso de $11 billones para garantizar su funcionamiento.
La distancia entre ambas cifras mantiene abierta la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario. Sin embargo, las posiciones opositoras no son completamente homogéneas.
El sector de la UCR alineado con los gobernadores concentra sus planteos en las universidades que el radicalismo conduce políticamente y en aquellas ubicadas dentro de sus provincias. En cambio, los radicales disidentes que integran Provincias Unidas, entre ellos Martín Lousteau, sostienen una posición de alcance más general, en línea con el reclamo del CIN.
De esta manera, el financiamiento universitario suma otro capítulo a una negociación en la que cada espacio busca incorporar sus prioridades al debate presupuestario.
El conflicto por los subsidios al transporte profundizó el malestar provincial
Durante la última semana se agregó un nuevo foco de tensión después de que la Secretaría de Transporte acordara incrementar los subsidios destinados a las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre.
Además, el organismo reconoció una deuda cercana a $39.000 millones, originada en errores en las proyecciones de recaudación por el pago de boletos entre junio y septiembre.
La decisión provocó malestar entre los gobernadores del interior, que cuestionaron el criterio de distribución de los recursos y reclamaron un tratamiento equivalente para sus sistemas de transporte.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuyo espacio tiene influencia sobre cinco votos clave en la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó la diferencia entre la asistencia destinada al AMBA y la situación de las provincias.
“Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de ‘no hay plata’ se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, expresó.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también cuestionó la decisión y reclamó que los subsidios se distribuyan con criterios federales.
“Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA. Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”, sostuvo.
Las declaraciones reflejan que el conflicto por el transporte dejó de ser una discusión sectorial y pasó a integrar el conjunto de reclamos que condicionan las negociaciones presupuestarias. Para los gobernadores, la distribución de los subsidios constituye una cuestión central en la relación financiera entre Nación y las provincias.
La ley de biocombustibles, otro punto de negociación
Las diferencias por el transporte se suman a las demoras en el tratamiento de la ley de biocombustibles, que también generaron malestar en Córdoba y Santa Fe.
El proyecto comenzó a debatirse en Diputados hace dos semanas, después de obtener media sanción en el Senado. La iniciativa propone elevar los porcentajes de corte obligatorio de bioetanol en las naftas, del 12% al 15%, y de biodiésel en el gasoil, del 7% al 10%.
El rápido avance inicial del proyecto había sido interpretado como un gesto del oficialismo hacia los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Ambos mandatarios habían acompañado al Gobierno en votaciones relevantes, entre ellas el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.
Sin embargo, la propuesta quedó frenada por los planteos de provincias productoras de biodiésel, entre ellas Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
Desde el PRO, con respaldo de otros sectores provinciales, proponen mantener una participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas no integradas. El argumento es que esas firmas no podrían competir en igualdad de condiciones con las grandes compañías aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que una modificación del esquema podría favorecer la concentración del mercado en un número reducido de grandes jugadores.
La discusión expone intereses diferentes entre las provincias que buscan ampliar la producción de biocombustibles y aquellas que pretenden preservar la participación de sus empresas dentro de la actividad. Esa diferencia se convirtió en otro obstáculo para el avance de la iniciativa.
Provincias Unidas busca negociar los reclamos en conjunto con el Presupuesto
En este contexto, los diputados de Provincias Unidas dejaron trascender que las negociaciones por los subsidios al transporte, los fondos previsionales y la ley de biocombustibles deberán avanzar de manera conjunta con la discusión del Presupuesto 2027.
La estrategia apunta a utilizar el peso parlamentario de los representantes provinciales para conseguir respuestas a los reclamos de sus gobernadores. En lugar de discutir cada iniciativa de manera aislada, estos bloques buscan vincular los distintos temas y convertirlos en parte de un mismo acuerdo político.
Para el oficialismo, esa posición representa una dificultad adicional. La aprobación del Presupuesto requiere construir consensos con fuerzas que tienen demandas propias y que no necesariamente comparten las prioridades del Gobierno nacional.
La cercanía del cierre de las sesiones ordinarias agrega presión sobre las negociaciones. Si no consigue completar el tratamiento legislativo dentro de los plazos previstos, el Ejecutivo deberá recurrir a una convocatoria a sesiones extraordinarias, al menos durante diciembre, para intentar obtener la aprobación definitiva del Presupuesto en el Senado.
Así, el debate presupuestario quedó atravesado por una negociación más amplia sobre la distribución de recursos, el financiamiento de las provincias y las políticas sectoriales. El Gobierno necesita los votos para avanzar, mientras que los bloques aliados buscan que ese respaldo tenga como contrapartida respuestas concretas a sus reclamos.
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