Ajuste y tensión federal: Kicillof acusa al Gobierno de ahogar financieramente al interior

El mandatario provincial señaló que la caída de la recaudación y la retención de transferencias buscan disciplinar a los gobernadores en medio de la discusión por las reglas electorales.

Un escenario de fuerte restricción fiscal

El pronunciamiento político se da en plena tensión por la discusión de reformas estructurales y electorales, como la posible modificación o eliminación de las PASO. Más allá de la confrontación partidaria, Kicillof argumenta que el impacto del ajuste nacional repercute de manera directa en la actividad económica y en las cuentas públicas de las jurisdicciones subnacionales.

Entre los principales factores que configuran esta crisis financiera en el interior del país se destacan:

• Caída de transferencias no automáticas: El virtual congelamiento de los giros discrecionales destinados a infraestructura, asistencia social y programas educativos.
• Merma en la coparticipación: La retracción del consumo y de la actividad industrial disminuye los ingresos fiscales que se distribuyen por ley.
• Baja en la recaudación local: El enfriamiento económico general reduce simultáneamente los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos.

Este diagnóstico sobre la asfixia financiera coincide con los reclamos que, con matices, han manifestado gobernadores de diversos espacios políticos ante la parálisis de la obra pública y la sobrecarga en la prestación de servicios esenciales —como salud, educación y seguridad— que deben absorber los distritos provinciales.

Superávit fiscal versus federalismo

Mientras que el Gobierno nacional defiende la restricción del gasto y la eliminación de giros como pilares innegociables para sostener el superávit y consolidar la desinflación, los mandatarios provinciales advierten sobre el peligro de trasladar el costo del ajuste a las provincias. Kicillof remarcó que esta problemática afecta a distritos con perfiles productivos muy heterogéneos y alertó sobre la calidad institucional del modelo vigente, señalando que las reglas de juego político y electoral no deberían definirse bajo una lógica de supervivencia presupuestaria.