La situación de la emblemática cooperativa láctea ingresa en una fase determinante mientras se define el destino de sus activos estratégicos en un escenario de quiebra apelada.
El escenario judicial que rodea a SanCor no es solo el relato de una caída financiera, sino el trasfondo de una reconfiguración estructural del sector lácteo en la región. Con una deuda de 120 millones de dólares y una plantilla que supera los 900 empleados, la reciente apelación de un grupo de 460 acreedores ha puesto un freno temporal a la quiebra dictada por la Justicia de Rafaela. Esta pausa abre un interrogante central sobre quién se quedará con la planta de Sunchales, considerada la infraestructura más valiosa de la firma.
Lo que nadie está diciendo sobre el valor de esta unidad productiva es que, a pesar de la obsolescencia técnica denunciada por algunos actores, su capacidad de procesamiento histórica de dos millones de litros diarios la convierte en un botín estratégico. Desde nuestra perspectiva, la disputa entre el gigante Adecoagro y el gremio Atilra no es solo por fierros y ladrillos, sino por el control de una logística que aún resulta atractiva para quienes buscan expandir su tendencia de mercado en el procesamiento de manteca y cremas.
El impacto de esta medida en la cuenca lechera santafesina y bonaerense es, por ahora, moderado en términos de producción primaria. Los datos indican que la mayoría de los tamberos ya migraron sus entregas a otras empresas hace años ante la irregularidad en los pagos. Sin embargo, la consecuencia social es profunda: la resolución judicial busca una enajenación de la empresa en marcha para proteger los puestos de trabajo de una firma que supo ser el motor del cooperativismo nacional.
Actualmente, el proceso se encuentra en una encrucijada legal. La defensa de un grupo de asociados sostiene que la asamblea de socios es el único órgano facultado para decidir la autoliquidación, cuestionando la competencia del consejo de administración para solicitar la quiebra. Esta interpretación técnica podría extender los plazos procesales hasta 90 días, otorgando una ventana para un posible plan de salvataje mediante la conformación de una sociedad anónima integrada por acreedores y trabajadores.
De no prosperar el rescate propuesto, el camino hacia la licitación de los bienes materiales e inmateriales parece inevitable. La marca SanCor y sus plantas operativas en Córdoba y Santa Fe pasarán a formar parte de una repartija donde los capitales internacionales y la representación gremial medirán fuerzas para redefinir el mapa lácteo argentino.
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