A 34 meses de asumir y pese al superávit fiscal y al uso de múltiples anclas de contención, el IPC de septiembre se ubicó en 1,9%. La falta de convergencia hacia el «cero coma» expone las limitaciones de la estrategia monetaria oficial.
El programa económico ejecutado por Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger atraviesa una fase de marcadas contradicciones. Aunque el Gobierno logró una desaceleración inicial del índice de precios respecto a los picos heredados y consolidó un superávit fiscal inédito, la inflación muestra signos claros de resistencia estructural. Treinta y cuatro meses después del inicio de la gestión libertaria, el IPC de septiembre se ubicó en el 1,9% —un número que superaría el 2% si se utilizara la canasta actualizada del INDEC—, dejando incumplida la promesa presidencial de alcanzar un índice iniciado con «cero» para la segunda mitad del año.
Estancamiento del IPC y señales de recesión
Los indicadores de la coyuntura económica reflejan que el proceso de desinflación ha encontrado un piso difícil de perforar, al tiempo que la actividad muestra un severo enfriamiento:
- Trayectoria de precios: En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumulada superó levemente los registros del mismo período de 2025, evidenciando un ametanamiento de la curva descendente. En el ámbito mayorista, la variación de septiembre alcanzó el 3,2%, acumulando más del 22% en los últimos ocho meses.
- Actividad en terreno negativo: Consultoras privadas e instituciones como la Fundación FIEL anticipan que la economía podría ingresar formalmente en una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída). Para 2026, las proyecciones de crecimiento del PBI fueron recortadas dramáticamente hacia un modesto 1%, mientras que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el JP Morgan también reajustaron a la baja sus estimaciones.
- Deterioro social y laboral: El impacto se traslada al mercado de trabajo y los índices de pobreza. Los sectores de mayor tracción de empleo (industria, construcción y comercio) continúan contractivos. Según datos oficiales, la pobreza escaló al 33,7% en el segundo semestre, sumando tres millones de nuevos pobres en el último año, mientras que en el empleo registrado se pierden en promedio unos 10.000 puestos formales al mes.
El dilema teórico y el freno de las «anclas»
La persistencia inflacionaria representa un duro golpe conceptual para la narrativa oficial, que sostenía que el déficit cero erradicaría el problema en un plazo de 18 a 24 meses. Ni la hipótesis del ajuste fiscal ni los intentos posteriores por justificar el freno desinflacionario en la caída de la demanda de dinero han logrado explicar del todo por qué los precios no convergen hacia los objetivos del Presupuesto (que preveía un 10% anual para este período y fue ampliamente superado).
Analistas señalan que la inflación actual se mantiene en sus niveles presentes gracias a la aplicación simultánea de múltiples anclas de contención:
- Ancla monetaria y restricción de la emisión.
- Ancla cambiaria (ritmo de devaluación controlado).
- Freno a la inversión pública y congelamiento salarial en términos reales.
- Presión de productos importados y contrabando sobre la producción local.
Sin embargo, esta batería de contenciones genera costos en la economía real: el riesgo país se mantiene elevado (con subas recientes que rozaron los 650 puntos), la inversión extranjera directa registra mínimos históricos en la serie de los últimos 25 años y el consumo masivo no logra recuperarse.
Con las elecciones parlamentarias en el horizonte, la estrategia de la Casa Rosada parece centrarse en sostener el rumbo sin introducir cambios estructurales al programa, apelando a la batalla narrativa frente a un electorado exhausto y a una dirigencia que reclama paciencia mientras la economía espera las condiciones para un rebote sostenido.

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