El Gobierno nacional oficializó la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y Mendoza debido a sequías, heladas y granizo, activando beneficios fiscales y financieros para los sectores afectados.
La publicación de una serie de resoluciones en el Boletín Oficial confirmó la asistencia extraordinaria para tres provincias severamente golpeadas por fenómenos climáticos extremos. A través de las normativas firmadas por el Ministerio de Economía, bajo el marco de la Ley 26.509, se busca otorgar prórrogas impositivas y líneas de financiamiento a los productores damnificados. Si bien la medida no abarca de forma directa a la provincia de Buenos Aires, el escenario invita a analizar el trasfondo de una problemática que, por factores ambientales y económicos, mantiene en vilo al principal motor productivo del país.
El decreto abarca realidades diversas pero igualmente complejas. En la Patagonia, las resoluciones 746/2026 y 792/2026 declaran el estado de emergencia o desastre de las explotaciones ganaderas en Chubut y Santa Cruz, afectadas por una persistente sequía y fuertes vientos. Por otro lado, la resolución 765/2026 se enfoca en el sector agrícola de 16 departamentos de Mendoza, donde las heladas tardías y el granizo destruyeron gran parte de las economías regionales durante el último ciclo.
Para acceder a las exenciones fiscales coordinadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a los créditos bancarios blandos, los productores deberán acreditar formalmente los daños ante las autoridades provinciales. Esta dinámica resalta la dependencia de los sectores rurales hacia los instrumentos de alivio del Estado cuando la pérdida de rentabilidad se vuelve estructural debido al clima.
Desde nuestra perspectiva, la situación en el interior del país expone una tendencia que la provincia de Buenos Aires sigue de cerca. El territorio bonaerense, expuesto históricamente a la alternancia entre sequías severas e inundaciones, comparte la vulnerabilidad de un modelo expuesto a la volatilidad del tiempo y a la falta de infraestructura de fondo para mitigar estos impactos.
La luz de alerta queda encendida para el sudoeste y el norte bonaerense, zonas que monitorean constantemente los registros hídricos. La recurrencia de estos decretos a nivel nacional demuestra que la asistencia ante la emergencia ya no es una excepción, sino una variable constante en la planificación económica del sector agropecuario argentino.
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