El Ejecutivo modificó la reglamentación que limitaba aportes vinculados a los convenios colectivos, en un giro que busca destrabar la renegociación de unos 800 acuerdos laborales.
Mientras tanto, movimientos sociales preparan cortes en todo el país contra el cierre del programa Volver al Trabajo y el Gobierno anticipa que aplicará el protocolo antipiquetes.
El Gobierno de Javier Milei y la CGT alcanzaron un acuerdo para modificar una reglamentación que había generado preocupación entre los sindicatos por su impacto sobre las fuentes de financiamiento gremial. La decisión, plasmada en el decreto 612 publicado este lunes en el Boletín Oficial, también apunta a destrabar una negociación colectiva que había quedado virtualmente paralizada.
La Casa Rosada le otorgó una importancia particular al entendimiento con la central obrera. Detrás de la modificación existen, según fuentes oficiales, dos motivos centrales: evitar una eventual ola de judicialización y permitir que avance la renegociación de unos 800 convenios colectivos de trabajo que deben adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes sindicales se desarrollaron de manera reservada durante varias semanas y culminaron durante el fin de semana con la redacción consensuada de una nueva norma que corrige algunos puntos del decreto 407, que había afectado dos aspectos considerados fundamentales para el financiamiento de las organizaciones gremiales.
Uno de los cambios está relacionado con la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes establecidos en los convenios colectivos. Mientras la ley fijaba que estos conceptos no podían superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores, la reglamentación anterior establecía como referencia el denominado “salario básico convencional”, una fórmula que podía reducir significativamente los montos acordados entre empresarios y sindicatos.
El nuevo decreto flexibiliza parcialmente ese límite al ampliar la base salarial sobre la cual se calcula. Para ello, contempla las sumas remunerativas normales y habituales, con frecuencia de pago mensual y de origen convencional. Al mismo tiempo, excluye conceptos que no tengan esas características, como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas, entre otros.
El segundo cambio establece que los aportes y contribuciones patronales incluidos en convenios colectivos y destinados a objetivos sociales, asistenciales, previsionales o culturales quedan fuera del tope del 2% establecido por la Ley 27.802.
La medida puede tener un impacto significativo sobre las obras sociales, ya que permite que las contribuciones empresariales destinadas a su sostenimiento no queden limitadas por ese porcentaje. Sin embargo, el decreto establece que esos fondos deberán ser administrados y registrados de manera independiente del resto del patrimonio sindical.
En la práctica, los sindicatos deberán mantener una contabilidad diferenciada que permita determinar cuánto dinero se recaudó, quiénes realizaron los aportes, cuál fue su destino y qué gastos se efectuaron. Además, los recursos deberán utilizarse exclusivamente para los fines autorizados por la norma y en beneficio de los trabajadores representados.
De esta manera, no alcanzaría con denominar un concepto como “aporte social”, “contribución especial”, “fondo convencional” o “aporte institucional”. El destino efectivo de esos recursos deberá corresponder a objetivos sociales, asistenciales, previsionales o culturales.
La negociación que el Gobierno busca destrabar
Para la CGT, las modificaciones introducidas por el decreto 407 habían alterado los acuerdos alcanzados durante el tratamiento de la reforma laboral. La central obrera consideró que la normativa tenía la impronta de Federico Sturzenegger, uno de los principales críticos de las cuotas solidarias que se descuentan de los salarios de los trabajadores de una determinada actividad, estén afiliados o no a un sindicato.
El cambio de etapa dentro de la administración libertaria, con Diego Santilli como jefe de Gabinete y una postura que busca mayor capacidad de negociación de cara a las elecciones de 2027, habría favorecido una mayor apertura del Gobierno frente a los reclamos sindicales.
La expectativa oficial es que, con la modificación, pueda reactivarse la renegociación de los convenios colectivos. Bajo la interpretación anterior, sindicatos y empresarios evaluaban recurrir a la Justicia para mantener cláusulas vigentes antes que iniciar nuevas discusiones en un escenario que podía impedir acordar contribuciones adicionales por parte de las empresas.
El reclamo también llegó desde el sector empresario. Algunos representantes cuestionaron que el Estado interviniera sobre acuerdos entre compañías y sindicatos que contemplaban aportes destinados a beneficios para los propios trabajadores.
