Entre los adherentes figuran Juan Pazo, extitular de ARCA y uno de los impulsores de la iniciativa; su sucesor, Andrés Vázquez; el diputado José Luis Espert; además de Manuel Adorni y Federico Sturzenegger. La adhesión de funcionarios al régimen reavivó el debate político sobre los alcances de la normativa.
La implementación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias continúa generando repercusiones políticas luego de que se conociera que varios funcionarios y dirigentes que promovieron públicamente la denominada Ley de Inocencia Fiscal decidieron incorporarse al sistema una vez aprobada la norma.
Entre ellos se encuentra Juan Pazo, extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y uno de los principales impulsores del proyecto presentado por el Gobierno nacional durante 2025. También figura el diputado nacional José Luis Espert, quien defendió la iniciativa en el Congreso y participó de su presentación oficial.
Los impulsores de la ley que luego se inscribieron
Pazo, exsocio del ministro de Economía, Luis Caputo, en la consultora Anker y considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del titular del Palacio de Hacienda, dejó su cargo en diciembre de 2025. Según registros oficiales, solicitó su incorporación al régimen el 20 de febrero de este año.
Durante la presentación del proyecto, el entonces titular de ARCA había defendido la reforma argumentando que permitiría concentrar los esfuerzos de fiscalización sobre casos de evasión tributaria de mayor relevancia económica.
Poco después también se incorporó José Luis Espert, quien había acompañado públicamente la iniciativa y respaldado sus principales modificaciones durante el tratamiento legislativo.
Qué establece el régimen
La Ley de Inocencia Fiscal introdujo cambios en la normativa tributaria y creó un Régimen Simplificado de Ganancias destinado a contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones.
Según la explicación oficial, quienes adhieren quedan alcanzados por un esquema simplificado de presentación de información tributaria y cuentan con determinadas garantías respecto de controles vinculados a variaciones patrimoniales y niveles de consumo, siempre dentro de los parámetros establecidos por la ley.
Durante el debate parlamentario, el Gobierno sostuvo que la medida buscaba reducir la litigiosidad tributaria y concentrar la fiscalización en operaciones consideradas de mayor magnitud.
También se anotó el sucesor de Pazo
La nómina de adherentes incluye además a Andrés Edgardo Vázquez, quien sucedió a Pazo al frente de ARCA. De acuerdo con los registros oficiales, su incorporación al régimen se concretó el 14 de marzo.
El funcionario había quedado expuesto públicamente tras investigaciones periodísticas que mencionaron presuntas irregularidades patrimoniales vinculadas a bienes en el exterior. Hasta el momento no existe una condena judicial firme en su contra.
El antecedente de Adorni y Sturzenegger
La discusión pública en torno al régimen tomó mayor dimensión luego de que trascendiera la adhesión del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti. Posteriormente también se conoció la incorporación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde el entorno del funcionario explicaron que la adhesión responde a la posibilidad de utilizar un mecanismo simplificado para la presentación del Impuesto a las Ganancias y remarcaron que más de 80 mil contribuyentes ya se encuentran incorporados al sistema.
Debate político y transparencia
La incorporación de funcionarios y dirigentes que participaron en la elaboración, promoción o defensa parlamentaria de la norma alimentó cuestionamientos de sectores opositores, que plantean interrogantes sobre la conveniencia de que quienes impulsaron el régimen se beneficien posteriormente de sus disposiciones.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la adhesión se encuentra dentro de los parámetros legales y que el nuevo sistema busca simplificar obligaciones tributarias para un amplio universo de contribuyentes.
La controversia se suma a la discusión más amplia sobre los alcances de la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas tributarias impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para modificar los mecanismos de control y fiscalización de los contribuyentes.
Más historias
Argentina evalúa implementar un programa de ciudadanía por inversión para captar divisas
Las contradicciones de Berni reavivan la disputa por el liderazgo dentro del peronismo bonaerense
Tensiones en el Senado: la trastienda de una sesión caída y el costo político de blindar al Jefe de Gabinete