A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo introdujo cambios en el sistema de designación de jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación. La medida elimina instancias de participación ciudadana y deja sin efecto recomendaciones sobre diversidad de género, especialidad y representación federal.
El Gobierno nacional oficializó una reforma en el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como del Procurador General, el Defensor General de la Nación y otros cargos del Poder Judicial.
La medida fue establecida mediante el Decreto 476/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Según el Ejecutivo, el objetivo es simplificar y modernizar los mecanismos de designación, reduciendo instancias administrativas que considera redundantes.
Qué cambia con el nuevo decreto
Entre las principales modificaciones, el decreto elimina el procedimiento de transparencia y participación ciudadana que regía desde 2003 para la designación de ministros de la Corte Suprema.
Hasta ahora, los antecedentes de los candidatos eran publicados durante 15 días para que ciudadanos, organizaciones civiles y entidades académicas pudieran presentar observaciones o impugnaciones antes de que los pliegos fueran enviados al Senado.
Con la nueva normativa, esa instancia deja de existir y la difusión de las postulaciones quedará limitada al sitio web oficial del Ministerio de Justicia.
Asimismo, ya no será obligatorio publicar los antecedentes de los candidatos en diarios de circulación nacional.
Se eliminan recomendaciones sobre diversidad y representación federal
Otro de los cambios incorporados por el decreto es la eliminación de la recomendación para que el Poder Ejecutivo contemple criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de seleccionar a los postulantes.
Esas pautas estaban contempladas en el Decreto 222/2003, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar una integración más representativa del máximo tribunal.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones buscan agilizar los procedimientos y evitar la duplicación de controles administrativos, considerando que el proceso de aprobación continúa en el ámbito del Senado.
Alcance de la reforma
La modificación no solo impacta sobre el mecanismo de selección de los jueces de la Corte Suprema.
También alcanza al Procurador General de la Nación, al Defensor General de la Nación y a los magistrados de los tribunales federales inferiores, ya que el decreto modifica también el régimen establecido por el Decreto 588/2003.
Antecedentes recientes
Durante la actual gestión, el Gobierno ya había impulsado designaciones para integrar la Corte Suprema mediante el nombramiento en comisión del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla.
Esa decisión generó cuestionamientos institucionales y políticos. Finalmente, García-Mansilla renunció a su cargo tras la polémica generada por el procedimiento de designación.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo formaliza cambios permanentes en el sistema de selección de los principales cargos del Poder Judicial, una medida que ya comenzó a generar debate entre especialistas y sectores de la oposición.

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