En cadena nacional, el Presidente anunció un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. También anticipó un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios y la ampliación de recursos de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Milei puso el foco en la explotación petrolera de Malvinas
El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para presentar una serie de medidas vinculadas con la cuestión Malvinas y, en particular, con las actividades de explotación de recursos naturales que se desarrollan en las islas.
Uno de los principales anuncios fue el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades en Malvinas sin autorización del Estado argentino.
El mandatario vinculó esta decisión directamente con el proyecto petrolero Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas y operado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Según explicó Milei, el Gobierno determinó que el proyecto tiene previsto comenzar la explotación petrolera offshore durante los próximos meses. En ese contexto, advirtió sobre la posibilidad de que las empresas avancen sobre las reservas de petróleo ubicadas bajo el mar argentino.
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó.
El Presidente también sostuvo que Estados Unidos se encuentra reevaluando su posición sobre la cuestión Malvinas a partir de la relación que mantiene con Argentina y definió a nuestro país como un “socio confiable”.
La afirmación se produjo luego de que Donald Trump manifestara durante los últimos días que está dispuesto a revisar la posición estadounidense frente al conflicto entre Argentina y el Reino Unido.
En su mensaje, Milei volvió a remarcar la posición argentina sobre las islas: “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. Es una causa nacional”.
Qué propone el proyecto de ley sobre las empresas que operen en Malvinas
La iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso fue presentada por Milei bajo el nombre de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”.
El proyecto contempla modificaciones sobre la Ley 26.659, con el objetivo de aumentar las sanciones aplicables a las operaciones que se realicen sin autorización argentina.
Además de endurecer las penas para las actividades no autorizadas, la iniciativa plantea la creación del Consejo de Seguridad Nacional, organismo que tendrá como función definir una política de seguridad nacional transversal a todo el Estado.
El proyecto también busca establecer un marco destinado a la protección de la infraestructura crítica de la zona.
Milei detalló además algunos de los mecanismos que se aplicarían sobre las empresas involucradas. Según explicó, los proveedores de los proyectos quedarían alcanzados por las mismas sanciones que las compañías que desarrollen directamente las operaciones.
También se establecería que los infractores no puedan contratar dentro del territorio argentino, tanto con organismos del sector público como con empresas del sector privado.
A esto se sumaría, cuando corresponda, la posibilidad de aplicar la ley de juicio en ausencia, que fue sancionada por el Congreso en 2025.
Un decreto para acelerar las sanciones
Además del proyecto de ley, Milei anunció una medida de aplicación inmediata.
El Presidente señaló que durante esa misma noche firmaría un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659.
La decisión fue presentada como una forma de darle mayor rapidez a los mecanismos existentes frente a las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
Milei remarcó que el caso de Sea Lion no sería el único que preocupa al Gobierno.
“Sea Lion es sólo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina”, sostuvo.
De esta manera, el anuncio presidencial no quedó limitado al proyecto petrolero actualmente mencionado, sino que incluyó al conjunto de actividades y compañías que, según el Gobierno, avanzan sobre recursos de las islas sin autorización del Estado argentino.
La nueva Base Naval Integrada en Tierra del Fuego
Otro de los anuncios realizados durante la cadena nacional estuvo relacionado con las capacidades de defensa y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Milei informó que el Gobierno nacional ampliará los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
La iniciativa también contempla incrementar las capacidades argentinas en materia de telecomunicaciones.
Según explicó el Presidente, la nueva infraestructura tendrá una importancia estratégica porque permitirá convertir a Tierra del Fuego en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será relevante para la proyección geopolítica del país.
Sin embargo, durante el mensaje no se brindaron mayores detalles sobre las características de la futura base naval.
Qué antecedentes tienen las empresas vinculadas con Sea Lion
La posición del Gobierno frente a las compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion también tiene antecedentes.
En 2012, Rockhopper Exploration fue declarada clandestina y sus actividades fueron consideradas ilegales mediante una resolución de la Secretaría de Energía. Aquella medida también dispuso su inhabilitación para operar en Argentina durante un período de 20 años.
Una medida similar fue adoptada posteriormente respecto de Navitas Petroleum, la otra compañía vinculada con el proyecto Sea Lion.
Durante el Gobierno de Alberto Fernández, en 2021, se había iniciado un proceso de sanciones contra estas empresas y otras compañías por desarrollar actividades consideradas ilegales en Malvinas.
El antecedente volvió a ser mencionado en diciembre de 2025, cuando la Cancillería recordó aquellas resoluciones y expresó su “más enérgico rechazo” a la denominada “decisión final de inversión” adoptada por las compañías para avanzar con Sea Lion sin autorización del Estado argentino.
De esta manera, la administración de Milei plantea ahora nuevas herramientas para intentar sancionar a las empresas que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
Una acción judicial para intentar frenar Sea Lion
El proyecto petrolero también quedó alcanzado por una presentación judicial durante esta semana.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción ante la Justicia con el objetivo de intentar frenar el desarrollo de Sea Lion.
La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, que tiene competencia sobre Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.
Así, el proyecto petrolero que el Gobierno considera una amenaza para los intereses estratégicos argentinos quedó en el centro de distintas acciones: mientras el Ejecutivo anunció nuevas medidas legislativas y administrativas para endurecer las sanciones, organizaciones ambientalistas y de excombatientes recurrieron a la Justicia para intentar detener su avance.
Los anuncios realizados por Milei en cadena nacional combinaron, de este modo, tres líneas de acción vinculadas con la cuestión Malvinas: el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos sin autorización argentina, la aceleración de los procedimientos para aplicar esas sanciones y el fortalecimiento de las capacidades de Defensa mediante la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
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