Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva prueba ante la ONU y cuestionó la condena

Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego llevaron ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una información surgida de la causa Cuadernos. Según la defensa, los nuevos datos sobre el destino de los fondos del fideicomiso de transporte respaldan su planteo de que la sentencia fue injusta. Además, denunciaron ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner presentó una nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y volvió a cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad.

Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego realizaron una conferencia de prensa en el NH Hotel, donde explicaron los fundamentos de la presentación y sostuvieron que la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fue injusta.

Según los letrados, la nueva información surgió de una declaración testimonial realizada el 6 de agosto, en el marco de la causa Cuadernos. A partir de esa declaración, la defensa accedió a datos relacionados con el destino de los fondos de un fideicomiso de transporte que, según plantearon, pueden aportar nuevos elementos para discutir uno de los fundamentos centrales de la condena.

Los abogados insistieron en que su posición es que Cristina Kirchner fue condenada pese a que, según ellos, la prueba presentada durante el juicio no acreditaba las acusaciones formuladas originalmente.

Qué cuestiona la defensa sobre la acusación original

Los abogados recordaron que la acusación contra Cristina Kirchner había planteado que la entonces presidenta era la jefa de una asociación ilícita y que utilizaba la estructura del Estado para generar un delito de administración fraudulenta.

Según repasaron durante la conferencia, la acusación sostenía que determinadas leyes enviadas al Congreso habían permitido otorgar fondos considerados ilegítimos a Santa Cruz y a un grupo empresario vinculado con Lázaro Báez.

Ese mecanismo, según la acusación que describieron los abogados, se complementaba con decretos de necesidad y urgencia (DNU) y resoluciones de los jefes de Gabinete.

La defensa recordó también que el fiscal había asegurado contar con una enorme cantidad de elementos probatorios para demostrar la responsabilidad de Cristina Kirchner.

Sin embargo, los abogados sostuvieron que durante el juicio esas acusaciones fueron desvirtuadas y remarcaron que la expresidenta fue absuelta del delito de asociación ilícita.

A partir de allí, plantearon su cuestionamiento sobre los fundamentos que finalmente llevaron a la condena.

El fideicomiso de transporte, en el centro de la discusión

Según la explicación brindada por la defensa, la condena terminó concentrándose en los fondos correspondientes a un fideicomiso de transporte.

Los abogados señalaron que el tribunal consideró irregular un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2009 y sostuvo que había sido dictado con el objetivo de otorgar fondos a obras asignadas a Lázaro Báez.

La defensa sostiene una interpretación diferente.

Según los letrados, ese decreto era una norma de carácter general y no había sido diseñado para beneficiar a un empresario determinado. Su objetivo, de acuerdo con el planteo de los abogados, era establecer una asignación de recursos destinada a financiar obras viales.

Para respaldar esa posición, la defensa había ofrecido una pericia contable.

El objetivo de esa prueba era analizar cómo se habían utilizado los fondos y demostrar que los recursos habían sido distribuidos entre las diferentes empresas que participaban de obras públicas.

Sin embargo, los abogados sostienen que esa prueba no fue aceptada por la Justicia.

La defensa llevó ese planteo a las distintas instancias judiciales y cuestionó que no se hubiera permitido incorporar la pericia que, según su interpretación, podía demostrar que los fondos no habían sido destinados exclusivamente a empresas relacionadas con Báez.

Qué ocurrió con los recursos ante la Justicia

Los abogados también repasaron el recorrido que tuvo el planteo de la defensa en las distintas instancias.

Según explicaron, la Corte Suprema sostuvo que cuando fueron presentados los recursos correspondientes, la prueba todavía estaba siendo discutida y, por lo tanto, no existía en ese momento una sentencia definitiva.

Posteriormente, la sentencia quedó firme, fue convalidada por la Cámara de Casación y finalmente la Corte Suprema decidió no darle trámite al recurso extraordinario.

La defensa, sin embargo, afirmó que continuó investigando el caso y buscando elementos que pudieran respaldar objetivamente sus cuestionamientos.

En ese marco apareció la información que ahora fue presentada ante el organismo de Naciones Unidas.

La nueva prueba surgió de la causa Cuadernos

El nuevo elemento mencionado por los abogados apareció durante una declaración testimonial realizada el 6 de agosto en la causa Cuadernos.

El testigo era funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad y había sido convocado por la Fiscalía para explicar información incorporada al expediente mediante una planilla de Excel.

Según los abogados, esa planilla tenía casi 80 columnas y el testigo explicó el contenido de cada una.

Entre los datos que aparecieron había información sobre cómo se habían utilizado los fondos del fideicomiso.

