Un informe del Observatorio de Política Criminal advierte sobre el fuerte crecimiento de los suicidios desde 2017. En 2025 se registraron 5.209 muertes, la cifra más elevada de los últimos nueve años, mientras que la tasa llegó a casi cuadruplicar la de los homicidios dolosos. El estudio también señala fuertes diferencias entre las provincias y reclama reforzar las políticas de prevención y atención de la salud mental.
La situación de la salud mental en Argentina atraviesa un escenario que genera creciente preocupación. Un informe elaborado por el Observatorio de Política Criminal puso el foco sobre el aumento sostenido de los suicidios durante los últimos años y advirtió que este fenómeno alcanzó niveles que lo convierten en una de las principales expresiones de mortalidad violenta del país.
El estudio señala un “crecimiento vertiginoso” de los suicidios a partir de 2017, hasta el punto de que esta causa pasó a desplazar a los incidentes viales como principal causa de mortalidad entre adolescentes y jóvenes.
Los datos utilizados corresponden al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y muestran que durante 2025 se registró la mayor cantidad de suicidios de los últimos nueve años. Además, la tasa de estas muertes llegó a casi cuadruplicar la correspondiente a los homicidios dolosos.
El informe también ubica a Argentina entre los países de la región con las tasas más elevadas, aunque el texto señala una ubicación regional que requiere considerar las diferencias existentes entre los registros y las poblaciones de cada país.
Un crecimiento sostenido desde 2017
Para dimensionar la evolución del fenómeno, el informe compara los registros de 2017 con los de 2025.
De acuerdo con las estadísticas criminales argentinas, en 2017 murieron 3.304 personas por suicidio, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 5.209.
El equipo dirigido por Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal y autor del informe, tradujo esa evolución en términos de tasa: pasó de 8,2 a 11,8 suicidios consumados cada 100.000 habitantes de cinco años en adelante.
La variación permite observar que el problema no se limita al aumento del número absoluto de casos. También se produjo un incremento de la tasa, es decir, de la cantidad de suicidios en relación con la población considerada.
Larroude definió la situación como “crítica” y sostuvo que el país enfrenta la tasa nacional de suicidios más alta registrada hasta el momento.
El informe, titulado [Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina, fue presentado en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y reúne en 20 páginas los principales datos utilizados para analizar la evolución del fenómeno.
La comparación con los homicidios dolosos
Uno de los aspectos que más atención genera en el estudio es la comparación entre suicidios y homicidios dolosos.
Según la base del SNIC utilizada por el Observatorio, en 2017 se registraron 5,2 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, mientras que en 2025 ese indicador descendió a 3,6.
La evolución de los suicidios fue diferente. Mientras la tasa de homicidios disminuyó, la de suicidios aumentó hasta ubicarse en un nivel que, de acuerdo con el informe, es casi cuatro veces superior.
El propio Larroude aclaró que esta comparación no significa que un tipo de violencia esté reemplazando al otro. El hecho de que los suicidios superen ampliamente a los homicidios no constituye, por sí mismo, evidencia de un desplazamiento entre ambas formas de violencia.
La comparación busca, en cambio, dimensionar la magnitud que adquirió el problema y mostrar que un fenómeno que suele recibir menos atención pública alcanzó una escala considerable.
“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, señaló Larroude.
Diferencias entre las provincias
El fenómeno tampoco se presenta de la misma manera en todo el territorio nacional.
El informe muestra una marcada heterogeneidad entre las jurisdicciones, con tasas que durante los nueve años analizados oscilaron entre 6,5 suicidios cada 100.000 habitantes en Río Negro y 20,8 en Entre Ríos.
Entre las provincias con los valores más elevados aparecen Entre Ríos, San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca.
En el otro extremo, las jurisdicciones que registraron tasas de un solo dígito fueron Río Negro, Neuquén, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Jujuy y Córdoba.
Estas diferencias son relevantes porque una tasa permite comparar territorios con poblaciones de distinto tamaño. Sin embargo, el informe plantea que el indicador debe ser analizado junto con los números absolutos.
Por ese motivo, Larroude propuso observar también dónde se concentra la mayor cantidad de casos.
Buenos Aires concentra el mayor número de casos
En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción que registró la mayor cantidad de suicidios durante 2025.
