La Casa Rosada sostiene que una negativa total a la operación podía derivar en un fallo favorable al Grupo Clarín en la Corte Suprema. La estrategia oficial buscó limitar el alcance de la concentración mediante un esquema de desinversión.
El Gobierno nacional defendió la decisión de autorizar la fusión entre Telecom y Telefónica bajo determinadas condiciones, al sostener que una prohibición absoluta de la operación hubiera terminado favoreciendo al Grupo Clarín en la Justicia. Desde la Casa Rosada aseguran que la estrategia adoptada respondió a un criterio de «mal menor», con el objetivo de evitar una mayor concentración del mercado de las telecomunicaciones.
Según la visión oficial, el análisis jurídico realizado por especialistas en derecho de la competencia concluyó que un rechazo total de la fusión tenía altas probabilidades de ser revertido por la Corte Suprema. En ese escenario, el conglomerado empresario podría haber alcanzado una participación cercana al 75% del mercado, sostienen fuentes del Ejecutivo.
La resolución impulsada por la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia habilita la operación, aunque obliga a la empresa resultante a desprenderse de una parte de sus activos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que implicaría la cesión de alrededor de seis millones de usuarios.
Dentro del Gobierno señalan que la intervención del asesor presidencial Santiago Caputo fue determinante en el diseño de la estrategia. El objetivo, afirman, fue establecer límites a la expansión del grupo empresario y reducir el nivel de concentración que inicialmente proyectaba la operación.
La decisión representa un cambio respecto del discurso que el presidente Javier Milei había sostenido en los últimos meses. El mandatario había cuestionado públicamente el avance del Grupo Clarín sobre el mercado de las telecomunicaciones y mantenía fijado en sus redes sociales un mensaje crítico hacia el holding, advirtiendo sobre el riesgo de una concentración dominante.
En la Casa Rosada también reconocen que uno de los factores considerados fue la posibilidad de una disputa judicial prolongada. Funcionarios del Ejecutivo sostienen que el grupo empresario contaba con argumentos técnicos suficientes para litigar y obtener un fallo favorable, por lo que optaron por una solución intermedia antes que afrontar una derrota total en los tribunales.
En paralelo, el oficialismo rechazó las versiones que vinculaban la decisión con un supuesto acuerdo político entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Desde el entorno presidencial negaron cualquier tipo de entendimiento y remarcaron que la relación con el conglomerado mediático continúa atravesada por diferencias públicas y cuestionamientos mutuos.
La resolución sobre la fusión constituye uno de los movimientos regulatorios más relevantes del año en el sector de las telecomunicaciones y vuelve a poner en debate el equilibrio entre la defensa de la competencia, la seguridad jurídica y el alcance de la intervención estatal en mercados altamente concentrados.
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