El Gobierno nacional estudia un esquema que permitiría otorgar la ciudadanía argentina a inversores extranjeros a cambio de aportes de hasta un millón de dólares. La iniciativa busca fortalecer las reservas, aunque enfrenta interrogantes legales e institucionales.
El Gobierno de Javier Milei analiza la implementación de un programa de ciudadanía por inversión, conocido internacionalmente como «pasaporte dorado», mediante el cual ciudadanos extranjeros podrían acceder a la nacionalidad argentina a cambio de realizar importantes aportes económicos.
Según publicó el Financial Times, la iniciativa permanece en etapa de evaluación y podría ser anunciada antes de finalizar el año, aunque fuentes oficiales sostienen que el proyecto continúa sujeto a modificaciones y aún no existe una definición definitiva.
El esquema contempla dos alternativas para los interesados. Una consiste en realizar un aporte no reembolsable de 500.000 dólares al Estado argentino. La segunda opción prevé la compra de bonos soberanos cupón cero por un millón de dólares, que devuelven el capital al vencimiento sin generar intereses durante su vigencia.
La propuesta forma parte de una estrategia orientada a incrementar el ingreso de divisas en un contexto de restricciones para acceder al financiamiento internacional y de crecientes compromisos de deuda externa. Según el informe del medio británico, el Ejecutivo aspira a captar miles de millones de dólares mediante este mecanismo.
De avanzar, Argentina se convertiría en uno de los países de mayor dimensión económica y territorial en ofrecer un régimen de ciudadanía por inversión. Uno de los principales atractivos del pasaporte argentino radica en la posibilidad de ingresar sin visa a alrededor de 170 países.
Consultores vinculados a la iniciativa sostienen que el programa podría despertar interés entre empresarios e inversores de alto patrimonio, especialmente de Estados Unidos y Europa. Entre los nombres mencionados figura Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien mantiene vínculos con distintos actores del ecosistema tecnológico argentino.
Sin embargo, este tipo de programas acumula antecedentes controvertidos a nivel internacional. La Unión Europea cuestionó varios esquemas similares por posibles riesgos asociados al lavado de dinero, la seguridad y la utilización indebida de los mecanismos migratorios. De hecho, Malta, Chipre y Bulgaria debieron modificar o eliminar sus programas tras diversas observaciones comunitarias.
En el plano interno también aparecen desafíos jurídicos. Especialistas en derecho migratorio advierten que cualquier modificación sustancial del régimen de ciudadanía podría requerir intervención legislativa, dado que la Constitución Nacional asigna al Congreso competencias específicas en esta materia.
Mientras el Gobierno continúa evaluando el proyecto, el eventual programa abre un debate que trasciende el plano económico y alcanza aspectos vinculados con la política migratoria, la seguridad jurídica y el posicionamiento internacional del país.
Más historias
Las contradicciones de Berni reavivan la disputa por el liderazgo dentro del peronismo bonaerense
Tensiones en el Senado: la trastienda de una sesión caída y el costo político de blindar al Jefe de Gabinete
El Senado debate la reforma de la Ley de Sociedades: hacia un modelo de desregulación y automatización tecnológica