La apuesta al rebote económico frente al deterioro de las expectativas sociales

El Gobierno nacional reconoce el impacto del ajuste en el consumo mientras las encuestas marcan un piso histórico en la aprobación de la gestión.

Las 3 claves para entender el presente político del oficialismo residen en la tensión entre la ortodoxia del modelo económico y la erosión de su capital político. En las últimas semanas, la Casa Rosada ha dejado de negar el malestar social que se percibe en los centros urbanos, enfocando ahora su estrategia en un repunte de la actividad que logre compensar la caída del poder adquisitivo y el aumento de la desocupación en sectores estructurales como la industria y el comercio.

El contexto detrás de este cambio de discurso oficial se apoya en datos de consultoras que, tras haber anticipado el triunfo de La Libertad Avanza en 2023, hoy muestran un escenario inverso. Según la última medición de Atlas Intel, el rechazo a la gestión alcanzó el 59,3%, situando la imagen positiva del Presidente por debajo de figuras de la oposición. Esta tendencia a la baja se explica principalmente por el empeoramiento de las expectativas económicas y la preocupación por hechos de corrupción que han salpicado al entorno presidencial.

Desde nuestra perspectiva como analistas de la realidad provincial, observamos que el impacto de esta medida de ajuste ha sido particularmente severo en el cordón industrial bonaerense. Mientras sectores como la energía y el agro muestran dinamismo, el mercado interno padece una parálisis que el Gobierno intenta mitigar mediante la flexibilización de encajes bancarios y el otorgamiento de ATN a provincias aliadas. No obstante, la consecuencia inmediata es una pérdida de confianza entre los gobernadores, quienes ya evalúan estrategias electorales autónomas para 2027.

La situación laboral también presenta cambios significativos tras la reactivación judicial de la reforma que permite extender la jornada hasta las 12 horas. Este marco normativo, sumado a paritarias que en sectores como el comercio apenas alcanzan el 5% trimestral, configura un escenario de alta tensión con las centrales obreras. La homologación de acuerdos salariales por debajo de la inflación acumulada es una señal de que el Ejecutivo prioriza la disciplina fiscal sobre el sostenimiento del consumo masivo.

A mediano plazo, el Gobierno confía en que la desaceleración de los precios permitirá una recuperación del salario real hacia la segunda mitad del año. Sin embargo, el desafío político reside en si el tejido social podrá resistir la «transición» del modelo sin que se produzca una ruptura definitiva con su base electoral original.

Lo que nadie está diciendo sobre el futuro cercano es que la estabilidad del plan oficial no solo depende de los índices macroeconómicos, sino de la velocidad con la que el alivio llegue al bolsillo del trabajador común antes de que el costo político se vuelva irreversible.