La organización dirigida por Agustín Laje presentó ante la IGJ la nómina de aportantes que realizaron donaciones superiores a $ 11 millones durante 2024.
La organización vinculada al politólogo Agustín Laje informó los aportes superiores a $ 11 millones recibidos durante 2024. Sin embargo, la Inspección General de Justicia sostuvo que esos datos están protegidos por la legislación de prevención del lavado de activos y no pueden ser difundidos públicamente.
La Fundación Faro, el centro de estudios dirigido por Agustín Laje y cercano al gobierno del presidente Javier Milei, presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) la nómina de personas y entidades que realizaron donaciones superiores a los $ 11 millones durante 2024. No obstante, la identidad de esos aportantes permanecerá bajo reserva debido a las restricciones impuestas por la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos.
La presentación se realizó en cumplimiento de un requerimiento efectuado por la IGJ, que solicitó la documentación prevista en el artículo 419 de la Resolución General N° 15/2024. La norma obliga a asociaciones civiles y fundaciones a informar el origen y la licitud de fondos cuando reciben donaciones que superan los 40 salarios mínimos vitales y móviles.
La información existe, pero no será pública
Según confirmó el organismo dependiente del Ministerio de Justicia, la documentación fue entregada por la fundación dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, ante un pedido de acceso a la información, la IGJ respondió que no está facultada para divulgar esos datos.
El argumento oficial se apoya en la Ley 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, que establece obligaciones de confidencialidad para los organismos que intervienen en los controles vinculados al origen de fondos y posibles operaciones sospechosas.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la declaración jurada presentada por la fundación no forma parte de los estados contables públicos ni constituye documentación registral accesible para terceros. Por esa razón, sostienen que la difusión de esa información implicaría incumplir el marco legal vigente.
El rol de la IGJ en los controles financieros
Especialistas en transparencia explican que la IGJ actúa como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de supervisar posibles maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En ese esquema, la función de la IGJ consiste en recibir información, detectar eventuales inconsistencias y reportarlas a la UIF cuando corresponda. La normativa exige que esos datos sean manejados bajo estrictas condiciones de reserva.
Donaciones millonarias y fuerte crecimiento patrimonial
La controversia se produce luego de que trascendiera el balance correspondiente al ejercicio 2024 de la Fundación Faro. Según la documentación presentada ante la IGJ, la entidad declaró ingresos cercanos a los $ 5 mil millones bajo el concepto de donaciones, cursos y actividades de formación.
Asimismo, informó un patrimonio neto de $ 4.394 millones, una cifra que representa un crecimiento extraordinario respecto de 2023, cuando la organización —que entonces operaba bajo el nombre de Fundación Valorar— había declarado un patrimonio de apenas $ 12 millones.
De acuerdo con los datos contables, el patrimonio de la institución se multiplicó por más de 350 veces en apenas un año. Sin embargo, la identidad de quienes realizaron los aportes más significativos continúa sin conocerse públicamente debido a las restricciones legales invocadas por la IGJ.
La situación reabre el debate sobre los límites entre la transparencia en el financiamiento de organizaciones vinculadas al ámbito político y las obligaciones de confidencialidad establecidas por la legislación antilavado vigente en la Argentina.
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