Según los datos citados en el informe, se contabilizaron 1.977 casos, equivalentes al 38% del total nacional.
A continuación aparecen Santa Fe, con 461 casos; Córdoba, con 371; y Entre Ríos, con 288.
En conjunto, estas cuatro jurisdicciones concentraron aproximadamente seis de cada diez suicidios registrados en el país durante 2025.
La diferencia entre las tasas y los números absolutos es central para interpretar los datos. Una provincia puede presentar una tasa elevada por la relación entre casos y cantidad de habitantes, mientras que otra puede acumular un número mucho mayor de hechos debido a su tamaño poblacional.
Por eso, el informe plantea que ambos indicadores deben ser considerados para obtener una visión más completa de la problemática.
El cambio en las causas de mortalidad entre los jóvenes
Otro de los datos destacados por el Observatorio está relacionado con las personas de entre 15 y 34 años.
Según el análisis, el suicidio pasó a ocupar el lugar que anteriormente tenían los incidentes de tránsito como principal causa de mortalidad dentro de ese grupo etario, tanto entre varones como entre mujeres.
Larroude sostuvo que esta modificación debería impulsar una mirada centrada en la prevención, la atención de situaciones de crisis y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
El informe también pone especial atención sobre el grupo de 20 a 34 años, considerado una franja etaria económicamente productiva.
“Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto”, señaló el autor, quien planteó el interrogante sobre las circunstancias que están llevando a integrantes de ese grupo a atravesar situaciones de tanta vulnerabilidad.
También mencionó un aumento de los casos dentro de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.
Una transformación de la violencia letal
El equipo del Observatorio utilizó el concepto de “transmutación de la violencia letal” para describir el cambio que surge al comparar los registros de suicidios con los datos de criminalidad que habitualmente analiza.
La expresión apunta al crecimiento de la violencia autoinfligida dentro del conjunto de muertes violentas.
Sin embargo, el informe aclara que esto no significa que los suicidios estén reemplazando a los homicidios. Se trata de una manera de describir cómo aumentó el peso relativo de las muertes autoinfligidas frente a otros indicadores de violencia letal.
Para dimensionar el problema, Larroude comparó la tasa provincial máxima de suicidios, de 20,8 casos cada 100.000 habitantes, con el máximo registrado en Rosario por homicidios vinculados a la narcocriminalidad durante una década, que alcanzó 24 muertes cada 100.000 habitantes.
El autor también señaló que la tasa actual de suicidios es superior a la registrada en otros períodos considerados particularmente complejos de la historia reciente del país.
Como referencia, mencionó la crisis socioeconómica de 2001, durante la cual, según el dato citado en el informe, se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes.
Para Larroude, la magnitud de los datos muestra que existe un problema que no fue observado en toda su dimensión ni por la sociedad ni por la política.
Qué datos utiliza el informe
El estudio se basa principalmente en información del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).
Se trata de un registro diferente del sistema sanitario que recopila las defunciones. También se utilizó la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), administrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La información es cargada por las policías provinciales y por instituciones y fuerzas federales.
El Observatorio de Política Criminal es un equipo interdisciplinario integrado mayoritariamente por abogados. Larroude, además de dirigir el organismo, es director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El informe también menciona que existen diferencias entre los registros provenientes de Seguridad y aquellos vinculados con el sistema sanitario.
Desde la perspectiva de Larroude, los datos del SNIC presentan una mayor robustez debido al cotejo policial y judicial realizado al momento de la carga de la información.
Suicidios e intentos: el alcance de la problemática
La dimensión del problema no se limita a las muertes consumadas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada suicidio fatal se producen entre 10 y 20 intentos de suicidio. A esto se suman las internaciones derivadas de esas situaciones.
El informe plantea así que detrás de las 5.209 muertes registradas en 2025 existe una problemática mucho más amplia, que incluye a las personas que atraviesan crisis, realizan intentos o necesitan atención especializada.
Larroude describió la situación como la crisis de salud mental más grave de la historia argentina y remarcó que 2025 registró la tasa de suicidios más elevada desde que existen registros.
La cifra de 5.209 muertes equivale, según su presentación, a aproximadamente 14 casos por día o uno cada dos horas.
Los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad
El informe remarca que el suicidio es un fenómeno multicausal. Esto significa que no puede atribuirse a un único motivo o circunstancia.
