La decisión del Poder Ejecutivo de frenar la postulación de la funcionaria judicial para un tribunal federal de La Plata abrió un contrapunto entre la Casa Rosada y la senadora Patricia Bullrich.
La postulación de María Verónica Michelli para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata pasó de ser un trámite habitual a convertirse en el motivo de una discusión política dentro del oficialismo nacional. El Poder Ejecutivo decidió retirar su pliego del Senado cuando el nombramiento parecía avanzado, lo que provocó que la senadora Patricia Bullrich manifestara públicamente una «objeción de conciencia» ante la medida tomada por la Casa Rosada. El caso tomó mayor relevancia pública al conocerse que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Trayectoria en la Justicia Federal Michelli cuenta con una carrera de 32 años dentro del Poder Judicial de la Nación, donde ingresó en octubre de 1994 como auxiliar administrativa y pasó por diferentes escalafones. Desde 2009 trabaja como secretaria en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, la funcionaria detalló su experiencia en procesos complejos y señaló que los tribunales federales de La Plata sufren demoras debido a las vacantes sin cubrir y al uso de jueces subrogantes.
Antecedentes de la postulación Su postulación actual no es la primera, ya que su nombre había sido impulsado en diciembre de 2018 por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, durante la gestión de Mauricio Macri. Además, su familia está ligada a la magistratura local: su padre, Jorge Michelli, fue integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 de la misma ciudad.
Por otra parte, su candidatura apareció en un informe general de las asociaciones civiles INECIP y ACIJ sobre los sistemas de selección de jueces, donde se analizaron los cambios en el orden de mérito tras las entrevistas personales. El documento no planteó impugnaciones particulares contra Michelli ni objetó su capacidad, sino que cuestionó el funcionamiento general de los mecanismos de evaluación. Tras defender su pliego en el Senado, la decisión del Gobierno de retirarlo dejó la designación suspendida y abrió un debate político sobre los criterios de selección.
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