El Gobierno destinó al menos US$1,2 millones a tecnologías de vigilancia y crecen las dudas sobre sus controles

Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad adquirió sistemas de reconocimiento facial, herramientas de inteligencia de fuentes abiertas y drones por al menos US$1,2 millones. Un informe de Amnistía Internacional advierte sobre la falta de información acerca de los controles y las garantías para proteger los derechos humanos.

El Gobierno de Javier Milei destinó al menos US$1,2 millones a la compra de tecnologías de vigilancia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según un relevamiento de Amnistía Internacional sobre las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Seguridad.

Entre las herramientas incorporadas aparecen sistemas de reconocimiento facial, plataformas para analizar información disponible en internet y drones destinados a tareas de seguridad. La organización cuestionó que estas inversiones se hayan realizado sin suficiente información pública sobre los mecanismos de control, las evaluaciones de impacto y las garantías destinadas a proteger los derechos humanos.

El relevamiento se realizó sobre las compras publicadas en el portal oficial Comprar y se concentró en las adquisiciones del Ministerio de Seguridad durante ese período. Según el informe, estas operaciones se produjeron mientras el Gobierno avanzaba mediante decretos y resoluciones en cambios sobre las funciones de las fuerzas de seguridad y ampliaba las restricciones vinculadas con el acceso a la información pública.

Reconocimiento facial: una licencia de Clearview AI

Una de las adquisiciones identificadas corresponde a una licencia de reconocimiento facial de Clearview AI, comprada en octubre de 2025 por US$33.500 mediante contratación directa.

La herramienta fue incorporada para apoyar investigaciones dentro del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito y tiene como objetivo permitir la identificación de personas a partir de fotografías.

Clearview AI desarrolla una plataforma de reconocimiento facial que utiliza imágenes provenientes de fuentes públicas de internet. La empresa afirma contar con una base de datos de más de 70.000 millones de imágenes faciales, obtenidas de sitios web, medios de comunicación, redes sociales públicas y otras fuentes abiertas.

La tecnología ya había sido adquirida por organismos de la Ciudad de Buenos Aires y fue cuestionada por autoridades de protección de datos de distintos países. En algunos casos, la empresa recibió sanciones por el uso masivo de información personal.

En Argentina, todavía no existe información suficiente para determinar cómo está siendo utilizada la herramienta adquirida por el Gobierno nacional. Amnistía señaló que los pedidos de acceso a la información realizados por la organización no recibieron respuestas específicas sobre ese punto.

Maltego y el análisis de información en internet

Otra de las adquisiciones señaladas en el informe fue una licencia de Maltego, una plataforma de investigación basada en Inteligencia de Fuentes Abiertas, conocida como OSINT.

La contratación, realizada también de manera directa, tuvo un costo de aproximadamente US$239.000.

La herramienta permite reunir, cruzar y visualizar grandes cantidades de información proveniente de fuentes abiertas. Entre ellas se incluyen redes sociales, sitios web y otras fuentes disponibles en internet, además de información de contacto y datos personales.

El sistema también incorpora funciones de monitoreo en tiempo real mediante inteligencia artificial, análisis de vínculos, generación de perfiles y administración de evidencias.

Para Amnistía Internacional, este tipo de capacidades genera interrogantes sobre la posibilidad de realizar tareas de vigilancia sin una orden judicial y sin que las personas involucradas sean notificadas.

A esta adquisición se sumó la contratación de servicios de información crediticia de Nosis, por unos US$17.000. La empresa recopila y procesa información crediticia, comercial y patrimonial de personas y compañías.

Casi US$1 millón en drones y equipamiento

El relevamiento también detectó compras destinadas a fortalecer la vigilancia aérea.

El Ministerio de Seguridad adquirió 69 drones durante agosto de 2024 por aproximadamente US$551.000. A esto se agregaron estaciones terrestres para operar los equipos por unos US$391.000.

En conjunto, las compras relacionadas con drones y sus recursos asociados representaron cerca de US$1 millón.

La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había presentado públicamente los equipos y aseguró que no contaban con reconocimiento facial y que serían utilizados para investigaciones criminales, sin relación con manifestaciones.

Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que encontró evidencia del uso de drones para vigilar protestas en al menos dos oportunidades.

Una de esas evidencias corresponde a un video publicado en 2026 por la Policía Federal Argentina. En ese material, un agente explica que los equipos permiten realizar registros con capacidad de zoom y menciona el posterior procesamiento de imágenes y el reconocimiento facial para identificar personas.

La organización internacional cuestionó además la falta de información sobre el tratamiento de las imágenes captadas por estos dispositivos: cómo se procesan, dónde se almacenan y durante cuánto tiempo permanecen archivadas.

Los cambios normativos que acompañaron las adquisiciones

Las compras de tecnología se produjeron en paralelo con una serie de modificaciones normativas sobre las tareas de inteligencia y seguridad.

Según informes de organizaciones especializadas en protección de datos, durante 2024 y 2025 se ampliaron las posibilidades de vigilancia y se incrementó el intercambio de información entre organismos estatales.

Uno de los cambios señalados fue el DNU 941/25, que modificó la Ley de Inteligencia y estableció mecanismos para que distintos organismos públicos y gobiernos jurisdiccionales compartan bases de datos con la SIDE.

También se modificó el estatuto de la Policía Federal para habilitar tareas de ciberpatrullaje en espacios públicos digitales, incluyendo redes sociales abiertas y sitios web, sin requerir una autorización judicial previa.

A esto se sumó un protocolo para la actuación de agentes encubiertos digitales y agentes reveladores digitales dentro de investigaciones penales.

El Gobierno también creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), con funciones vinculadas con el monitoreo de redes sociales abiertas y sitios de internet. Entre sus atribuciones se encuentra el análisis de imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real para detectar actividades consideradas sospechosas o identificar personas buscadas mediante reconocimiento facial.

El debate sobre los controles

El avance de estas tecnologías abrió un debate sobre el equilibrio entre las herramientas utilizadas para prevenir delitos y la protección de los derechos individuales.

Amnistía Internacional cuestionó especialmente la falta de información pública sobre los mecanismos de supervisión y las garantías aplicadas al uso de estas herramientas.

En tanto, la Fundación Vía Libre planteó que el uso de tecnología y el cruce de bases de datos estatales no constituyen por sí mismos un problema, siempre que existan bases legales claras, evaluaciones de impacto, auditorías independientes, revisión humana y garantías sobre el tratamiento de los datos.

El informe también señala que varias de estas transformaciones se produjeron sin pasar por el Congreso, a través de decretos y resoluciones.

En este contexto, el crecimiento de las capacidades tecnológicas de las fuerzas de seguridad durante la gestión de Milei deja abierto el debate sobre hasta dónde puede avanzar el Estado en materia de vigilancia y qué controles deben existir para evitar abusos. Mientras el Gobierno incorpora nuevas herramientas para investigar y prevenir delitos, las organizaciones especializadas reclaman mayor transparencia sobre su funcionamiento y sobre el uso que se hace de la información recopilada.