Hasta el momento, la convocatoria oficial para revisar unos 800 convenios no produjo resultados concretos. Si bien hubo acuerdos parciales relacionados con herramientas como el salario dinámico o el banco de horas, ningún convenio habría sido renegociado de manera integral ante la Secretaría de Trabajo.
La CGT mantiene su plan de lucha
El entendimiento entre el Gobierno y la CGT no implica, por ahora, un cambio en el cronograma de protestas de la central obrera. Desde el sindicalismo aseguraron que el acuerdo demuestra la importancia del diálogo, pero ratificaron que continuarán con las acciones previstas.
En ese marco, este miércoles se realizará una movilización hacia el Congreso en respaldo a los reclamos de los jubilados.
Al mismo tiempo, los movimientos sociales anunciaron una jornada nacional de cortes y bloqueos en rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo. Las organizaciones anticiparon que bloquearán rutas, puentes y accesos en distintos puntos del país, aunque los lugares y horarios serán definidos pocas horas antes para evitar que las fuerzas de seguridad puedan anticiparse.
La protesta es impulsada por sectores vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que cuestionan la decisión del Gobierno de eliminar el programa que alcanzaba a cientos de miles de personas.
Los organizadores sostienen que la baja del beneficio no solo afecta a los trabajadores que recibían el ingreso mensual, sino también a las economías locales, debido a la reducción del dinero que circula en comercios de cercanía.
El cronograma de movilizaciones contempla además una Marcha Federal que finalizaría frente a la Casa Rosada y un eventual paro general que, por ahora, la CGT no anunció oficialmente.
Antes de esas acciones se realizará el 7 de agosto la tradicional peregrinación desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo. La movilización, vinculada históricamente a los movimientos sociales y sindicales, volverá a poner el foco en los reclamos por trabajo, ingresos y asistencia social.
El Gobierno prepara el protocolo antipiquetes
Desde el Ministerio de Seguridad anticiparon que, si las organizaciones bloquean accesos bajo jurisdicción federal, las fuerzas de seguridad intervendrán para desalojar los cortes y aplicarán el protocolo antipiquetes.
La política de seguridad implementada durante la gestión de Patricia Bullrich y continuada por Alejandra Monteoliva fue uno de los factores que redujo las movilizaciones y cortes frecuentes en el centro porteño.
A esto se sumó la decisión del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, de eliminar programas como Potenciar Trabajo y modificar el esquema de asistencia estatal. Las organizaciones sociales también perdieron participación en la distribución de ayuda alimentaria.
Desde la UTEP cuestionan esa mirada y sostienen que la disminución de la participación en las protestas también responde al temor a la represión y a las dificultades económicas para trasladarse.
El Gobierno, por su parte, mantiene firme su decisión de cerrar el programa Volver al Trabajo. La medida fue respaldada por la Cámara Federal de San Martín, que revocó una cautelar de primera instancia que obligaba a Capital Humano a mantener el programa. Ese fallo habilitó el cierre definitivo del esquema en agosto y abrió la puerta a su reemplazo por un sistema de vouchers destinados a la capacitación laboral.
Un escenario político atravesado por el conflicto social
Las protestas previstas para este miércoles se producen en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y distintos sectores sociales, sindicales y políticos.
Desde Libres del Sur cuestionaron la política oficial y señalaron que las medidas afectan a jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores. También criticaron el modelo económico de La Libertad Avanza y vincularon la baja de la inflación con la caída del consumo y el aumento de las importaciones.
En paralelo, representantes de sectores sociales, sindicales, religiosos y políticos participaron de una jornada de reflexión realizada en Claypole, donde se debatieron los desafíos vinculados a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la inclusión y la dignidad humana.
Durante el encuentro participaron representantes de las pastorales sociales de distintos obispados del Área Metropolitana, dirigentes políticos y autoridades bonaerenses, entre ellos el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete Carlos Bianco.
Al cierre de la jornada, la Región Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió sobre un escenario marcado por la polarización y la fragmentación social. El documento puso el foco en la distancia entre los debates de la dirigencia y las necesidades de una población atravesada por la falta de empleo, la precariedad laboral, la pobreza y la exclusión.
Así, mientras el Gobierno intenta consolidar un canal de diálogo con la CGT para avanzar con su reforma laboral, mantiene un frente abierto con los movimientos sociales por el cierre de programas de asistencia. El resultado es un escenario político en el que la negociación sindical convive con nuevas movilizaciones y con una tensión social que promete mantenerse como uno de los principales desafíos de la gestión libertaria.
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