El Gobierno busca prohibir que el BCRA financie el déficit mediante emisión, limitar el uso de utilidades y eliminar las Letras Intransferibles. Desde 2003, el Tesoro recibió el equivalente a más de $400 billones a través de adelantos y ganancias del organismo, mientras que se emitieron casi US$86.000 millones en Letras Intransferibles.
El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa busca modificar las reglas que determinan cómo funciona la autoridad monetaria y, particularmente, limitar los mecanismos mediante los cuales el organismo puede asistir financieramente al Tesoro.
El proyecto tiene tres ejes principales: prohibir que el Banco Central financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria, restringir la transferencia de utilidades del organismo al Estado a ganancias reales y eliminar el mecanismo de las Letras Intransferibles, utilizadas durante años para que el Tesoro obtuviera dólares de las reservas del BCRA.
La discusión no es menor porque estos instrumentos fueron utilizados por distintos gobiernos para cubrir necesidades financieras del Estado. Según datos de la consultora Empiria y del Ministerio de Economía, desde 2003 el Banco Central transfirió al Tesoro el equivalente a más de $400 billones en adelantos transitorios y utilidades, mientras que las Letras Intransferibles acumuladas alcanzaron casi US$86.000 millones.
La propuesta de Milei busca modificar este esquema y establecer mayores restricciones para impedir que el Banco Central vuelva a convertirse en una fuente de financiamiento del déficit público.
¿Qué son los adelantos transitorios y por qué son importantes?
Los adelantos transitorios son transferencias de dinero que el Banco Central realiza al Tesoro para cubrir necesidades de financiamiento del Gobierno nacional.
En términos simples, cuando el Estado necesita recursos y sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos, una de las alternativas históricas fue recurrir al BCRA. Estos fondos se generan mediante emisión monetaria y, por ese motivo, su utilización puede tener efectos sobre la cantidad de dinero que circula en la economía.
Actualmente, la Carta Orgánica establece límites para este mecanismo, mientras que el acuerdo vigente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prohíbe este tipo de financiamiento.
El proyecto impulsado por Milei busca avanzar todavía más y eliminar esta posibilidad como herramienta de asistencia al Tesoro.
Los adelantos transitorios tuvieron sus mayores niveles durante 2012, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández.
Medidos a valores actuales, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner se transfirieron por esta vía unos $71 billones, mientras que durante la presidencia de Alberto Fernández el monto alcanzó los $66,8 billones.
La diferencia con la actual administración es que el Gobierno de Milei suspendió este mecanismo en 2024, al comienzo de su gestión.
¿Qué son las utilidades del Banco Central?
Otro de los mecanismos que el proyecto busca modificar es la transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro.
Las utilidades son las ganancias que registra el organismo y que pueden ser transferidas al Estado. Sin embargo, el punto central de la discusión es que una parte importante de esas ganancias puede ser de carácter contable y no representar dinero efectivamente generado por operaciones financieras.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando aumenta el valor en pesos de los activos que el Banco Central tiene denominados en dólares como consecuencia de una devaluación.
En ese escenario, el valor contable de los activos del organismo aumenta en moneda nacional, generando una ganancia que puede ser registrada en los balances, aunque no necesariamente implique un ingreso de efectivo equivalente.
El proyecto anunciado por Milei busca que solamente puedan transferirse al Tesoro las utilidades consideradas genuinas, es decir, aquellas provenientes de ganancias reales y operativas.
Sin embargo, existe una particularidad que el propio análisis de los datos muestra: aunque el Gobierno pretende limitar este mecanismo hacia adelante, la administración de Milei también recurrió a las utilidades del Banco Central.
Durante su gestión se transfirieron $36,3 billones, equivalentes a unos $41,3 billones a valores actuales. Una parte importante de esas ganancias se originó en diferencias de valuación de activos.
El economista Nicolás Urtubey, de Quantum Finanzas, explicó que el Banco Central tiene más activos en dólares que pasivos y que, por esa razón, una devaluación puede generar una ganancia contable por diferencia de cambio.
Al mismo tiempo, señaló que también existieron ganancias reales vinculadas con la revalorización de títulos públicos que estaban en poder del organismo y aumentaron su valor de mercado durante 2025.
El antecedente de Alberto Fernández
El mayor volumen de transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro durante una gestión presidencial se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández.
En 2020, en el contexto de la emergencia económica generada por la pandemia de coronavirus, el BCRA transfirió al Tesoro el equivalente actual a $54,2 billones.
En total, durante la gestión de Fernández se giraron $77,8 billones por este mecanismo, el mayor monto para una administración desde que existen registros comparables iniciados en 2003.
La relación entre el financiamiento del Banco Central y las cuentas públicas también tuvo su punto máximo en 2020. Ese año, el déficit financiero alcanzó el 8,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la asistencia del Banco Central al Tesoro representó el 7,4% del producto.
