El Senado de la Nación inició el análisis de un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades (N° 19.550), una normativa vigente desde 1972. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, plantea una reconfiguración estructural del régimen societario argentino, fundamentada en dos ejes centrales: la minimización de la tutela estatal y la asimilación legal de tecnologías disruptivas.
El debate comenzó en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora oficialista Nadia Márquez. La reunión informativa contó con las exposiciones del propio Sturzenegger, de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei Farfán, y del inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, quienes detallaron el alcance técnico del articulado.
Un cambio de paradigma: autonomía de la voluntad y flexibilización
El núcleo conceptual de la propuesta radica en modificar la naturaleza de las disposiciones legales, que pasarían a ser principalmente supletorias. Esto significa que prevalecerá la autonomía de la voluntad de los socios plasmada en los estatutos por sobre la intervención regulatoria del Estado. Bajo este nuevo enfoque, las restricciones por parte de organismos públicos tendrán un carácter excepcional y restrictivo, limitando la capacidad de los registros para dictar resoluciones que condicionen la organización empresarial.
Asimismo, el proyecto introduce cambios operativos de relevancia:
- Ampliación del objeto social: Se elimina la exigencia de conexidad entre las actividades de una empresa, permitiendo estructuras multiactividad y facilitando la diversificación de negocios.
- Prácticas internacionales y arbitraje: Se habilita la posibilidad de dirimir conflictos internos bajo el amparo de normas de derecho extranjero o mercantil internacional, promoviendo la inclusión de cláusulas arbitrales para prescindir de la justicia ordinaria.
- Diversificación del capital: Además de los aportes tradicionales, se flexibiliza la integración del capital inicial permitiendo la incorporación de activos digitales, derechos de propiedad intelectual, créditos y obligaciones de dar o hacer.
El marco legal para la Inteligencia Artificial y las DAO
En términos de modernización tecnológica, el proyecto busca institucionalizar figuras que hoy operan en la frontera del derecho comercial. La reforma contempla la creación de la “Sociedad Automatizada”, una estructura jurídica diseñada para funcionar de forma ordinaria mediante algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, prescindiendo de la necesidad de personal humano para su giro habitual.
En sintonía, se propone el reconocimiento de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO). Estas entidades operan de manera autónoma a través de sistemas informáticos basados en tecnología blockchain, la cual se utiliza para el registro de operaciones y la distribución de participaciones mediante tokens digitales.
Finalmente, el texto consolida la digitalización absoluta de la vida societaria. Se prevé la formalización de la «sede electrónica», libros y legajos digitales públicos, el uso generalizado de la firma electrónica y la validación de asambleas a distancia, adaptando la normativa a los entornos de trabajo remotos y distribuidos.
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