El Ministerio de Seguridad provincial invertirá 23 mil millones de pesos en la descentralización del Conurbano y en tecnología de asistencia en tiempo real.
El plan de modernización del Sistema de Emergencias 911 de la Provincia de Buenos Aires marca un quiebre en la gestión de la seguridad pública bonaerense. La iniciativa combina una millonaria actualización tecnológica con una descentralización territorial que busca resolver las demoras en el despacho de recursos ante situaciones críticas en el Conurbano.
Las 3 claves para entender esta reforma se centran en la eficiencia operativa, la infraestructura y el análisis de la información. El componente más disruptivo es la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial que asistirán a los operadores en las plataformas SAE911 y SAD911. Este software realizará transcripciones, traducciones y un etiquetado automatizado de datos esenciales —como nombres, ubicaciones y patentes— para acelerar el despacho de patrulleros y ambulancias.
Desde una perspectiva logística, la Provincia romperá el esquema actual de tres sedes (La Plata, Mar del Plata y Campana) con la construcción de una cuarta Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) en La Matanza. La decisión responde a una necesidad estructural: descomprimir el flujo operativo de la cabecera platense y brindar un reaseguro técnico ante picos de demanda en la zona oeste y el Conurbano profundo.
El proyecto, adjudicado bajo la Licitación Pública 20/2025, contempla además la renovación de todo el equipamiento informático por obsolescencia. La inversión incluirá videollamadas de emergencia para que la ciudadanía transmita imágenes en vivo, y un sistema de localización (AVL) capaz de monitorear en tiempo real hasta 200.000 dispositivos en simultáneo, desde las tablets de los patrulleros hasta las radios policiales.
Esta reforma integral, que logró cerrarse por debajo del presupuesto oficial estimado originalmente, abre un período de transición de 24 meses bajo soporte técnico garantizado. El éxito de la medida dependerá de la correcta adaptación del personal policial a las nuevas herramientas y de la capacidad de la infraestructura para procesar el volumen de demandas en las zonas de mayor vulnerabilidad de la provincia.
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