El Ministerio de Justicia prepara una nueva tanda de alrededor de 20 pliegos para enviar al Senado antes de mediados de octubre. Entre ellos aparecen cuatro juzgados federales con competencia electoral en Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes, cuyos titulares deberán definirse mientras se acerca el proceso organizativo de las elecciones de 2027.
El Gobierno nacional avanza con una nueva tanda de alrededor de 20 pliegos judiciales que serán enviados al Senado con el objetivo de reducir las vacantes existentes en distintos tribunales federales del país. La nómina es elaborada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y la intención oficial es que llegue a la Cámara alta antes de mediados de octubre.
El proceso tendrá luego distintas etapas dentro del Senado. Una vez que los pliegos ingresen formalmente, deberán ser tratados por la Comisión de Acuerdos y posteriormente llegar al recinto para su votación. Por lo tanto, el envío del Poder Ejecutivo no implica una designación automática: los candidatos todavía deberán atravesar el procedimiento parlamentario correspondiente.
La definición adquiere una relevancia particular porque dentro del paquete aparecen cuatro juzgados federales que tienen competencia electoral: los correspondientes a Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes.
Cuatro juzgados con funciones electorales
Los tribunales federales con competencia electoral tienen una función que excede el tratamiento de causas judiciales. En cada distrito intervienen en cuestiones vinculadas con la organización de los comicios, la actualización de los padrones, el reconocimiento y funcionamiento de los partidos políticos y la oficialización de las listas de candidatos.
Por esa combinación de atribuciones judiciales y electorales, la definición de sus titulares tiene especial importancia para los actores políticos de cada provincia.
La elección de los nuevos magistrados se realiza a partir de las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, de las cuales el Poder Ejecutivo debe seleccionar un candidato para elevar su pliego al Senado.
En este caso, las negociaciones presentan distintos niveles de avance según el distrito.
Qué ocurre en Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes
En Río Negro, cuya sede del juzgado electoral se encuentra en Viedma, la discusión todavía permanece abierta. La terna está integrada por Carlos Oneto, Verónica Medina y Ezequiel Andreani, y el Ejecutivo aún debe definir cuál de los tres nombres será finalmente propuesto.
En Corrientes, en cambio, la negociación estaría más avanzada y el nombre de Juan Carlos Vallejos aparece como el candidato que cuenta con mayores posibilidades para ocupar el cargo.
Una situación similar se presenta en San Juan, donde el Gobierno considera muy probable la designación de Gonzalo Gasull.
Para Tucumán, en tanto, todavía se mantienen distintas alternativas surgidas de la terna correspondiente. Entre los nombres mencionados aparecen Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella.
Hasta que los pliegos sean enviados y posteriormente aprobados por el Senado, ninguna de estas designaciones puede considerarse definitiva.
El calendario electoral agrega presión
Uno de los motivos por los que el Gobierno busca acelerar estas definiciones es el calendario electoral de 2027.
La Cámara Nacional Electoral pidió avanzar con la cobertura de las vacantes de los juzgados que tienen competencia electoral antes del próximo año. El objetivo es contar con un esquema definido con anticipación para determinar cómo funcionarán los tribunales durante el proceso electoral.
Si las vacantes permanecieran abiertas, sería necesario recurrir a mecanismos de subrogación para garantizar el funcionamiento de los juzgados. La intención de la Justicia electoral es evitar que esa situación deba resolverse de manera improvisada cuando comience la organización de los comicios.
El factor temporal se vuelve todavía más relevante porque los juzgados electorales intervienen desde etapas tempranas del proceso: actualización de padrones, reconocimiento de agrupaciones, oficialización de candidaturas y distintas cuestiones vinculadas con la preparación de las elecciones.
Negociaciones entre el Gobierno y las provincias
La selección de los candidatos también se desarrolla en paralelo con conversaciones políticas entre el Ejecutivo y distintos gobernadores.
Según la información publicada sobre las negociaciones, los nombres de los futuros jueces forman parte de conversaciones más amplias que incluyen a funcionarios nacionales y dirigentes provinciales. Entre quienes intervienen aparecen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el armador nacional Eduardo Menem y el propio Mahiques.
Esas conversaciones coinciden además con otros temas que actualmente requieren acuerdos entre Nación y provincias, como el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
Por eso, la definición de los juzgados electorales se produce en un contexto en el que también están en discusión las reglas con las que se desarrollarán las próximas elecciones.
El rol de estos tribunales explica parte del interés que despiertan las designaciones. Además de resolver causas federales, tienen bajo su órbita cuestiones que afectan directamente el funcionamiento de los partidos y la organización de los comicios en cada territorio.
El plan de Mahiques para reducir las vacantes
La nueva tanda de pliegos forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Justicia para reducir el número de cargos judiciales sin cubrir.
Mahiques asumió al frente de la cartera en marzo y, según datos difundidos por el propio Gobierno, recibió una estructura federal en la que aproximadamente el 35% de los cargos se encontraba vacante. Desde entonces, el Ministerio avanzó con el envío de pliegos para juzgados, fiscalías y defensorías.
De acuerdo con el último balance citado por medios que siguen las negociaciones judiciales, la gestión de Mahiques ya remitió 203 pliegos al Senado, mientras todavía permanece aproximadamente un centenar de vacantes por cubrir en el sistema federal.
El objetivo oficial es avanzar gradualmente en la cobertura de esos cargos y reducir la dependencia de mecanismos de subrogación.
Las vacantes que todavía quedan pendientes
El proceso de cobertura no se limita a los tribunales federales del interior.
Entre las posiciones de mayor relevancia que todavía permanecen sin definición aparecen las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el cargo de Procurador General de la Nación, que continúa ocupado de manera interina por Eduardo Casal.
La situación de la Corte y la Procuración tiene un procedimiento y una relevancia institucional diferente al de los juzgados federales incluidos en esta nueva tanda. Sin embargo, ambos casos forman parte del mapa general de cargos judiciales que el Ejecutivo busca completar.
En el caso de los juzgados con competencia electoral, el calendario de 2027 agrega un elemento específico: la necesidad de que sus autoridades estén definidas con suficiente anticipación para organizar el funcionamiento de los tribunales durante el proceso electoral.
Qué falta para que los nombramientos sean efectivos
El envío de los 20 pliegos representará apenas el comienzo de la etapa legislativa.
Una vez que el Senado reciba las propuestas, los candidatos deberán atravesar el procedimiento establecido para las designaciones judiciales. La Comisión de Acuerdos tendrá un papel central en ese proceso y, posteriormente, cada nombramiento deberá ser sometido a consideración del pleno de la Cámara alta.
Por eso, los nombres que actualmente aparecen en las negociaciones todavía pueden modificarse antes del envío definitivo.
El Ejecutivo busca completar la primera parte del proceso antes de mediados de octubre, mientras que la Justicia electoral pretende que las vacantes más sensibles estén encaminadas antes de que comience el tramo de organización de las elecciones de 2027.
El paquete que prepara Mahiques combina así dos objetivos: continuar con la reducción de vacantes en la Justicia federal y resolver, con anticipación, cuatro cargos que tendrán una función específica durante el próximo proceso electoral.
Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes concentran en este momento buena parte de la atención porque sus juzgados electorales deberán estar en condiciones de afrontar las tareas vinculadas con los comicios. Las definiciones finales dependerán de la selección que haga el Ejecutivo, del trámite parlamentario y de los acuerdos necesarios dentro del Senado.
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