El Gobierno nacional oficializó una importante ampliación presupuestaria para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), destinando fondos adicionales por casi $ 50.000 millones. La medida, instrumentada a través del DNU 594/2026, eleva el presupuesto del organismo de inteligencia a más de $ 146.000 millones, consolidando una tendencia al alza en los recursos asignados a esta área estratégica.
Desglose de los nuevos fondos
La inyección de $49.261 millones representa un incremento del 50,7\% sobre el presupuesto inicial de$ 97.135 millones. Según detalla la norma, la distribución de este refuerzo se organiza de la siguiente manera:
- Gastos reservados: Se asignan $ 7.466 millones para actividades de inteligencia que, por razones de seguridad nacional, no requieren rendición pública de cuentas.
- Recursos humanos: $ 21.965 millones serán destinados a salarios, aguinaldos y contribuciones patronales.
- Inversión en equipamiento: $ 17.865 millones se destinarán a bienes de capital, incluyendo tecnología informática, equipos sanitarios y de oficina.
- Bienes de consumo: Se asignan $ 1.964 millones para gastos operativos básicos.
Con esta modificación, los gastos reservados vuelven a ganar terreno en la estructura financiera de la SIDE, representando cerca del 11% del presupuesto total vigente, un porcentaje que mantiene la trayectoria de años anteriores y que marca una distancia significativa respecto al nivel de opacidad observado hacia el final del gobierno de Alberto Fernández.
Antecedentes y tensiones legislativas
La gestión de los fondos de inteligencia ha sido uno de los puntos más críticos en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Durante 2024, el Gobierno intentó una ampliación masiva de $ 100.000 millones para gastos reservados —a través del DNU 656/2024—, la cual fue rechazada por ambas cámaras del Poder Legislativo, marcando un hito histórico al ser la primera vez desde 1994 que el Congreso derogaba un decreto de esta naturaleza.
Tras aquel episodio, el presupuesto de la SIDE sufrió diversas modificaciones y recortes hacia finales de 2024. Ya en 2025, el organismo inició el año con una base de $ 48.000 millones y recibió tres ampliaciones sucesivas, finalizando el ejercicio con unos $ 107.000 millones.
La actual ampliación, dispuesta por DNU, se produce en un escenario donde el Ejecutivo busca reforzar las capacidades operativas y tecnológicas de la Secretaría, mientras se mantiene bajo la lupa de la oposición por el uso de los fondos reservados y los mecanismos de control parlamentario sobre los servicios de inteligencia.

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