El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto una medida del fuero laboral que suspendía artículos de la Ley 27.802. Con este fallo, la modernización laboral recupera plena vigencia mientras la Casa Rosada avanza en su estrategia de concentrar todas las demandas en un solo expediente colectivo.
El entramado legal que sostiene el programa de desregulación de Javier Milei anotó una victoria estratégica crucial en los tribunales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 desactivó la última medida cautelar que pesaba sobre la Ley 27.802, dejando la reforma de modernización laboral en plena vigencia. La resolución dejó sin efecto un amparo previo dictado por el fuero laboral a favor del sindicato de marinos mercantes, bajo un argumento técnico contundente: el magistrado que la otorgó ya carecía de competencia. Para la Casa Rosada, este fallo no solo despeja el camino para la aplicación inmediata de las nuevas modalidades de contratación y registración, sino que convalida el plan de la Procuración del Tesoro de arrastrar todas las impugnaciones sindicales hacia un único terreno neutral, lejos de los tribunales del Trabajo.
La caída de esta cautelar es el resultado directo de un movimiento de pinzas ejecutado por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. El Gobierno venía batallando para desactivar el goteo de fallos fragmentados con los que distintos gremios buscaban congelar artículos específicos de la norma. El antecedente definitivo se había configurado el pasado 8 de mayo, cuando el mismo juzgado contencioso rechazó el amparo principal de la CGT contra más de 80 artículos. Al ratificarse que la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso es la única huella legal válida para discutir la constitucionalidad de fondo de la ley, las medidas paralelas dictadas por jueces laborales quedaron automáticamente heridas de muerte por incompetencia territorial.
Con este panorama despejado, las empresas y los sectores productivos vuelven a operar bajo el paraguas de la Ley 27.802. La norma introduce modificaciones profundas en el ecosistema laboral argentino: reconfigura el sistema de multas por empleo no registrado, modifica los esquemas de indemnización y los períodos de prueba, penaliza los bloqueos sindicales y flexibiliza las modalidades de contratación. Aunque la Confederación General del Trabajo y los núcleos gremiales mantienen sus demandas activas respecto a la inconstitucionalidad de la reforma, el hecho de que la ley deba discutirse «mientras se aplica» altera sustancialmente la correlación de fuerzas a favor del Ejecutivo, quitándole a los sindicatos su principal herramienta de presión suspensiva.
La unificación de las causas en un solo expediente colectivo es un bálsamo de previsibilidad para el equipo económico. Mientras la cuestión de fondo sigue su curso burocrático, el Gobierno demostró que su arquitectura jurídica fue lo suficientemente sólida como para blindar la reforma más sensible de su mandato frente a la resistencia corporativa tradicional.
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