Entre los factores mencionados aparecen la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias y las deudas.
La referencia a las dificultades económicas aparece dentro de este conjunto de factores que pueden agravar situaciones de vulnerabilidad. El informe no plantea una relación automática entre una crisis económica y el suicidio, sino que incorpora las deudas entre las circunstancias que pueden profundizar una situación compleja.
Larroude sostuvo que una estrategia de prevención debería comenzar en diferentes ámbitos educativos y comunitarios, incluyendo escuelas, colegios y universidades.
El objetivo planteado es trabajar sobre la prevención antes de que las situaciones de crisis se transformen en episodios irreversibles.
El planteo de la APDH
Durante la presentación del informe, Guillermo Torremare, presidente de la APDH, explicó por qué la organización decidió acompañar la iniciativa.
Según sostuvo, la elevada tasa de suicidios también debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos, particularmente por la obligación estatal de garantizar derechos vinculados con la salud.
Torremare consideró que el nivel de suicidios registrado en el país refleja una falencia estatal y afirmó que el Estado estaría retrocediendo en el cumplimiento de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional en materia sanitaria.
Desde esa perspectiva, sostuvo que cuando esos derechos no son garantizados se produce una vulneración de derechos humanos.
Cómo se registran los suicidios y los intentos
Aunque el suicidio no constituye un delito, en Argentina forma parte de las estadísticas criminales desde la década de 1960.
En cambio, los intentos de suicidio comenzaron a tener un tratamiento diferente dentro del sistema sanitario. Desde abril de 2023, su notificación pasó a ser obligatoria en el sistema de salud.
La incorporación de esta obligación ocurrió luego del período de aislamiento social prolongado durante la pandemia de Covid, cuando comenzaron a observarse efectos sobre la población, especialmente entre niños y adolescentes.
Al comparar los registros de los ministerios de Seguridad y Salud, los resultados presentan diferencias.
El informe utiliza principalmente la información criminal y sostiene, a través de Larroude, que el SNIC resulta más robusto debido al proceso de cotejo policial y judicial asociado a su carga.
Las señales que requieren atención
El informe también incorpora una serie de señales a las que los especialistas recomiendan prestar atención como parte de las estrategias de prevención.
Entre ellas aparecen:
- Cambios de humor, irritabilidad o enojo reiterado sin una causa aparente.
- Tristeza persistente.
- Pensamiento rígido.
- Falta de concentración o dificultades importantes en la escuela, el colegio, la universidad o el trabajo.
- Alteraciones del sueño o de la alimentación, como insomnio, hipersomnia, inapetencia o voracidad.
- Dificultades para resolver problemas habituales.
- Aislamiento y retracción sostenida.
- Escasa o nula comunicación con las personas con las que se convive.
- Desconexión del grupo de pares y sensación de rechazo.
- Sentimientos de soledad.
- Ideas o pensamientos extraños.
- Consultas frecuentes por fatiga, dolores múltiples, pesadillas, enfermedades crónicas y consumos.
- Signos de desculturización en personas inmigrantes.
- Fantasías de grandiosidad alternadas con sentimientos de inferioridad.
- Frustración o angustia frente a pequeñas contrariedades.
- Autoexigencia elevada.
- Relaciones ambivalentes con padres, otros adultos y amigos.
- Antecedentes de intentos de suicidio.
- Falta de capacidad de autocrítica.
La presencia de estas señales no permite por sí sola establecer una causa, pero el informe las presenta como elementos que deberían ser considerados dentro de una estrategia de prevención y atención.
El desafío de convertir los datos en prevención
El diagnóstico presentado por el Observatorio busca que las estadísticas no queden solamente como una descripción del problema.
Larroude planteó que el desafío para los próximos años será transformar esta evidencia en una prioridad sostenida de política pública, con especial atención en la prevención, la atención de las crisis y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
El aumento de los suicidios, las diferencias entre las provincias, el impacto sobre los jóvenes y la comparación con otras formas de violencia letal conforman, según el informe, un escenario que requiere una respuesta específica.
La conclusión del estudio apunta a que la magnitud alcanzada por el fenómeno exige que la problemática de la salud mental ocupe un lugar central dentro de las políticas de prevención, atención y acompañamiento.
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