Estos datos muestran cómo, en momentos de fuerte desequilibrio fiscal, el financiamiento monetario puede adquirir una mayor relevancia para sostener las cuentas del Estado.
¿Qué son las Letras Intransferibles?
El tercer mecanismo que el Gobierno busca eliminar son las Letras Intransferibles.
Se trata de títulos de deuda emitidos por el Tesoro y entregados al Banco Central a cambio de dólares de las reservas. Esos recursos podían ser utilizados por el Estado para afrontar vencimientos de deuda.
El problema es que, debido a sus características, el Banco Central no puede vender libremente esas letras a otro inversor para obtener fondos frescos. Además, suelen tener tasas de interés relativamente bajas.
En la práctica, este mecanismo permitió que el Tesoro utilizara reservas internacionales del Banco Central y entregara a cambio un instrumento de deuda que quedaba dentro del patrimonio del organismo.
Las Letras Intransferibles fueron creadas en 2006, inicialmente para cancelar la deuda argentina con el FMI. En aquel momento se emitieron US$9.500 millones.
Durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, el stock de estas letras aumentó hasta alcanzar los US$64.400 millones.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se cancelaron US$16.000 millones correspondientes a títulos emitidos anteriormente, mediante la colocación de nuevos bonos que sí podían negociarse en el mercado.
Luego, durante la gestión de Alberto Fernández, se emitieron otros US$18.300 millones en Letras Intransferibles.
En el actual gobierno, después de una emisión inicial de US$3.200 millones en 2024, se cancelaron aproximadamente US$34.000 millones. Para realizar esas operaciones se utilizaron, en 2025, recursos provenientes de nuevo endeudamiento con el FMI y, en 2026, parte de las utilidades del propio Banco Central transferidas al Tesoro.
De esta manera, la gestión de Milei canceló casi la mitad del stock de Letras Intransferibles que había sido emitido durante los gobiernos kirchneristas, aunque también realizó una nueva emisión al comienzo de su administración.
¿Qué busca cambiar Milei?
La reforma anunciada por el Presidente apunta a modificar la relación financiera entre el Banco Central y el Tesoro.
El primer cambio consiste en impedir que el BCRA financie directamente el déficit fiscal mediante emisión monetaria. La lógica del Gobierno es que el Estado debe mantener sus cuentas equilibradas y no recurrir a la autoridad monetaria para cubrir el exceso de gasto sobre los ingresos.
El segundo eje busca limitar la transferencia de utilidades. La intención es que el Tesoro solamente pueda recibir ganancias reales del Banco Central y no resultados contables derivados de cambios en la valuación de sus activos.
El tercer punto plantea terminar con las Letras Intransferibles, un mecanismo que permitió durante años que el Tesoro obtuviera dólares de las reservas del BCRA a cambio de títulos de deuda que quedaban en poder del organismo.
Desde la perspectiva del Gobierno, estos cambios apuntan a evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado como una fuente de financiamiento del Estado.
El debate sobre el financiamiento del déficit
La discusión de fondo gira alrededor de la relación entre el déficit fiscal y la emisión monetaria.
Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, necesita financiar esa diferencia. Puede hacerlo mediante deuda, aumento de impuestos, reducción del gasto o, en determinados esquemas, recurriendo al Banco Central.
La estrategia de Milei busca cerrar esta última alternativa y obligar al Estado a sostener sus cuentas mediante recursos genuinos o financiamiento obtenido en el mercado.
Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, consideró positivo prohibir el financiamiento del Gobierno nacional por parte del Banco Central y propuso ampliar la restricción para impedir también que el organismo financie o adquiera deuda de provincias y municipios.
El proyecto, por lo tanto, no solo plantea una modificación técnica de la Carta Orgánica del BCRA. También busca establecer una regla fiscal y monetaria más estricta: que el Estado no pueda recurrir a la emisión ni a determinados activos del Banco Central para cubrir desequilibrios de sus cuentas.
El punto que genera mayor debate
El principal contraste está en que el Gobierno de Milei busca prohibir o limitar mecanismos que también fueron utilizados durante su propia gestión.
La administración actual suspendió los adelantos transitorios y redujo significativamente el stock de Letras Intransferibles, pero al mismo tiempo recibió transferencias de utilidades del Banco Central por más de $36 billones.
Por eso, el debate sobre la reforma no se limita a discutir qué hicieron las gestiones anteriores. También implica analizar cómo se aplicaron estos mecanismos durante el actual Gobierno y qué reglas pretende establecer Milei para impedir que vuelvan a utilizarse en el futuro.
En definitiva, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca cambiar una práctica que atravesó distintas administraciones desde 2003: el uso de la autoridad monetaria como fuente de recursos para el Tesoro. La propuesta pretende que esa relación quede restringida a partir de nuevas reglas sobre emisión, utilidades y deuda, aunque su aprobación dependerá ahora del debate que se desarrolle en el Congreso.
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