La defensa sostuvo que esa información era particularmente relevante porque permitía observar cuánto había invertido la Dirección Nacional de Vialidad en obras públicas utilizando recursos provenientes de ese fideicomiso entre 2009 y 2015.

Ese período coincide con los años que fueron considerados en el proceso por el cual Cristina Kirchner fue condenada.

La comparación que hizo la defensa

Después de acceder a la información, los abogados solicitaron los datos y comenzaron a analizarlos.

Ellos mismos reconocieron que realizaron una investigación limitada debido a que no cuentan con conocimientos específicos en materia económica.

Sin embargo, según explicaron, el análisis permitió observar que entre 2009 y 2015 la inversión realizada por Vialidad con los fondos del fideicomiso había sido muy importante.

La defensa sostuvo que, cuando se compara ese volumen total de recursos con los fondos destinados a empresas vinculadas con Lázaro Báez, estos últimos representaban menos del 1%.

Los abogados señalaron además que encontraron empresas que encabezaban el ranking de fondos recibidos y que, según su planteo, no tenían relación con el Gobierno de aquel momento.

En esa comparación, las empresas vinculadas con Báez aparecían, según la defensa, en posiciones considerablemente más relegadas.

Ese dato es el que los abogados consideran relevante para sostener ante la ONU que el decreto cuestionado por la Justicia tenía un alcance general y que los fondos no habían sido destinados específicamente a favorecer a un determinado empresario.

Por qué llevaron la prueba ante la ONU

A partir de ese análisis, los abogados decidieron presentar la información ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La defensa considera que el nuevo elemento excede la discusión estrictamente vinculada con el derecho interno argentino y que debe ser evaluado como parte de la denuncia que ya había presentado ante ese organismo internacional.

La presentación sostiene que durante el proceso judicial que terminó con la condena se vulneraron ocho garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los abogados también cuestionan las consecuencias de la sentencia, entre ellas el encarcelamiento de la expresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según la defensa, la condena tuvo como objetivo impedir una eventual candidatura futura de Cristina Kirchner y la sanción de por vida afectaría sus derechos políticos.

Las ocho garantías que la defensa denuncia ante la ONU

La presentación realizada ante el organismo internacional enumera distintas presuntas vulneraciones de derechos.

1. Derecho a votar y ser elegido

Los abogados sostienen que el proceso judicial habría tenido como objetivo impedir una futura candidatura de Cristina Kirchner.

También cuestionan que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos implique una restricción indebida de sus derechos políticos.

2. Derecho a un juicio justo

La defensa cuestiona que se hayan atribuido a Cristina Kirchner responsabilidades sobre determinados actos administrativos que, según su interpretación, no se encontraban dentro de sus competencias constitucionales.

3. Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial

Los abogados denuncian presuntas irregularidades en la asignación de causas y cuestionan la independencia de jueces y fiscales por supuestos vínculos con dirigentes opositores.

4. Presunción de inocencia

La defensa sostiene que durante el proceso existió desde el comienzo una presunción de culpabilidad contra la expresidenta.

Según este planteo, esa situación habría afectado una de las garantías centrales del proceso penal.

5. Tiempo y medios adecuados para preparar la defensa

Los abogados también cuestionan la incorporación de elementos probatorios provenientes de otros expedientes.

Según sostienen, esos elementos fueron incorporados sin que la defensa tuviera una posibilidad efectiva de analizarlos y controvertirlos adecuadamente.

6. Revisión de la condena por un tribunal superior

Otro de los cuestionamientos apunta al tratamiento de los recursos presentados contra la condena.

La defensa sostiene que la Cámara de Casación no analizó de manera efectiva los planteos que había formulado.

7. Prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos

Los abogados también plantean que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido investigadas previamente.

Según la defensa, esos procesos anteriores habían terminado con archivos o sobreseimientos, por lo que cuestionan que posteriormente esos mismos hechos hayan formado parte del proceso que terminó con la condena.

8. Derecho a un recurso efectivo

Finalmente, sostienen que el sistema judicial argentino no proporcionó una vía efectiva para revisar la condena.

En ese punto también cuestionan que la actual composición de tres miembros de la Corte Suprema permita realizar un examen independiente del caso.

Una nueva instancia para la defensa

Con esta presentación, los abogados de Cristina Kirchner buscan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU analice tanto los cuestionamientos que ya habían planteado sobre el proceso como la nueva información vinculada con el destino de los fondos del fideicomiso.

La defensa sostiene que esos datos permiten discutir uno de los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta y que, según su interpretación, respaldan la posición de que el decreto cuestionado tenía un alcance general.

El planteo internacional se suma así a una estrategia que busca poner nuevamente bajo análisis el proceso judicial, la condena y las garantías que, según los abogados, fueron vulneradas durante el expediente.